“A Griesa le faltó mandar a la flota”, sostuvo Lorenzino

Buenos Aires.-  El  gobierno nacional presentará mañana en los tribunales de Nueva  York una apelación contra el inaudito fallo del juez Thomas Griesa,  que pretende obligar a la Argentina a pagarles a los fondos buitre  la totalidad del valor de los bonos en default, con lo cual se  desataría una catarata de acciones judiciales para reclamar por las  quitas a la deuda externa logradas por Néstor Kirchner en 2005 y  por Cristina Fernández en 2010.
El magistrado neoyorquino, hijo de un banquero, amigo de los  republicanos y con dudoso prestigio en los medios judiciales  estadounidenses, beneficia concretamente al fondo NMI, que lidera  el apostador financiero Paul Singer, pero pone en jaque a cualquier  renegociación de deuda soberana en el futuro.

El NMI no fue perjudicado por el default argentino, ya que  adquirió los bonos de la deuda a precio de remate -luego de  producida la cesación de pagos en diciembre del 2001-, con el  objetivo de litigar luego y sacar el mayor beneficio a esa riesgosa  apuesta financiera.
Griesa sostiene que la Argentina discrimina a los bonistas  que no entraron en los canjes aceptados por el 93% de los afectados  por el default, a los que el país les paga puntualmente desde 2006.
Pero al poner en un pie de igualdad a quienes ingresaron en  el canje y a los que se negaron, el magistrado borra a nivel global  y de un plumazo la posibilidad de futuras renegociaciones, ya que  no tendría objeto arreglar una quita cuando recurriendo a la  justicia norteamericana se logra el ciento por ciento.

El propio juez Griesa avaló los canjes de 2005 y 2010, por lo  cual resulta incongruente para los entendidos del mundo financiero  que ahora adopte una posición directamente opuesta a las  renegociaciones que permitieron una quita de unos 70 mil millones  de dólares sobre la deuda soberana argentina.
El fallo del polémico magistrado neoyorquino se produce  mientras la Argentina intenta que Ghana libere a la fragata  Libertad, anclada en el puerto de Tema, por otro ataque de un fondo  buitre, lo cual sirvió para que dirigentes opositores aprovecharan  la situación y cuestionaran al gobierno.
Los opositores neoliberales que avalaron el endeudamiento  suicida de los 90 y su sometimiento a tribunales extranacionales,  intentan ahora medrar con la complicada situación que se le plantea  al gobierno de Cristina Fernández como consecuencia de las  decisiones que ellos mismos adoptaron. Tratan de obtener un  mezquino rédito político en lugar de defender los intereses  nacionales.
Sin embargo, los referentes de las principales fuerzas  admitieron que el fallo es un exabrupto y una incongruencia  judicial. “Lo único que le faltó a Griesa es que nos manden la  Quinta Flota”, dijo el ministro Hernan Lorenzino durante una  conferencia de prensa en la que anunció que la Argentina apelará el  fallo ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

Las vinculaciones de Griesa con sectores financieros permiten  inferir que su fallo a favor de los fondos buitre implica un  castigo al gobierno kirchnerista por su rebeldía frente al poder de  los banqueros internacionales, y una advertencia para quienes  imaginen una salida similar a la producida en la Argentina.
El inédito crecimiento de la economía nacional tras el  default les mostró a los países endeudados que hay vida después de  la cesación de pagos, aún sin poder acudir a las fuentes  financieras tradicionales como el Fondo Monetario Internacional,  con el cual Kirchner saldó al contado la deuda de casi 10 mil  millones de dólares para evitar sus gravosas intromisiones.
En ese contexto, el fallo de Griesa no es solo una brutal  reivindicación de su competencia, cuestionada por el gobierno  nacional, sino una medida ejemplarizadora para quienes pretendan  seguir la estrategia argentina, elogiada por economistas de  prestigio como el premio Nóbel Joseph Stiglitz.
La presidenta Cristina Fernández reiteró en cuanto foro  internacional del cual participó sus críticas a la preeminencia del  capital financiero sobre la actividad productiva y sobre  instituciones democráticas, lo cual implica para Wall Street un  gesto de difícil perdón. (Télam).