Los padres de Paula Perassi, la joven desaparecida en 2011 en San Lorenzo, denunciaron ante la Corte Suprema al juez Juan José Tutau por lo que consideran serias irregularidades en la causa que investiga la desaparición de su hija, y notificaron al respecto al procurador general de la provincia Jorge Barraguirre.
El argumento de su queja se basa fundamentalmente en que el magistrado no procedió de acuerdo al pedido de los fiscales Donato Trotta y Román Mosceta a la detención de nueve personas en el marco de la causa, sino que les corrió traslado de tal petición.
La presentación fue realizada por los abogados Adrián Ruiz y José Ferrara, representantes legales de Alberto y Alicia Perassi, Rodrigo Mazzuchini (socio de éstos) y José Luis Giacommeti, quien fuera presidente de la Comisión de Seguridad del Colegio de Abogados cuando la entidad decidió patrocinar a los padres de Paula.
Tal como lo publicó La Capital en su edición del sábado, los fiscales habían solicitado el miércoles de la semana pasada al juez la detención de nueve personas, entre ellas cinco policías, por su supuesta participación en la desaparición de la joven madre sanlorencina que fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2011, y se presume que fue privada de su libertad y sometida a un aborto, al que no sobrevivió. Las escuchas telefónicas develadas hace poco tiempo fueron claves para este significativo avance en el caso.
Pero el magistrado no ordenó la detención de esas personas, la mayoría de las cuales no habían estado hasta el momento imputadas, sino que corrió traslado a las partes, una medida que, a juicio de los abogados de Perassi, fue un “dislate jurídico”.
“Los fiscales le pidieron al juez que revocara la falta de mérito de las dos personas que habían estado procesadas (Gabriel S., amante de Paula y supuesto padre de la criatura que ella esperaba, y de su empleado Antonio Darío D.) y la detención de otras siete personas, entre ellas cinco policías que no estaban imputadas en la causa. Para esto se basaron en muchas pruebas que aparecieron en la última parte de la investigación”, recordó a La Capital Ferrara.
Sin sentido. “El lunes fuimos a Tribunales a ver si había novedades y a manifestar nuestra adhesión al Ministerio Público de la Acusación, y nos encontramos con la sorpresa de que el juez les iba a correr traslado —simplemente ponerlos en conocimiento— a aquellas personas para que respondieran. Salvo los dos hombres que en su momento fueron procesados, ninguna de las otras personas habían sido citadas a ninguna indagatoria ni testimonial, es decir que no tenían ningún sentido correrles traslado del pedido. Esto constituye una gran irregularidad, y por lo que se lo estamos diciendo a la Corte, para que tome las medida que considere pertinentes”, dijo el abogado.
En la lista de pedidos de detención hay tres oficiales de la Unidad Regional XVII de la policía sanlorencina —Aldo G., Ramón G. y María José G.— y dos altos mandos: Jorge Enrique K. y Adolfo Daniel P.; además de cuatro civiles: Los nombrados Gabriel S. y Antonio Darío D., Roxana M., esposa de Gabriel S. y Mirte R., una mujer que habría participado en el aborto donde Paula habría muerto.
La investigación que lleva adelante el juez Tutau está caratulada como “privación ilegítima de la libertad, seguida de aborto contra voluntad de la víctima y posterior muerte”. Cabe recordar que cuando Perassi desapareció estaba embarazada y se sospecha que fue obligada a someterse a un aborto.
Mientras tanto, el Equipo Argentino de Antropología Forense realiza excavaciones en un cava entre Puerto y Timbúes en pos de encontrar el cuerpo de Paula.
