La impunidad en torno a violaciones y casos de trata de personas en el norte santafesino se evidencia con el sonante caso de una menor de 15 años de Villa Ocampo, cuya familia denuncia desde hace seis meses que ésta fue violada en reiteradas oportunidades en un taller mecánico de esta ciudad, sin lograr siquiera que se realicen pericias fundamentales ni se asista debidamente a la víctima. La investigación se tramita en el fuero provincial y federal, y ya hay un fiscal de Reconquista apartado, acusado de "pérdida de imparcialidad", entre otras imputaciones.
La familia de Lourdes R. radicó la primera denuncia policial el 19 de agosto último, cuando la menor confesó haber sido abusada sexualmente en cuatro oportunidades y desde que tenía 13 años, lo cual fue constadado en forma privada por una ginecóloga, quien además determinó que la chica tenía serias lesiones genitales de larga data. El padre de la víctima y la hermana de ésta, Laura R., se movilizaron para obtener datos que ampliaran la denuncia, que derivó en dos allanamientos, aunque aún sin imputados.
Tanto de la casa de un familiar de la chica como del taller mecánico apuntado por la menor como el lugar donde asegura que le hicieron todo tipo de aberraciones, se secuestró, entre otros elementos, material informático y decenas de bombachas, algunas infantiles, según contó en septiembre pasado a La Capital el titular de la Fiscalía Nº 4, Aldo Gerosa, quien ya no está a cargo de la investigación. El profesional "pidió su apartamiento de la causa porque consideró que la familia (de la víctima) había perdido la confianza en él", comentó a este diario Eladio García, fiscal regional de Reconquista.
García admitió sin embargo que el propio Centro de Asistencia Judicial (CAJ) había pedido, en apoyo a los demandantes, el desplazamiento de Gerosa. En la nota respectiva, el organismo fundamentó la solicitud en "su pérdida de imparcialidad al descreer el relato denunciado". Para ello, se basan en los "dichos y declaraciones" que el fiscal realizó en distintos medios gráficos, radiales y televisivos. Además, los padres de la menor dejaron sentado que el funcionario les aseguró, en una entrevista, que "estas cosas no suceden en Villa Ocampo".
Reclamo. "Hace seis meses que estamos reclamando justicia por mi hermanita. En ningún momento le han hecho pericias físicas y estamos esperando que le hagan la Cámara Gessell, que es clave para determinar si esto es sólo una violación o si es un caso de trata de personas, porque ella asegura haber visto a otras nenas raptadas como ella. Es por eso que el caso también está denunciado en la Justicia federal", declaro a La Capital Laura R., quien espera que la reciente designación del fiscal Roberto Salum como reemplazante del fallecido Alberto Nisman en la causa Amia, no afecte el curso de la investigación en el fuero nacional.
La causa provincial está ahora en manos del fiscal de Reconquista Rubén Martínez, quien "hasta el momento no me ha llamado para notificarme, lo que me da la pauta que todo está cajoneado. También espero que el fiscal general Julio De Olazábal sancione a Gerosa por su mal accionar, y que ordene la aparición urgente de todas las páginas que desaparecieron del expediente, donde están los resultados de las pericias de las cosas allanadas. Hay resultados positivos del análisis de una bombacha y no hay ningún detenido por esto", disparó la hermana de la víctima.
"Hay al menos cinco hombres implicados, uno es un familiar nuestro y los otros son los del taller. Dimos sus nombres, pero ninguno ha sido imputado ni citado a declarar. Ahora uno de éstos y otro desconocido anda persiguiendo y atemorizando a mi madre por la calle. Lo hacen en el Gol negro en el que que Lourdes asegura que la subían a la fuerza para llevarla al taller, que queda a tres cuadras de mi casa", denunció la mujer.
"Gerosa los hizo pasar por inocentes públicamente a los del taller e incluso les devolvió todas las pertenencias que les secuestraron, siendo que eran pruebas de la investigación, como las cadenas con las que mi hermanita dice que la ataron", denunció Laura R.
Respaldo. En todo su periplo por una resolucion el caso ha encontrado el respaldo de la Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes (contra la explotación sexual comercial), que pese a tener jurisdicción en Buenos Aires, monitorea las investigaciones y ofreció asistencia integral a la menor.
Asimismo, el diputado Eduardo Togniolli, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja, se solidarizó con la familia y logró la sanción de un pedido de informes al Ejecutivo en cuanto a la marcha del caso, aunque sin éxito hasta el momento.
