Uno de los grandes flagelos del siglo XXI es la drogadicción, por los efectos directos e indirectos que causa en las sociedades. La violencia in crescendo en los hechos delictivos es solo una muestra de su poder de destrucción. Actualmente tenemos hasta terceras (o más) generaciones de completa exclusión social, económica, sanitaria y educativa, todo lo cual redunda en alimentar un círculo vicioso de ilegalidad que necesita firme decisión política para detenerlo, o por lo menos aminorar su desenfrenado andar. Sin políticas públicas de reinserción (no sólo laboral), sin facilitar el mejoramiento del medio en el que viven, sin mejorar sensiblemente las tasas de escolaridad y los graves problemas alimentarios, será harto complicado superar esta situación actual de marginalidad e inseguridad, que en algunas zonas es desesperante. Ante este panorama desolador que algunos malaventurados deben vivir, suele ser una salida fácil la drogadicción y la delincuencia. Las políticas coyunturales, como la mayor presencia policial (con verdadero control ciudadano), deben ser acompañadas por medidas tendientes a mejorar estas situaciones previas a la delincuencia. Si no estaremos corriendo detrás del problema, como nos gusta hacer a los argentinos, y cualquier intento será una gota en el mar. Por ello sería conveniente abordar esta problemática desde una concepción integral, con medidas claramente definidas de corto, mediano y largo plazo, sin olvidar tres ejes rectores fundamentales: lucha sin cuartel contra el narcotráfico, recuperación de adictos y políticas de prevención, en un marco de participación ciudadana que siempre enriquece las discusiones. Es hora de trabajar, las futuras generaciones nos lo demandan.
