La Pastoral Social salió al cruce del debate por la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y reclamó que el trabajador sea “sujeto de derechos” y no un recurso descartable. Un mensaje con fuerte contenido social, político y ético.
En medio de la fuerte polémica que atraviesa al país por la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, la Pastoral Social de Rosario tomó una posición pública con un documento de alto contenido político, social y doctrinario, en el que reclama que cualquier modificación al régimen laboral parta del reconocimiento del trabajador como sujeto de derechos y no como una variable de ajuste.
“Todos los ciudadanos debemos involucrarnos y serán nuestros representantes quienes dictarán la ley correspondiente”, plantea el texto, que busca aportar al debate desde la Doctrina Social de la Iglesia Católica, aclarando que no ingresa en cuestiones técnicas ni partidarias, pero sí en los principios que deben regir cualquier transformación estructural del mundo del trabajo.
La Pastoral Social comienza su posicionamiento recuperando conceptos del Papa Francisco sobre el rol de la política. Subraya que la “sana política” es aquella capaz de transformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas, superando presiones e inercias viciosas, con una mirada puesta en el bien común a largo plazo.
En esa línea, retoma otro eje central del pontífice: el verdadero sentido del trabajo. Señala que lo verdaderamente popular es asegurar a todos el acceso al empleo, entendido no solo como fuente de ingresos sino como una herramienta de dignidad, de desarrollo personal, familiar, social, cultural y espiritual.
“El trabajo es la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno”, recuerda el documento, que advierte que sin empleo no hay vida digna ni integración social posible.
Desde la mirada de la Iglesia rosarina, el empleo es un derecho fundamental tanto para hombres como para mujeres, porque permite formar una familia, acceder a bienes, proyectar una vida material decorosa y contribuir al bien común.
Por contrapartida, sostiene que la desocupación es una verdadera calamidad social, frente a la cual el Estado tiene la obligación de promover políticas que activen el empleo, creando condiciones favorables para el mundo productivo, sin sofocar la iniciativa privada pero sin retirarse del rol de garante del bien común.
El documento remarca que el Estado no debe asegurar directamente cada puesto de trabajo, pero sí crear condiciones apropiadas para que la empresa pueda generar empleo genuino.
Uno de los puntos más fuertes del pronunciamiento es el repaso de los derechos laborales que deben ser reconocidos y preservados, entre ellos:
Derecho a la justa remuneración
Derecho al descanso
Ambientes de trabajo que no dañen la salud física ni moral
Respeto por la conciencia y la dignidad del trabajador
Acceso a subsidios por desocupación
Pensión y seguridad social ante enfermedad, vejez o accidentes
Prestaciones por maternidad
Derecho a la sindicalización
Desde la Pastoral Social advierten que cualquier legislación laboral debe partir del principio de que el trabajador no es un recurso descartable, sino una persona con derechos.
Otro eje central del documento apunta al salario, al que define como el elemento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales y para una distribución equitativa de la renta.
“El trabajo no es una mercancía ni el salario un precio”, sostiene el texto, y remarca que la remuneración debe permitir al trabajador y a su familia acceder a los bienes de la tierra y vivir con dignidad, considerando no solo la productividad sino también el bien común.
También se subraya que los trabajadores no pueden ser privados, por razones de productividad, del tiempo destinado al descanso, al ocio y al culto, un aspecto que suele quedar ausente en los debates técnicos.
La Iglesia rosarina también se detiene en el rol de los sindicatos, a los que reconoce como herramientas legítimas de defensa de derechos, representación de los trabajadores y construcción de conciencia social. Sin embargo, introduce un límite claro: advierte contra los abusos, el corporativismo y el uso desmedido de los instrumentos de lucha.
Sobre la huelga, la define como un recurso inevitable cuando fallan todas las demás instancias, pero aclara que debe ser siempre pacífica y proporcionada, ponderando sus efectos sobre el conjunto de la sociedad.
Uno de los pasajes más sensibles del documento señala que la informalidad laboral y el trabajo no registrado privan al trabajador de la seguridad social y constituyen una práctica injusta que debe erradicarse.
Además, pone el foco en cuatro problemáticas que califica como heridas sociales profundas en la Argentina:
La informalidad laboral
El desempleo juvenil
La feminización de la pobreza
La situación de muchos migrantes
En ese punto, la Pastoral Social lanza una advertencia directa: una reforma laboral que no tenga en cuenta a quienes más sufren corre el riesgo de agrandar desigualdades ya existentes.
El cierre del posicionamiento subraya que las grandes reformas nacionales deben nacer del diálogo sincero entre el Estado, los trabajadores y los empresarios, y reivindica la negociación colectiva auténtica como herramienta para fortalecer la justicia y la paz social.
El mensaje es claro: sin consenso social real, cualquier reforma corre el riesgo de profundizar el conflicto.
Aunque aclara que la Iglesia no se inmiscuye en disputas técnicas ni partidarias, la definición de la Pastoral Social de Rosario se inscribe de lleno en uno de los debates más sensibles del gobierno de Javier Milei: el futuro del trabajo, los derechos laborales y el modelo productivo.
Con un tono firme y sin eufemismos, el documento de la Pastoral Social de Rosario recuerda que la dignidad del trabajador debe estar por encima de cualquier cálculo económico o coyuntural, y deja planteado un marco ético que incomoda a una parte del discurso oficial.
El gobernador fue vehemente defendiendo a los fiscales provinciales y cuestionó los años de impunidad de la Justicia federal. Además insistió en cuestionar el “garantismo bobo”
Por Facundo Borrego
