El crecimiento sostenido del trabajo no registrado, la precarización y los cambios tecnológicos exponen la obsolescencia del sistema actual. La agenda ya no es ideológica: se trata de diseñar reglas que protejan empleo y producción
Cuchicheo, habladuría, hablilla, voz, bembeteo, historia, cotilleo, chisme o, simplemente, rumor. Según la Real Academia Española, un rumor es una “voz que corre entre el público”. Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, la reforma laboral no ha pasado de ser eso: un ruido sordo y persistente que, cada tanto, vuelve a tomar fuerza con las declaraciones de funcionarios de alto rango.
Pero este murmullo constante, que ocupa y preocupa a cuanto analista se le pregunte, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿qué tipo de empleo se está construyendo hoy en nuestro país?
¿Sigue siendo posible el sueño del trabajo en blanco, registrado, con vacaciones pagas y aguinaldo? ¿Sigue siendo un horizonte deseado por todos o se ha convertido en una resistencia romántica, heredada de otro tiempo?
Lo que ya no es un rumor, sino un dato concreto —un facto, como dirían los más jóvenes—, es el crecimiento sostenido y la creciente heterogeneidad de la informalidad laboral en la Argentina. En el segundo trimestre de 2025, el trabajo no registrado alcanzó el 43,2%, el nivel más alto desde 2008 y 8,2 puntos por encima del promedio del período 1950-1975. Hoy, cuatro de cada diez trabajadores carecen de cobertura laboral, impositiva o de seguridad social. La situación se agrava entre los jóvenes —seis de cada diez tienen empleos precarios—, se profundiza en las mujeres y golpea con mayor fuerza a quienes poseen menor nivel educativo.
Estos datos revelan una tendencia inquietante: el crecimiento del trabajo precario viene acompañado de un deterioro en las condiciones laborales. El sector informal se ha convertido en un refugio —soñadamente temporario— frente a las dificultades para acceder a un empleo formal. Sin embargo, en ese refugio las remuneraciones reales de los cuentapropistas y asalariados no registrados son sensiblemente menores que las de quienes trabajan bajo convenio. Más allá de algunos casos aislados, estamos lejos de presenciar una migración voluntaria hacia la informalidad motivada por el deseo de “tener un negocio propio”, “no tener jefe” o “trabajar desde donde uno quiera”. La realidad no es el feed de Instagram.
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Hay un grito sordo, difícil de oír, que busca representación sin encontrarla. No tiene una única dirección ni una sola causa. Lo componen profesionales que aceptan cualquier trabajo para llegar a fin de mes, el que se sube al colectivo a vender lo que puede, el que cadetea en una app para sumar unos pesos más o el que pasa catorce horas arriba de una moto para sobrevivir. También el empleado de una pyme o el dueño de una empresa familiar que no logra hacer cerrar los números, que quiere salir del limbo legal y discutir una realidad que ya no resiste más.
Desde mediados del siglo XX, la Argentina se consolidó como uno de los países pioneros en la región en el reconocimiento y la regulación de los derechos laborales. La comunión —no exenta de tensiones— entre Estado, trabajadores y empresarios permitió que el país se convirtiera en vanguardia en el reconocimiento de derechos individuales y colectivos en el trabajo.
Mientras gran parte del mundo revisa y amplía sus marcos laborales, en la Argentina las normas siguen prácticamente inalteradas desde hace más de una década. Que sigamos trabajando la misma cantidad de horas que en 1929 y que continúe vigente el mismo esquema de licencias y descansos de hace medio siglo son señales claras de una necesidad, al menos, de debatir nuestra actual organización del trabajo.
Sin entrar en los detalles específicos, pueden identificarse dos grandes motivos que vuelven indispensable discutir una nueva reforma laboral en la Argentina. Por un lado, la profundidad y el vértigo con que se ha transformado la estructura social del país han dejado a las instituciones laborales existentes débiles, desbordadas y sin capacidad real para proteger o mejorar la situación de los trabajadores. Se necesitan, con urgencia, nuevas normas e instituciones que permitan tanto a las empresas como a los trabajadores enfrentar los desafíos de un mercado fragmentado, inestable y con crecientes dificultades para generar empleo de calidad.
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Por otro lado, en los últimos treinta años —y con mayor intensidad desde la pandemia— se produjeron cambios significativos en la organización de la producción, impulsados por la globalización y la incorporación acelerada de tecnología en la vida laboral cotidiana. Hoy se produce más en menos tiempo: desapareció el fax, el correo electrónico comienza a volverse obsoleto y el WhatsApp trastocó toda forma de comunicación. Sin embargo, seguimos trabajando de la misma manera.
La versión de reforma laboral presentada como consigna de campaña —sin un proyecto concreto y dirigida a sectores afines al gobierno— no debe distraernos del debate que realmente importa: actualizar la legislación laboral para fortalecer tanto el trabajo como la producción. Propuestas como el “colaborador independiente”, la eliminación de multas por trabajo no registrado, el banco de horas, los salarios atados a la productividad o las negociaciones por empresa no solucionan el problema estructural del país: la falta de empleo formal, digno y de calidad.
Superar este estancamiento requiere que todos los actores —Estado, trabajadores y empresarios— abandonen posturas rígidas y confrontativas. Mientras tanto, las posturas liberales avanzan con medidas que prometen soluciones rápidas, y las iniciativas que se presentan como disruptivas terminan beneficiando solo a una parte del problema, dejando fuera a los trabajadores, cuya voz resulta imprescindible. A pesar de las resistencias, el debate avanza porque buena parte del rechazo se sostiene en un statu quo que ignora el malestar real en el mundo del trabajo, y porque carece de alternativas inclusivas, modernas y ambiciosas.
La discusión sobre el futuro del empleo no puede limitarse a cálculos de costos ni a consignas de campaña. Es momento de construir una agenda común que recupere el sentido original del derecho laboral: equilibrar las fuerzas en el mundo del trabajo, garantizar la dignidad de cada empleo y asegurar que el desarrollo económico vaya de la mano de condiciones laborales justas y sostenibles.
Por Martín Stoianovich
Por Juan Iturrez
