Pese a las críticas, en solo diez días hábiles hubo un centenar de adheridos al programa para blanquear activos. Peso político más que recaudatorio
Por Facundo Borrego
Foto: Archivo / La Capital.
El equipo económico provincial en la presentación del blanqueo
“La realidad nos viene dando la razón”. El gobierno de Santa Fe saca pecho y comunica como un acierto que en sólo diez días hábiles se registraron en Santa Fe 97 adhesiones al denominado blanqueo. Luego de contrapuntos con la Casa Rosada y cuestionamientos del mercado bursátil local por gravar a los blanqueadores, el programa se puso en marcha.
A partir del 26 de febrero hasta el 30 de abril quedó habilitada la posibilidad de adhesión al blanqueo en la provincia de Santa Fe para que aquellas personas que lo hicieron previamente en la ley nacional. Del centenar de anotados ninguno lo hizo por más de 100 mil dólares, cifra desde la cual empieza a correr la penalidad provincial.
Justamente la decisión que generó cortocircuitos con Nación fue que quienes exterioricen activos por más de 100 mil dólares en jurisdicción fiscal de Santa Fe deberán abonar un 2% de los montos excedentes a dicha suma y puede ser tomada a cuenta de impuestos futuros. La cuestión es que quien llegue a esa situación ya habrá caído en el gravamen nacional que tiene escalas desde el 5 al 15%. El gobierno lo tomó como una mojada de oreja en su momento.
Lo cierto es que los fiscos provinciales pueden quedar al acecho de aquel que adhirió al blanqueo para cobrarle los impuestos de los últimos cinco años. Desde Santa Fe, no quisieron ser un obstáculo para la política nacional, pero tampoco que la adhesión a nivel provincial sea bajo cualquier condición.
¿Cuál es el negocio para Santa Fe si todavía no recaudó, y, de recaudar, no movería el amperímetro? ¿Qué sería un éxito del programa? En el gobierno piensan más en términos cualitativos que cuantitativos en lo que es una decisión de posicionamiento frente a un tema de aristas políticas, económicas y financieras.
En lo político, cuando aparece un blanqueo nacional, la decisión de una provincia pasa por tomar la decisión del mal menor entre las alternativas, a sabiendas que quien blanquea le escapó a las obligaciones fiscales. "Nos son héroes", insisten en el gobierno local.
>>> Leer más: El lado B del blanqueo en Santa Fe: impuestos, enojos y héroes en este lío
Opción 1: adherir sin cobrar y sin darle importancia al control de quien blanquea conlleva los insultos de los cumplidores y una mala señal en seguridad. Córdoba hizo eso.
Opción 2: no adherir es una mala señal en la lucha contra el lavado de dinero y, por ende, el narcotráfico en la ciudad. “Es esconder la cabeza como el avestruz en materia de seguridad y que en lo fiscal te digan que sos un especulador porque después vas a salir a cazar en cada inversión o aumento de colocaciones financieras que veas”.
“Nuestro criterio fue el único híbrido (adherir, control adicional y pago a cuenta de impuestos). Muchos decían que nadie iba a blanquear y nosotros sabíamos que si hacían bien las cuentas y los contadores analizaban en profundidad, el tapón fiscal provincial tendría su ganancia”, explican desde Economía a La Capital.
Vale recordar que cuando el gobierno provincial anunció publicamente la decisión de gravar con el 2%, algunos agentes financieros de la city pusieron el grito en el cielo y juraban que los inversores se iban a “espantar” y que era una mala señal. De hecho, en su momento en el gobierno nacional no vieron con buenos ojos la situación por miedo a que tenga impacto en el ingreso de dólares y lo hicieron saber en privado.
El Régimen de Regularización de Activos de la Administración Federal de Ingresos Público (Afip) para pasar a la legalidad los activos que evitaron pagar tributos por llevarlos a otra residencia fiscal fue un tema sensible para el gobierno de Maximiliano Pullaro, desde el principio, ya que Rosario es tierra fértil para el lavado de activos derivados del narcotráfico que usan las bandas como último eslabón del negocio.
Por eso, para otorgar el perdón fiscal provincial estipularon un principio: que se encuentre subordinado a la política de seguridad, es decir, confirmar que quienes adhieran no tengan ningún tipo de vínculo con economías ilegales o vinculados a cualquier tipo de lavado. Esa instancia viene ahora. La presentación a la adhesión es primero y luego llega el escáner, y si se detecta algo fuera de regla se lo excluye.
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