En cuarenta años de democracia la economía argentina probó muchas recetas y transitó duras crisis. Entre ellas hubo algunas financieras y empresarias resonantes y de alto impacto, tres de las cuales se cuentan entre los default más grandes del país que tuvieron como epicentro a la provincia de Santa Fe. Esta línea de tiempo une al Banco Integrado Departamental (ex BID), del ex Banco Bisel y Vicentin, protagonistas de grandes cracs que involucraron en conjunto unos u$s 6.000 millones y provocaron un descalabro en el entramado económico y social de una provincia que aporta el 13% del PBI nacional.
En todos los casos, el resultado fue un duro impacto en la actividad de la región. El ex BID fue liquidado, Vicentin entró en un tormentoso proceso judicial, y el Bisel, merced a la intervención del Estado, pudo terminar en manos de otro grupo privado, con paso intermedio por una administración a cargo del Banco Nación.
Cuando las economías latinoamericanas comenzaron a tambalear en 1994 por el efecto Tequila en México, en Argentina crujió la convertibilidad, que anclaba el peso al dólar. El Banco Central (BCRA) empezó a perder reservas y depósitos que salían en búsqueda de resguardos más seguros. El sistema financiero argentino empezó a debilitarse y uno de los principales afectados fue el BID. La entidad funcionó desde el 30 de noviembre de 1978 hasta el 14 de abril de 1995. Llegó a tener 135 sucursales y al momento de su liquidación tenía 21 mil ahorristas. La quiebra del banco con sede central en Venado Tuerto, involucró u$s 1.000 millones de pesos/dólares, u$s 400 millones de los ahorristas, muchos de ellos pequeños y medianos, así como entidades sociales y comunas del corazón productivo de la Argentina. El propio BCRA verificó créditos por u$s 320 millones.
Bajo el gobierno de Carlos Menem y la conducción económica de Domingo Cavallo, la suspensión del BID fue anunciada en abril de 1995 por el entonces presidente del BCRA, Roque Fernández, en una entrevista realizada en La Capital. Hasta ese momento, estaba considerado entre los primeras diez entidades financieras del país por su volumen de negocios. Un año después, quebró.
“Fue la estafa más grande del Tequila”, reiteró en innumerables oportunidades Matilde Sermonetta, presidenta del comité de acreedores de la entidad que fue obligada por el BCRA a absorber a otros dos bancos quebrados, como eran Aciso y de La Ribera, según declaró el propio ex gerente, Roberto Cataldi. La autoridad monetaria, en ese momento conducida por Fernández, Pedro Pou y Eugenio Pendás, lo llevó en un lento camino hacia la quiebra, según denunciaron los acreedores que en 2015 seguían pidiendo la devolución de $ 520 millones. Veinte años después de la crisis, se habían reintegrado a los depositantes y ahorristas el 81% de sus acreencias, pero a valores nominales de 1995, sin actualización ni intereses.
El ex ministro Roque Fernández anunció en La Capital el cierre del ex BID.
Con estas bajas, la convertibilidad sobrevivió al efecto Tequila pero el la inestabilidad económica y financiera siguió acechando al régimen, que finalmente estalló en 2001. La historia es conocida: huida de depósitos, corralito, corralón y un proceso de quiebras y fusiones en el medio de la crisis más grande de la historia contemporánea argentina.
Bisel y un fin de semana agitado
Fue en ese marco que el Credite Agricole se retiró, en mayo de 2022, del banco Bisel. Esta entidad había nacido justamente en la crisis de 1995, por el proceso de fusión de nueve bancos cooperativos de Santa Fe. Poco después, uno de los principales bancos franceses, símbolo de la confianza que las autoridades económicas depositaban en el sistema financiero internacional, desembarcaba como accionista mayoritario.
Pero un día se fueron. El viernes 17 de mayo y luego de una semana de rumores sobre su futuro, el BCRA decidió sacarlo de clearing junto al Banco Suquía. En medio de férreas negociaciones políticas que incluyeron a los entonces gobernadores de Santa Fe, Carlos Reutemann y de Córdoba, José Manuel de la Sota, el Banco Central resolvió que las entidades fueran administradas por un fideicomiso a cargo del Banco Nación. El banco público nacional al rescate. En ese momento el Bisel contaba con 5 mil empleados en todo el país y reunía depósitos por $ 2.509 millones.
Cuatro años después, el Nuevo Banco Bisel - que supo tener como presidente al futuro ministro de Infraestructura del gobierno de Javier Milei, Guillermo Ferraro - fue adquirido por el grupo Macro Bansud.
Un joven Guillermo Ferraro, hoy designado ministro de Infraestructura, condujo la transición del Nuevo Banco Bisel.
Las turbulencias fueron quedando atrás en la medida en que, cambio de modelo mediante, se recuperó la economía en la posconvertibilidad. El sistema financiero se reconvirtió sobre nuevas bases. Atrás quedaron las dudas sobre la seguridad de los depósitos. El próximo gran default de la provincia provendría del sector menos pensado, el agroexportador.
El caso Vicentin
En 2019, casi en coincidencia con el fin el gobierno de Mauricio Macri, la empresa agroindustrial Vicentin, un coloso agroexportador de la provincia y el país, comunicaba su cesación de pagos por “estrés financiero”. El pagadiós que dejó fue de u$s 1.500 millones. Un año antes, ocupaba el sexto puesto entre los principales exportadores de soja y sus derivados (harinas y aceites). Sus balances se mostraban harto saludables. Ahora, la Justicia penal investiga si fueron falseados. El “caso de éxito” del mundo de los negocios durante la administración de 2015 a 2019, su figura brilló en sociedad con el poder político de entonces y su empoderamiento en las instituciones más relevantes de la región. Como por arte de magia, un día todo eso se esfumó y sólo quedaron deudas. Entre ellas, los u$s 300 millones que les prestó el Banco Nación a instancias de las autoridades políticas.
La marcha en Rosario bajo la consigna "todos somos Vicentin" contra la expropiación.
En sus argumentos para declararse en default la agroexportadora dijo que se vio "negativamente afectada por un contexto de crisis recurrentes, aumento de tasas de financiamiento, cierre de mercados y el incremento permanente del costo argentino”, que se profundizaron a partir de la crisis de 2018.
Más allá de esa las afirmaciones de la empresa, "el último balance presentado correspondiente al año 2018, arrojó una facturación de $ 118.015 millones, una monumental suma de dinero que la ubica como la séptima empresa más importante de Argentina entre las mil que más venden, y que equivale a vender por $ 323 millones diarios", indicó el diputado y escritor Carlos del Frade en su libro "Vicentin. Desaparecedores y fugadores, capitalismo argentino".
Una de las marchas que se realizó en 2020 en Reconquista a favor de la intervención de Vicentin.
Ya con Alberto Fernández en la Presidencia, el Estado la intervino brevemente para rescatarla como una empresa mixta de gestión estatal. Hubo marchas a favor y en contra. Pero en la política se impusieron las otras. "Todos somos Vicentin" fue el lema con el que se protegió a los dueños de la firma que defaulteó. El gobierno dio marcha atrás y siguió un adelante un concurso polémico y tortuoso, que corrió en paralelo con un conjunto de causas penales.
A continuación la colección de notas sobre los 40 años de democracia:
>> Leer más: 40 años de democracia: 2001, la crisis que sacudió a la economía y al sistema político
>> Leer más: 40 años de democracia: precariedad laboral, la herencia de los 90
>> Leer más: 40 años de democracia: La economía de los 90
>> Leer más: 40 años de democracia: La integración comercial estratégica y el Mercosur
>> Leer más: 40 años de democracia: el papel de la ciencia y la tecnología
>> Leer más: Cuarenta años de democracia: el plan de convertibilidad
>> Leer más: Cuarenta años de democracia: la convertibilidad y el trabajo
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