Cuba: militarización y represión para impedir una manifestación opositora

El gobierno cubano abortó una marcha de protesta opositora que debía cumplirse este lunes, 15 de noviembre. La militarización de los espacios públicos con días de antelación y el encierro domiciliario forzado de los líderes de la manifestación lograron impedir la manifestación, mientras los militantes del gobierno tenían vía libre para marchar por las calles de La Habana y amenazar a los opositores.

Según la corresponsal de la agencia Associated Press, la agrupación que "convocó a una fallida y polémica marcha llamó el martes a nuevas acciones de protesta, como tocar cacerolas por la noche, vestirse de blanco o llevar flores al prócer José Martí". Archipiélago, una plataforma de internet creada por el dramaturgo Yunior García que había exhortado a los cubanos a marchar este lunes, indicó en un comunicado que pretende seguir con su activismo hasta el 27 de noviembre.

"El gobierno cubano ha respondido a nuestros reclamos como lo hace una dictadura: militarización extrema de las calles, más de 100 activistas sitiados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de repudio, violencia, amenazas, coacción y discursos de odio'', escribió el grupo enFacebook. "El recrudecimiento de la represión contra la ciudadanía y los manifestantes pacíficos no es ni será aceptada''.

García y Archipiélago habían llamado a los ciudadanos a las calles para este lunes 15 en nueve ciudades del país luego de pedir una autorización en septiembre, invocando que la Constitución ampara el derecho a expresarse. Pero el régimen cubano denegó el permiso, acusando al grupo de formar parte de una presunta operación dirigida y financiada por Estados Unidos para "destruir a la revolución", que es como se autodenomina el régimen castrista. La acusación de ser financiados por EEUU es un argumento tan antiguo como desgastado en Cuba.

El antecedente del 11-J

La marcha fue calificada de ilegal y la Fiscalía advirtió sobre las consecuencias a los organizadores, que habían persistido en su medida. Evidentemente, el antecedente de la durísima represión de la macha del 11 de julio pesó: saber que se exponían a penas de muchos años de prisión por salir a la calle hizo que muchos cubanos se quedaran en sus casas. Los condenados o con pedidos de condena a penas severas de prisión por los tribunales por haber salido a las calles de más de 10 ciudades cubanas el pasado 11 de julio son varios cientos y este es un dato que el régimen se encargó de dar a conocer. En octubre pasado, por ejemplo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que en la provincia de Mayabeque la Fiscalía pidió penas de hasta 25 años de cárcel a manifestantes que salieron a las calles el 11 de julio.

El dramaturgo y líder opositor Yunior Aguilera, encerrado en su propia casa por las fuerzas del gobierno. La temida Seguridad del Estado puso custodia a su departamento desde el domingo y no le permitió salir a la calle.

La víspera las principales ciudades del país tuvieron fuerte control policial y en las puertas de las casas de muchos opositores, como el propio García, hubo custodia de la temida Seguridad del Estado, lo que impidió que los líderes organizaran la marcha. Tampoco se realizaron las protestas que los activistas pidieron a la población como sacar sábanas blancas a los balcones y portales o aplaudir a las tres de la tarde, la hora prevista para la fallida marcha. La explicación es la misma: el miedo. El control social en Cuba es capilar, detallado, en cada manzana hay varios militantes del oficialismo que señalan de inmediato a los "disidentes", y el acto de sacar una sábana al balcón puede costar muy caro.

Parques y plazas fueron tomadas por grupos del gobierno _algunos de los cuales también se apostaron en las cercanías de los hogares de los opositores. El motivo oficial fue el reinicio de los vuelos internacionales, la presencialidad de las clases, luego de que pasara lo peor de la pandemia.

Para medios más críticos del régimen cubano, como el diario español ABC, el domingo se inició la militarización total del país para intimidar a la población y evitar que los cubanos marchasen pacíficamente por la libertad de los presos políticos y en contra de la violencia policial. Numerosas personas informaron desde provincias como La Habana, Villa Clara, Las Tunas, Matanzas, Camagüey y Santiago de Cuba. La isla amanecía este lunes inmersa en un clima de terror y tensión ante la celebración de la Marcha Cívica por el Cambio.

Pese a todo, se reportaron pequeñas protestas en algunas ciudades en las que las personas fueron inmediatamente arrestadas; otros lograron marchar pacíficamente vestidos de blanco y con una flor en sus manos y regresar a salvo a sus casas.

Algunos sacerdotes y católicos en ciudades como La Habana y Bejucal, al oeste del país, salieron a caminar por las calles para acompañar a quienes lograran manifestarse.

Horas antes de la concentración, numerosos cubanos compartieron en las redes sociales fotos y vídeos de policías, coches patrulla y autobuses cargados de uniformados y otros militares vestidos de civil, así como denuncias de actos de repudio contra los coordinadores del grupo Archipiélago. Una de estas manifestaciones de odio tuvo lugar contra Saily González, coordinadora del grupo Archipiélago en Santa Clara, Villa Clara, a quien gritaron ofensas como "gusana", "mercenaria", "hija de perra" y le impidieron salir de su casa.

Este es el recetario represivo tradicional del régimen: "Estos actos incluyen la permanencia de miembros de la Policía y la Seguridad del Estado en la proximidad de las viviendas", detalló el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). Otra víctima de esta represión fue el mencionado dramaturgo Yunior García, uno de los promotores de la marcha, que al igual que el día anterior, este lunes tampoco pudo salir de casa para participar en ella.

La agencia Efe en Cuba, a la que el régimen retiró las acreditaciones para informar el sábado –aunque después le reintegró dos–, confirmaba que el activista se encontraba bien tras lo sucedido el día anterior: "Está en su casa durmiendo. Llamamos a su puerta y su suegra nos dijo que se encuentra agotado después del intenso domingo. Los agentes que le vigilan no impidieron a nuestro equipo acceder. La bandera patria le sigue tapando las vistas".

En Santa Clara, la familia de Andy García Lorenzo, joven de 23 años preso desde el 11-J por manifestarse pacíficamente y a quien la Fiscalía cubana pide siete años de privación de libertad, también sufrió un acto de repudio. En el exterior de la vivienda cuelga un cartel pidiendo su libertad, lo que llevó a partidarios del régimen a proferir insultos contra la familia, a la que acusó de "mercenarios".

Los sacerdotes católicos Alberto Reyes, Rolando Montes de Oca y Castor Álvarez Devesa denunciaron amenazas de detención por parte de Caridad Diego, jefa de la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC. Los tres habían expresado su intención de acompañar a los manifestantes en la marcha del 15-N. "Somos sacerdotes para predicar el Evangelio, y el Evangelio de Jesucristo habla de libertad, de justicia, de verdad, esto que es lo que nuestro pueblo está pidiendo. Si ser detenidos es el precio por ser coherentes con la predicación del Evangelio, sea. Estaremos acompañando a nuestro pueblo, caminando por nuestras calles que todavía están presas", dijo Alberto Reyes.

José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch (HRW), denunció la militarización del país: "Los reportes que nos llegan desde Cuba son desoladores. El régimen ha desplegado las fuerzas de seguridad de forma masiva. Muchos periodistas y críticos están sitiados en sus casas. Algunos han sido detenidos. La intención es clara: suprimir cualquier intento de protesta. En este momento las fuerzas de seguridad impiden que salgan de su casa varios periodistas y activistas. A otros los han detenido e interrogado. Y el régimen realiza actos de repudio contra activistas. Exigimos que cesen estos abusos".

La organización de derechos humanos Cubalex alertó de detenciones de manifestantes ocurridas desde la noche y la madrugada del domingo y lunes. Por su parte, el OCDH denunció una escalada represiva que se ha intensificado en los últimos días para impedir las marchas pacíficas. Según los datos reportados por la ONG, entre el 13 y el 15 de noviembre tuvieron lugar al menos 49 retenciones domiciliarias, 25 amenazas y ocho cortes de internet y actos de repudio frente a las casas de activistas, dejando un saldo de más de 260 actos represivos.

Asimismo, el grupo de trabajo Justicia 11-J, surgido tras la ola represiva desatada por el régimen cubano a causa de las históricas manifestaciones del 11 de julio, informó de al menos 12 personas detenidas o en desaparición forzada al amanecer del lunes.

Entre los arrestados a la salida de sus viviendas cuando iban a incorporarse a las protestas, estaban Berta Soler, líder de las Damas de Blanco; su esposo, el expreso político Ángel Moya; el intelectual Manuel Cuesta Morúa; el joven José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del disidente José Daniel Ferrer, detenido desde el 11-J, y la artista Carolina Barrero. La Seguridad del Estado llegó incluso a irrumpir, sin orden judicial, en las viviendas de activistas del grupo Archipiélago, en las que realizó registros y confiscaciones. De igual modo, varios activistas y periodistas independientes sufrieron cortes de internet.