Casi 19 años después de la explosión de la Fábrica Militar Río Tercero (FMRT), esta semana comenzó en la Justicia federal de Córdoba el juicio oral a seis ex oficiales del Ejército que eran directivos de la planta y de Fabricaciones Militares (FM), pero quedaron afuera del banquillo de los acusados Martín Balza y Carlos Menem, entonces jefe de la fuerza y presidente de la Nación respectivamente.
El siniestro, que dejó un saldo de siete víctimas fatales y cuantiosos daños materiales, quedó inscripto en la saga de episodios trágicos y oscuros del gobierno menemista, máxime si se tiene en cuenta que en la hipótesis que maneja la acusación la explosión fue intencional y con el fin de ocultar el faltante de material bélico derivado ilegalmente a Croacia y Ecuador.
Así lo sostuvo el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, al elevar la causa a juicio oral, cuando afirmó que la voladura se llevó a cabo de "manera intencional, programada y organizada" a fin de "ocultar un faltante de proyectiles, municiones o explosivos".
No obstante, el juicio oral comenzó sin la presencia de Menem, señalado por las víctimas como el principal responsable de la tragedia. Si bien estuvo imputado, en febrero de este año la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba, en un fallo dividido, sobreseyó al ex presidente. Sin embargo, en el mes de abril pasado la misma sala resolvió por unanimidad conceder el recurso de Casación interpuesto por el fiscal Alberto Lozada y la parte querellante. De esta manera, aún se está a la espera de que la Cámara de Casación Penal defina la situación procesal de Menem.
Curiosidades. Lo curioso es que el ex presidente ya ha sido condenado por el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia, por lo que parece inverosímil que nada supiera de otro hecho que, según la acusación, tuvo como móvil el ocultamiento de ese contrabando (ver aparte). Junto a Menem fueron sentenciados por ese caso su ministro de Defensa Oscar Camilión y varios de los ahora acusados de la explosión de la fábrica.
Río Tercero, una ciudad de casas bajas y sin el frenético trajín de las grandes urbes, recibió una lluvia de esquirlas y municiones a las 8.55 del 3 de noviembre de 1995. Los fiscales Carlos Gonella y Guillermo Lega, al describir la mecánica de los hechos, afirmaron que "por intermedio de persona o personas cuya identidad a la fecha aún se desconoce, de manera intencional, programada y organizada", se provocó "el incendio de un tambor que contenía en su interior mazarota de trotyl o trotyl de descarga, ubicado en un tinglado existente en la Planta de Carga de la FMRT".
Añadieron que ese incendio "luego de haberse extendido repentinamente al resto de los tambores estibados en el lugar y con gran desarrollo de sus llamas, fue seguido a pocos minutos de dos explosiones simultáneas ocurridas en el mismo tinglado, obteniendo como resultado de dicho accionar el direccionamiento de la onda expansiva".
Pero hubo algo peor, los fiscales remarcaron que también fue "intencional, programada y organizada una explosión posterior, de mayor magnitud que las anteriores, que ocurrió en los depósitos de Expedición y Suministro situados hacia el sector sur de la Planta de Carga", donde "había una gran cantidad de explosivos, municiones y proyectiles". Justamente, "esta última detonación fue la que generó una gran onda expansiva que dispersó de manera violenta esos proyectiles y esquirlas sobre la población de Río Tercero", siendo "el barrio Las Violetas el más afectado, que sufrió una gran cantidad de heridos y daños en las propiedades".
La deflagración causó la muerte de siete personas, destrozó los barrios Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, y dejó además un saldo de 300 heridos, más de 6.000 personas evacuadas y a la población de Río Tercero aterrorizada. Recientemente, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un resarcimiento económico para las 10.691 víctimas de la explosión.
A casi 19 años, las audiencias comenzaron el miércoles último ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba Nº2, compuesto por los jueces José María Pérez Villalobo, José Fabián Asís y Carlos Julio Lascano.
Los imputados que llegan a juicio son el ex director de Producción de Fabricaciones Militares Carlos Jorge Franke, el ex director de Coordinación Edberto González de la Vega, el ex director de la fábrica Jorge Antonio Cornejo Torino, el ex subdirector de la planta Oscar Nicolás Quiroga, y el ex jefe de Producción Marcelo Diego Gatto, junto a Norberto Osvaldo Emanuel, quien en ese entonces se desempeñaba como subinterventor FM.
Antes del fallo. También se encontraban involucrados en la causa de Río Tercero Norberto Emanuel, un civil que en 1995 era subinterventor de FM, y el interventor de la empresa al momento de la voladura, Juan Andreoli.
Emanuel estaba procesado pero no llegó al juicio ya que falleció en diciembre de 2012; mientras que Andreoli, quien no llegó a ser imputado, murió en un accidente de helicóptero en octubre de 1996.
Todos están imputados del delito de estrago doloso agravado por muerte, por lo que enfrentarán posibles penas que van de ocho a veinte años de prisión. Para la acusación, la explosión de Río Tercero se enmarca en lo que en la jerga judicial se denomina criminis causae, es decir la comisión de un delito con el fin de ocultar otro precedente. La semilla del mal fue la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, caso que se ventiló en el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº3 de Buenos Aires, y por el cual fueron condenados González de la Vega, Franke y Cornejo Torino.
De acuerdo a los peritajes, la explosión se habría concretado "con el objeto de ocultar un faltante de proyectiles, municiones y explosivos" al surgir "una diferencia aproximada a las 35.576 unidades entre el monto total peritado y lo recuperado por el personal de seguridad actuante", comparado con los registros de la fábrica.
La hipótesis también es sostenida por la querella. Los letrados Horacio Viqueira y Aukha Barbero afirmaron que "está acreditado en la causa que la voladura fue planificada por los propios responsables de la empresa y en sus diversas etapas".
Añadieron que FMRT "fue clave en toda la operación ilegal de contrabando llevada adelante durante varios años", y que "en la década del 90 esta empresa quedó sujeta a privatización, dejó de producir y fue utilizada para la implementación de un plan delictivo consistente en el contrabando de armas a Croacia durante varios años".
Argumentos y excusas. Franke, Cornejo Torino y Gatto se abstuvieron de declarar ante el tribunal al sostener que desconocen de qué se los acusa, en tanto que González de la Vega sí lo hizo pero dijo que desconoce las causas que originaron el siniestro.
Sin embargo, durante la instrucción de la causa, González de la Vega intentó desligar su responsabilidad aludiendo a la cadena de mandos, pero también confirmó la supuesta intencionalidad de la explosión. "Entiendo que nadie entra a una planta de carga con un detonador Nº8 en el bolsillo y un reforzador porque no se dio cuenta. Por lo cual sostengo que fue intencional", aventuró entonces, y con respecto a la razón de eso consideró que "sólo para hacer desaparecer pruebas del material existente". Puntualmente, cuando los investigadores le consultaron si lo que se pretendía ocultar era la venta de armas a Croacia y Ecuador dijo que "esto forma parte de la necesidad de ocultar muchas operaciones que venían de épocas pasadas, con Irán o Ghana".
Por Rodolfo Parody
Por Guillermo Ferretti