"Vamos a acreditar que Tognoli no brindó ayuda a Orozco y Ascaíni"

En un clima de desorganización y sin más avances que la lectura de la acusación, el juicio a Hugo Tognoli y a otros 26 imputados (tres policías y 23 civiles) comenzó ayer en los Tribunales Federales de Oroño al 900. Tras cinco años de espera en prisión preventiva, el ex jefe de la policía santafesina llegó al debate imputado de comercio de estupefacientes por brindar cobertura a dos narcos del sur provincial, Carlos Ascaíni y Aldo "Totola" Orozco, también detenidos.

"Vamos a pedir la absolución y a acreditar que no brindó ningún tipo de ayuda ni tenía relación alguna con Ascaíni y Orozco", dijo en la puerta del edificio el defensor de Tognoli, Néstor Oroño, quien adelantó que el ex jefe policial recién declarará sobre el final de las audiencias.

Retrasado y desorganizado

El esperado juicio oral y público por un caso que desató una crisis política de alcance nacional en el gobierno de Antonio Bonfatti arrancó con más de una hora de retraso. El primer tramo se diluyó en fijar cuestiones organizativas no previstas de antemano. Hasta ayer no estaba definido el cronograma de testigos, lo que fue reclamado por las defensas para organizar sus estrategias. Según dijo en respuesta a ese pedido la presidenta del tribunal, Beatriz Caballero de Barabani, los testigos recién comenzarán a desfilar después de la feria de julio. Durante el receso judicial se interrumpirá el juicio.

Hay en total 27 imputados por distintos hechos investigados en tres causas. El juicio era impulsado tanto por la fiscalía como por Unidad de Información Financiera, que persigue delitos económicos y que a último momento se retiró de su rol de querellante. La causa central es la que tiene como imputado a Tognoli por hechos previos a su designación al frente de la policía provincial.

La fiscal Liliana Bettiolo lo acusó de brindar cobertura a Ascaíni, radicado en Villa Cañás, a quien desde la comisaría local le informaron que una camioneta Isuzu blanca que lo estaba siguiendo pertenecía a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En ese entonces, septiembre de 2009, Tognoli era jefe de Drogas Peligrosas. Se constató que la titularidad del vehículo se averiguó a pedido de Ascaíni mediante una clave que era de Tognoli, quien alega que esa clave no era confidencial sino de uso generalizado entre sus subordinados.

Ir y venir

La causa tuvo un trámite con idas y vueltas hasta que Tognoli, primero beneficiado con un falta de mérito, luego terminó procesado. Los policías Néstor Juan Fernández y Alfredo Quintana están acusados de facilitar la información a Ascaíni. Otro efectivo, Oscar Ledesma, por omitir denunciar a traficantes que operaban en Firmat.

La conexión con droga se da a través del polémico operativo de mayo de 2012 en el cual Ascaíni fue detenido con un pan de 1.168 gramos de cocaína que resultó ser azúcar en un 96 por ciento. A Totola Orozco lo vinculan por otro operativo con múltiples secuestros de estupefacientes realizados en Firmat el 5 de abril de 2013.

"No hay elementos concretos contra Tognoli. Hay una serie de elementos que utiliza el fiscal para fundar la acusación pero tengo elementos objetivos, pruebas, como para requerir la falta de responsabilidad de Tognoli en este hecho. Lo que voy a peticionar en su momento será la absolución de mi defendido", dijo el defensor Oroño cerca de las 9.30, la hora prevista para el inicio, ante los medios de prensa que se concentraron frente al portón de Oroño 940.

Entre el público y los familiares que a esa hora se acreditaban para presenciar la audiencia estaba Hernán Tognoli, hijo del ex jefe policial, quien llegó a acompañar a su padre y manifestar sus críticas a la causa.

"Hasta ahora no hemos tenido resolución favorable a pesar de que no hay pruebas. Se apartan de todas las reglas", dijo, en alusión a la condena que su padre recibió en 2015 en Santa Fe a seis años de prisión por encubrimiento y coacciones.

Esa sentencia fue apelada ante un tribunal de casación que aún no fijó fecha para revisarla. "Por más que demostremos terminan decidiendo lo que se les antoja", agregó con desánimo el joven, preocupado por la salud de su padre que en prisión "fuma mucho" y sufrió un infarto.

A sala repleta

El juicio comenzó a las 10.40 en la sala del Tribunal Federal Nº 2 donde los 27 acusados —14 presos y 13 en libertad— se apiñaron en hileras de asientos detrás del blíndex que los separaba de sus defensores. Tognoli ocupó una silla del fondo. El público y la prensa fueron remitidos a una sala apartada, la del TOF 1, donde la veintena de asientos fue insuficiente y muchos interesados quedaron afuera.

La audiencia se transmitió a través de una pantalla de televisión ubicada al otro lado del blíndex. Todo eso, en medio de restrictivas medidas de seguridad que orillaron el maltrato y obstaculizaron el trabajo de los periodistas, impedidos de circular por el edificio o contactar a las partes durante los recesos.

El debate arrancó con un imputado ausente, Miguel Gigliani, quien se presentó recién ayer en la delegación de Gendarmería de Venado Tuerto y por la mañana viajaba a Rosario. Al inicio la defensa oficial solicitó que se aplique una probation a los imputados Lucas Daniel Núñez y María Angela Llali. La fiscal Adriana Saccone, asistida por Federico Reynares Solari, se opuso al plantear que le interesa trabajar en el juicio los vínculos de ellos con otros imputados.

Tras un cuarto intermedio los jueces resolvieron por mayoría, con los votos de Omar Digerónimo y Otmar Paulucci, rechazar el pedido en esta etapa, sin perjuicio de reconsiderarlo tras los alegatos. Barabani, en minoría, votó por rechazarlo de plano porque "una vez celebrado el juicio nada puede suspenderse".

Faltan pruebas

Además de reclamar un cronograma, los defensores plantearon que "no está diligenciada íntegramente la prueba". Desde el tribunal se les explicó que "algunas llegaron a último momento" y otras "se están diligenciando". También pidieron que se precise qué días se reproducirán las escuchas telefónicas, algo aún no definido.

El defensor de Ascaíni, José Nanni, denunció que "no se respetan cuestiones de higiene personal, alimentación y contacto con los familiares de algunos detenidos" y pidió que les dieran la palabra a los presos afectados. Barabani replicó que esas cuestiones se abordarán fuera del debate y entonces sí arrancó la lectura de la acusación en el juicio, que se extenderá por al menos tres meses.