Según refirió a La Capital el abogado defensor de Tognoli, Néstor Oroño, a quien acompaña el letrado Federico Carignano, "hoy (jueves) se dieron dos situaciones de extrema gravedad en la Justicia Federal de Rosario, lo que llevó a mi cliente a adoptar la decisión de iniciar una huelga de hambre en su lugar de detención y por tiempo indeterminado, algo que indudablemente desmejorará su endeble salud física y mental".
Fechas vencidas
A la hora de enumerar esas situaciones Oroño fue claro y avaló su denuncia con documentos. "En primer lugar Tognoli está preso desde el 7 de marzo de 2013 y eso sin contar los pocos días que estuvo tras las rejas en octubre de 2012, cuando se conoció la denuncia periodística en su contra. Es decir que en pocos días más va a cumplir 4 años y medio preso cuando ningún tratado de Derecho que yo conozca permite que la prisión preventiva se extienda más allá de tres años sin condena firme. Y con la prórroga firmada por los jueces se extenderá a 5 años. En el caso de que esa prórroga se plantee por la condena dictada por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en 2015 a seis años de cárcel por coacción, encubrimiento de un narcotraficante e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el tiempo cumplido en la cárcel ya debería estar al menos con salidas laborales o en régimen de prisión condicional", dijo Oroño.
Pero más allá de los 4 años y medio que Tognoli lleva preso, ayer el Tribunal Federal de Rosario le prorrogó una vez más la prisión preventiva y por otros seis meses, elevando a 5 los años que el ex jefe policial estará detenido sin condena firme (está siendo evaluada en el Tribunal de Casación) y en medio de un proceso judicial que lo vuelve a tener como imputado procesado. "Esto a todas luces es un acto de prejuzgamiento, un hecho vergonzoso para la Justicia Federal, un disparate que ninguna ley ampara y que sólo se da en los casos de delitos de lesa humanidad, algo por lo cual mi cliente no fue acusado", dijo Oroño visiblemente enojado. Y expresó que "los jueces sostienen la prórroga indiscriminada por la peligrosidad procesal de Tognoli y el aseguramiento de pruebas, pero se dan el gusto de paralizar el juicio por tres semanas sin pensar en las personas que están detenidas".
Horarios cambiados
La nueva prórroga a la detención de Tognoli fue conocida por sus abogados el mediodía de ayer. "A las 7.56 presenté por vía informática un recurso de hábeas corpus a favor de mi cliente para que se le otorgue la libertad provisional y a la vez recusé a los jueces del Tribunal porque ellos ya se expidieron al menos tres veces sobre este tema y considero que no les corresponde actuar. Sin embargo, a las 9.33 esos mismos jueces, sin tener conocimiento de mi presentación por una supuesta falla informática o quizás ignorándola, prorrogaron la prisión de Tognoli por otros 6 meses. Y recién a las 12 del mediodía se dieron por enterados de mi solicitud, la que elevaron al juez en turno, Marcelo Bailaque".
Desde este punto de vista, tanto la defensa de Tognoli como su hijo Hernán (estudiante avanzado de Derecho y asistente de todos los abogados que han asesorado al ex jefe de policía), explicaron que "a todas luces hubo una alteración de un documento público (el registro informático del Tribunal) para evitar así la recusación de los jueces antes de que éstos prorroguen la prisión preventiva".
Empresa criminal
Tognoli está siendo juzgado como integrante de una "empresa criminal conjunta" de la que serían parte entre otros el ex jefe de la Brigada Antinarcóticos de Venado Tuerto, Néstor Fernández; el cabo de la comisaría de Villa Cañás, Carlos Quintana; y el supuesto narcotraficante Carlos Andrés Ascaíni, a quien le habrían brindado protección para su accionar en el sur santafesino. Junto a ellos hay otras 19 personas acusadas por cumplir distintos roles en bandas dedicadas al narcomenudeo, entre ellos Aldo "Totola" Orozco.
Ya hace dos semanas algunos defensores habían pedido la nulidad del juicio oral al considerar "falsa" una prueba a la que señalaron como la base de la acusación. Se trata de dos informes sobre las consultas de patentes que efectuaron dos uniformados de la policía provincial a la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRP). En estos dos documentos, entregados en 2012 y en 2016, existe una diferencia de 53 consultas en el mismo período analizado, por lo que los letrados consideraron que el documento está viciado de "falsedad ideológica".
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