El caso venezolano: recuento total, la única salida legítima

En Venezuela, el poder electoral es el CNE (Consejo Nacional Electoral), la instancia responsable de la convocatoria, regulación y ejecución de las elecciones. Su dirección está integrada por cinco rectores, de los cuales cuatro están identificados abiertamente con el partido de gobierno. Uno sólo de los rectores es considerado independiente, Vicente Díaz; él mismo declaró que el proceso electoral (del domingo 14 de abril) era antidemocrático y no estuvo presente durante la proclamación de Nicolás Maduro como presidente. La sensación que se percibe con esta y otras declaraciones es que la contienda se llevó adelante entre una coalición de partidos políticos contra el Estado mismo.

Organizaciones civiles como Transparencia Venezuela han denunciado ante el CNE lo que consideran un acto de "ventajismo" y han sustentado su reclamo con pruebas que evidencian la fusión del Estado con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Maduro. En esta misma línea está el Centro Carter, organización que en su informe sobre las anteriores elecciones del 7 de octubre hizo una observación por el uso de los recursos del Estado. Por otra parte, la mirada complaciente de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), representada por su jefe de misión, Carlos Chacho Alvarez, causa preocupación por lo que pareciera ser su facilidad en adaptarse a la parcialidad del CNE. La Unasur es un organismo de suma importancia para nuestro subcontinente por lo cual sería importante que se convierta en una herramienta objetiva, de aporte genuino a la transparencia y limpieza de los comicios en nuestra región.

Consideramos que la observación realizada por la Unasur, lejos de ser un "acompañamiento electoral", como fijan los reglamentos de la CNE, se convirtió en un amoldamiento al oficialismo venezolano. A diferencia de la OEA, que pidió hacer de inmediato una auditoría y un recuento completo de la votación y se ofreció para cooperar en ese proceso, la Unasur se limitó a sostener que los resultados deben ser respetados y que los reclamos deberían canalizarse conforme al ordenamiento jurídico vigente en Venezuela.

La reunión de urgencia de la Unasur en Lima no sólo sirvió para darle el reconocimiento a Maduro sino que también, a puertas cerradas, fue un cambio de posición, en comparación con la observación hecha a Venezuela de dicho organismo el pasado 14 de abril. También es en cierta manera hasta una desautorización a su jefe de misión y surtió una presión para que el CNE el recuento del 46 por ciento de votos que quedaban sin auditar, pero sólo se realizará la auditoría de las dos terceras partes de estos.

Desde la Red Latinoamericana y el Caribe para la Democracia (RedLad) exigimos el lunes pasado en Caracas no sólo el recuento del 100 por ciento de los votos sino también que se generara una cadena de seguridad para su resguardo. En esa oportunidad solicitamos a su vez un cotejo entre el libro de votantes y la cantidad de comprobantes (de cada mesa electoral) y que el proceso de recuento se realice con presencia de observadores locales e internacionales. Si estas sugerencias se llevaran adelante, entendemos que Venezuela, a pesar de ser hoy un amplificador de diferencias, saldaría su competencia electoral y legitimaría a un presidente. Pero sin duda luego su gran desafío será pasar de un sistema electoral democrático a una real cultura democrática, donde no se confunda el Estado con el partido de gobierno.

(*) Jefe de misión de RedLad en las elecciones de Venezuela 2012 y 2013 y actualmente en las de Paraguay.