Conmoción en Mendoza: detienen a dos curas por abusos a niños sordos

Dos sacerdotes y un empleado de un instituto para niños con problemas auditivos severos fueron detenidos en Mendoza, acusados de haber abusado de menores internados en ese establecimiento que depende de la Arquidiócesis de la provincia.

Los detenidos son los sacerdotes Nicolás Corradi, de 82 años, y Horacio Corbacho, de 55, además de José Luis Ojeda, un joven con discapacidad, empleado del Instituto para niños hipoacúsicos Antonio Próvolo, de Luján de Cuyo, donde ocurrieron los hechos.

Los abusos, violaciones y felaciones con niños habrían ocurrido durante varios años (algunas versiones indican que comenzaron en 2007) y tuvieron como víctimas a algunos niños o adolescentes que hoy ya son mayores de edad.

El fiscal Fabricio Sidoti, a cargo de la investigación, aseguró que los tres detenidos están imputados por los delitos de "abuso sexual agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores".

"Los chicos en su relato dicen que los llevaban a la Casa de Dios, un lugar que hay en el instituto, donde los metían y las víctimas veían a través de las rendijas de la puerta lo que pasaba", dijo ayer Sidoti a Radio Nihuil.

Las víctimas "veían estos hechos que realizaban los curas, con acceso carnal, sexo oral", sostuvo el fiscal, y agregó que se trata de "testigos que son víctimas directas". Sidoti precisó que los niños habían participado de las testimoniales en calidad de testigos, pero durante la declaración surgió que "ellos también fueron víctimas".

"Eran chicos sordomudos de 10, 12 años, supuestamente en el colegio no se les permitía tampoco hablar por señas y en ese momento, ellos tampoco sabían comunicarse. Ellos lo único que veían era que los curas se los llevaban", explicó el fiscal.

El caso que conmueve a Mendoza explotó por una denuncia de la senadora radical Daniela García, a quien se le acercó una integrante del Movimiento de Sordos de Mendoza y le contó los hechos. A través de una intérprete, la representante de la agrupación le reveló a la legisladora al menos un hecho del que había sido testigo.

Las detenciones se produjeron durante el fin de semana pasado. Al sacerdote de 82 años, en virtud de su edad, se le dispuso arresto domiciliario. El otro párroco está preso en un establecimiento carcelario al igual que el empleado Ojeda.

La testigo que le contó a la senadora García los hechos también declaró ante la Justicia. A través de lenguaje de señas, asistida por una intérprete, la denunciante expuso ante un fiscal, una psicóloga y auxiliares de la Justicia, por disposición del procurador general Alejandro Gullé.

Según publicó el portal de noticias MDZ Online, citando fuentes de la investigación, ninguno de los tres acusados se resistió a la detención y "la gente del instituto cooperó en todo momento" ante el procedimiento.

En tanto, el arzobispado de Mendoza, de quien depende el Instituto Próvolo, emitió un comunicado donde expresó su repudio por los hechos denunciados y manifestó "solidaridad y cercanía" con las víctimas.

"Nos entristecen e indignan dichos sucesos. Manifestamos nuestra solidaridad y cercanía con las víctimas de los hechos objeto de la denuncia", afirmó la curia mendocina.

"Apenas conocida la noticia de estos sucesos fueron informadas las legítimas autoridades del Instituto (que es de Derecho Pontificio), quienes deberán iniciar el debido proceso canónico establecido por la Iglesia para estos delitos denunciados", agregó.

"En cuanto esté al alcance de este arzobispado se brindará toda la cooperación que corresponda a las autoridades judiciales para el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados", sostuvo.

Fuentes de la investigación advirtieron que Corradi, el sacerdote más anciano detenido, había sido denunciado por hechos similares perpetrados en la sede de Verona, Italia, del mismo instituto para niños con discapacidad.

Asimismo, indicaron que Corradi y otros sacerdotes fueron enviados a sedes del Instituto Próvolo de Mendoza y La Plata, en el marco de un "pacto de silencio" interno de la Iglesia.

El fiscal del caso, Sidoti, durante la última semana estuvo en el centro de la escena por los cuestionamientos a su actuación en el caso de Ayelén Arroyo, una chica de 19 años que fue asesinada en septiembre pasado por su padre.