Chalecos antibalas desde Israel

Una compañía israelí que fabrica chalecos antibalas y accesorios textiles para fuerzas de seguridad propuso instalar una planta en la provincia de Santa Fe a cambio de un compromiso de compra inicial de implementos de esa empresa.

Sus responsables señalaron estar dispuestos a una asociación con la provincia donde, en un esquema general, aportarían la maquinaria y ciertos insumos básicos que no se producen en Argentina. El gobierno santafesino a cambio debería procurar las instalaciones fabriles, los recursos humanos para la planta y el marketing para llegar a los clientes.

La proposición surgió la semana pasada durante una visita de funcionarios santafesinos a la planta ubicada en Afula, en el norte de Israel, a la que asistió un periodista de este diario. Los empresarios señalaron que el emprendimiento es viable por la óptima relación entre la alta calidad de los chalecos que fabrican desde 1993 y su accesible valor de mercado. A la provincia le interesaría por motivos elementales: la contratación de mano de obra local, la posibilidad de adquirir en el país la mayoría de las materias primas para la producción y de participar en el futuro como fabricante oferente en procesos de compra de fuerzas de seguridad en el Mercosur.

Con 23 años en manufacturas textiles tácticas para fuerzas militares y policiales, la firma Marom Dolphin está incorporada en un cluster de empresas que producen tecnología, vehículos y accesorios del rubro de seguridad que patrocina y garantiza el Estado de Israel. La compañía produce en estricto cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 en estándares internacionales y se presenta como capaz de fabricar productos con alta durabilidad y comodidad en el uso. Elaboran desde cordones de borceguíes hasta ropa de combate, uniformes convencionales hasta mochilas modulares. Los chalecos antibalas son los elementos por los que esta firma recibe la mayor demanda internacional.

A la reunión de la semana pasada acudió por la provincia el subsecretario de Investigación Criminal de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, a quien el directivo de Maron Dolphin Shlomo Baime propuso una carta de intención a los efectos de instalar la fábrica textil, proceso que demanda según dijeron doce meses para su puesta en marcha.

En mayo de este año el Ministerio de Seguridad de Santa Fe adquirió 8 mil chalecos antibalas a Fabricaciones Militares por un monto total de 95.603.520 pesos. El precio por unidad de cada pieza fue de 11.950,44 pesos por un nivel de protección RB2, que protege del impacto de proyectiles calibre 357 de alta velocidad y 9 milímetros de media velocidad. Hoy la compañía israelí produce chalecos RB3 _que son de mayor capacidad de protección_ a 475 dólares, lo que orilla los 7.510 pesos la unidad. Los representantes de Marom Dolphin le dijeron a Galfrascoli, que los valores serían más bajos de fabricarse en Argentina. En mayo pasado la provincia compró 150 chalecos RB3 a un valor de 13.450 cada uno.

"Es una cuestión a analizar porque estos productos tienen aranceles aduaneros y además pagan IVA por lo que una importación difícilmente de chalecos no sería a 475 dólares", dijo Martín Pullaro, subsecretario de Tecnología de Seguridad, también presente en Israel. No obstante la factibilidad de instalar una planta cambia la ecuación.

La empresa propone una compra inicial de 8 mil unidades para viabilizar la instalación. El insumo que no se fabrica en el país es el kevlar, material de fibra sintetizada de alta dureza que protege de impactos de proyectiles de alta velocidad.

Las últimas provistas de chalecos antibalas produjeron una polémica que aún persiste en la Legislatura. Los senadores Armando Traferri y Rubén Pirola piden detalles de la compra directa a Fabricaciones Militares (FM) que hizo la provincia debido a que se desestimó la oferta más económica. También demandaban respuesta sobre el vencimiento de esos pertrechos. El gobierno aduce que compró los insumos de FM porque pasaron los test de aptitud que no aprobó el otro oferente, Cuppari, que según fuentes de Seguridad tenían una fuerte asociación con funcionarios del Departamento Logística (D4) de la Jefatura de Policía de Santa Fe que fueron acusados de delitos en contrataciones con dinero público.