La Cámara de Senadores de la provincia convirtió ayer en ley el proyecto que declara de “utilidad pública y sujeto a expropiación” a la Quinta de Funes, que fue utilizada como centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar. La iniciativa ya contaba con media sanción de Diputados, que la aprobó el 15 de octubre del año pasado.
Los senadores santafesinos votaron por unanimidad la ley que “declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en ruta nacional Nº 9 sin número de la ciudad de Funes, remitida el 16 de marzo de este año por el Poder Ejecutivo para que fuera tratado en sesiones extraordinarias.
Miguel Cappiello, senador por el departamento Rosario, consideró que la ley de expropiación de la Quinta de Funes “es un hecho de justicia y fundamentalmente de dar cumplimiento a mantener viva la memoria de lo que sucedió con el golpe de Estado de hace 40 años, donde en esa quinta el genocida (Leopoldo) Galtieri y otros más como (Daniel) Amelong o (Pascual) Guerrieri llevaban a gente, la torturaban y los asesinaron, incluso a una mujer embarazada”.
La idea de expropiar y convertir a la Quinta en un museo data de 2006, aunque no prosperó hasta el año pasado cuando se presentó otra iniciativa en la Cámara de Diputados que sí fue aprobada. El lugar fue señalizado como centro clandestino de detención el 4 de marzo pasado, y ahora, tras el voto del Senado, solo resta la promulgación de la ley por el Poder Ejecutivo, que luego deberá implementarla.
El dirigente socialista señaló que “el voto a favor de esta ley fue un momento de cierta emoción porque uno ha tenido en esa época compañeros desaparecidos y muertos, que si bien no pasaron por ese lugar, debemos recordarlos”.
El legislador indicó que el destino que se le dará al predio no está definido en la flamante norma, pero “tendrá que ver con todo esto, este expediente contiene además la ordenanza del Concejo municipal de Funes que pone también a esa quinta sujeta a expropiación; seguramente habrá un museo y una historia que se tendrá que contar para aquellos que no vivieron esa época, lo mismo que ocurrió en la Esma y otros tantos centros clandestinos de la Argentina”.
Y remarcó que “como dice en los fundamentos del proyecto, las heridas no van a cerrar mientras siga alguno de los genocidas sin condena”, y se congratuló de que la aprobación fue “por unanimidad”.
El proyecto original, elaborado por las diputadas Alicia Gutiérrez, Inés Bertero y Verónica Benas, y los legisladores Eduardo Di Pollina y Eduardo Toniolli, había sido aprobado sobre tablas y por unanimidad en la Cámara baja. La ley establece que se debe conservar la edificación existente en el estado actual en la medida necesaria para resguardar los valores testimoniales que hacen a su valor histórico y cultural.
La ciudad de Funes había iniciado hacía años un proceso de recuperación de su memoria histórica, expresado en movilizaciones, celebraciones públicas, actos de reivindicación bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia, y concretado en la Marcha Multitudinaria, la señalización de la Quinta de Funes, la constitución de la Comisión por la Memoria y el Colectivo Funes por la Memoria. Y, también, en la restitución de la identidad, militancia y compromiso de la ciudadana desaparecida Ana María Gurmendi, docente funense secuestrada que permaneció en la Quinta de Funes en 1977 y asesinada en la Intermedia en 1978.
Condenados. El 10 de abril de 2010 el Tribunal Federal Nº 4 de Rosario condenó a los represores Pascual Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Fariña, Eduardo Constanzo y Walter Pagano por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos, desaparición física y homicidio, calificados por alevosía, de los militantes políticos detenidos desaparecidos: Jorge Novillo, Stella Hilbrand de Del Rosso, Eduardo Toniolli (esposo de Alicia Gutiérrez y padre de Eduardo Toniolli), Raquel Negro, Carlos Laluf, Marta María Benassi, Miguel Angel Tossetti, Oscar Capella, Marta María Forestello, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Pedro Retamar, María Reyna Lloveras y Teresa Soria de Sklater; privación ilegítima de la libertad de Tulio Valenzuela y Raquel Negro, y tormentos contra Jaime Dri (único sobreviviente del campo Quinta de Funes) y el resto de los mencionados.
La expropiación de la Quinta de Funes implica la constitución de un espacio de memoria histórica en ese predio de dos hectáreas. El Poder Ejecutivo deberá en su reglamentación instrumentar cuáles serán los usos concretos. Cabe recordar que existe un proyecto local de instalar un establecimiento educativo público al que se denominará “Ana María Gurmendi”.
