La multisectorial Paren de Fumigarnos y un grupo de diputados provinciales de diferentes bancadas políticas presentaron ayer en la Legislatura un nuevo proyecto sobre agroquímicos que propone prohibir las fumigaciones aéreas y establecer un límite mínimo de 1.500 metros para las aplicaciones terrestres, además de endurecer las exigencias para aplicadores y para la gestión de envases usados de esos productos.
Carlos Manessi, de esa organización ambientalista, aseguró tener "buenas expectativas" con este nuevo proyecto después de varios años perdidos en torno a la llamada "ley Bertero", que tras fuertes debates y cuestionamientos fue dejada de lado este año por el propio gobernador Miguel Lifschitz, quien omitió enviarla para su tratamiento legislativo.
Manessi, también anticipó una discusión "tremenda" ya que —según evaluó— "el agronegocio tiene sus representantes en la Legislatura y ellos se van a oponer".
Acompañamiento
"Este proyecto está acompañado por buena parte del arco político y eso es algo muy bueno, porque demuestra que es un problema trasversal que atraviesa a la sociedad y a todos los partidos" señaló el referente social.
Es que el proyecto fue presentado por el legislador Carlos del Frade del Frente Social y Popular (FSyP) y contó con los apoyos de Mercedes Meier (del mismo partido), Rubén Giustiniani, Silvia Ausburger y Palo Oliver del Frente Progresista (FPCyS), Patricia Chialvo y Silvia Simoncini del Frente para la Victoria (FpV), Claudia Giaccone (Justicialismo) y Verónica Benas (Pares).
La propuesta busca modificar la ley 11.273 que regula la aplicación de agroquímicos en la provincia y que quedó vieja, ya que fue sancionada en 1995, incluso antes de que se autorizara en la Argentina el cultivo de semillas modificadas genéticamente.
"Hoy, a 20 años de la incorporación masiva del cultivo de OGM en Argentina, es imposible negar que la salud de la población que convive con esta producción está reflejando muestras evidentes de una agresión de gran magnitud que se expresa en malformaciones, cánceres y abortos espontáneos" dice el proyecto entre sus fundamentos.
El objetivo primero del proyecto es "la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrícola", estableciendo para este fin "los principios rectores para la utilización de agroquímicos dentro de todo el territorio provincial", a los efectos de "evitar la contaminación de los alimentos, del ambiente y la salud humana".
Para lograr ese objetivo, se propone prohibir en Santa Fe la aplicación aérea de plaguicidas, agroquímicos y/o biocidas químicos o biológicos utilizados para el control de plagas.
Respecto de las aplicaciones terrestres estipula un límite mínimo de aplicación de 1.500 metros respecto a las plantas urbanas, escuelas, parques industriales, complejos deportivos, barrios privados y zonas de interés turístico así como de áreas naturales protegidas y costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados en la cartografía oficial.
"El área de exclusión de agroquímicos quedará delimitada por la línea 0 del ejido urbano y hasta los 1.500 metros. De los 1.500 metros hasta los dos mil metros sólo se podrá utilizar agroquímicos de clase III y IV; desde los dos mil metros hasta los tres mil metros, sólo se utilizaran agroquímicos de clase II, y desde los tres mil metros en adelante sólo los productos de clase Ia y Ib", se detalla.
También se busca que queden prohibidas en todo el territorio provincial las aplicaciones de productos agroquímicos en banquinas ubicadas en los ejidos municipales y/o comunales, como así también en las rutas provinciales y rutas nacionales que transiten por la provincia.
Para Manessi si bien "se perdió tiempo" con la ley Bertero hoy en día la sociedad "tiene más conocimiento sobre el tema". "Es increíble lo que sucede, nosotros hace 10 años que alertamos sobre los agroquímicos y hace dos años que la OMS dijo que es un probable cancerígeno, y aquí en el país el glifosato se sigue vendiendo como agua bendita".
Aplicadores
El proyecto de ley también contempla exigencias más duras para la venta y la aplicación de los agroquímicos en Santa Fe. Por un lado, pide que los expendedores de esos productos se inscriban en un registro. Además propone que los dueños de los equipos de aplicación terrestre soliciten a los municipios que posean convenios con la autoridad de aplicación su matriculación.
También se establece que las personas físicas o jurídicas que se dediquen a realizar trabajos de pulverización terrestre por cuenta de terceros o para uso propio deberán requerir de un ingeniero agrónomo matriculado para la habilitación de los equipos.
Por último, el proyecto sostiene que los locales destinados a depósito de agroquímicos deberán estar fuera del radio urbano y a una distancia no menor a las establecidas para las aplicaciones terrestres, y que los depósitos de agroquímicos y fertilizantes que se encuentren dentro del radio urbano deberán trasladarse de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
El objetivo del proyecto es "la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrícola"