Por Mariano D'Arrigo
Como el Prestige, el buque petrolero que naufragó en noviembre de 2002 en Galicia y causó un desastre ecológico en las costas de España, Francia y Portugal, el hundimiento de Marcelo Sain y sus laderos provoca una marea negra que contamina el sistema institucional de Santa Fe en el corto, el mediano y el largo plazo. Y en un área más que delicada de la vida pública: la seguridad.
Imputado por los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg como jefe de una asociación criminal que operaba en el ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigaciones, Sain es considerado como una figura tóxica por casi todo el sistema político santafesino.
Lejos quedaron los tiempos en que socialistas, radicales y peronistas se veían seducidos por la labia del profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y lo veían como parte de la solución y no, como ahora, una pieza central del problema.
Después de asesorar al gobierno de Miguel Lifschitz que tenía como ministro a Maximiliano Pullaro y veía con alarma cómo había crecido la bola de nieve de la violencia narco durante los mandatos de Hermes Binner y Antonio Bonfatti, Sain ganó el cargo de director del Organismo de Investigaciones y tras el regreso del peronismo al poder fue elegido para conducir la cartera más caliente.
Sólo el gobernador Omar Perotti y su entorno más cercano saben qué buscaron al fichar al criminólogo. Lo que está claro es que la estrategia, que desbordó y por mucho la esfera de la seguridad, falló en todos los planos.
En ese derrotero se abroquelaron radicales y socialistas, la Casa Gris perdió a casi todos los aliados que aportaron al triunfo electoral de 2019, la ola de crímenes sólo creció y las sucesivas intervenciones de Sain pusieron a la provincia varias veces al borde de la crisis política e institucional.
“Marcelo siempre fue igual, pero nunca había estado en la punta de la pirámide. Siempre tuvo arriba a tipos como Juampi Cafiero o Aníbal Fernández, gente con trayectoria y experiencia política, que lo frenaban y que no iban a permitir que hiciera cualquier cosa. Acá el problema fue que el gobernador no le pudo poner límites y lo sostuvo demasiado tiempo, más allá de que le haya servido en algún momento”, dice una persona que supo trabajar con Sain y ahora integra la larga lista de personas con las que el ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria cortó relación.
En modo campaña, y conscientes de que la causa judicial está fuera del radar de una ciudadanía agobiada por la inflación y la inseguridad, radicales, socialistas y el PRO intentaron pegar los manejos de Sain y los ex funcionarios de Seguridad con la violencia descontrolada. Rosario ya superó el récord de 264 homicidios cometidos en 2013 y todavía falta un mes para cerrar el año.
Más sintomático aún resulta el silencio del peronismo. Salvo por dos integrantes del círculo más cercano de Perotti, la ministra de Gobierno, Celia Arena, y el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, nadie intervino públicamente en favor de Sain o del propio gobernador, que firmó este jueves con el intendente Pablo Javkin un convenio para poner en marcha tres Centros Operativos Policiales en Rosario.
“La causa expone las debilidades del gobierno. Está aislado, sin defensa y el resto del peronismo mira el espectáculo con pochoclos en la mano”, señalan desde un campamento opositor que huele sangre para el año que viene.
La táctica de la Casa Gris de que la causa siga su recorrido en la Justicia y despegarse de Sain podría quedarse corta según cómo evolucione la investigación judicial.
“Si en algún momento Sain se ve acorralado y presenta audios de Perotti dando órdenes ilegales estamos en otro escenario completamente distinto. Los fiscales podrían imputar al gobernador y sería un escándalo institucional sin precedentes. Obviamente hay que ver si eso existe, y si él juega esa carta”, desliza una persona que conoce al detalle el expediente.
Por ahora, Sain y sus ex subalternos no pasan de las acusaciones picantes en redes sociales. Pero conociendo tanto los intereses en juego como los personajes involucrados nadie se atreve a descartar ninguna posibilidad.
Mucho más, en una causa donde el hermetismo con el que trabajaron los fiscales en el largo año que transcurrió entre los operativos de noviembre de 2021 en las sedes del ministerio de Seguridad y la audiencia imputativa del martes y las nunca accidentales filtraciones alimentaron sospechas de todo tipo.
En los pasillos de los tribunales estiman que la causa atravesará todo el 2023. “La investigación a Alvarado llevó tres años y la sentencia recién salió ahora en junio”, remarcan.
El año que viene no será uno más en Santa Fe. No sólo se elige gobernador, senadores, diputados, intendentes, concejales y miembros de las comisiones comunales. También se deben designar a las principales autoridades del MPA: fiscal general y los cinco fiscales regionales. Allí también juega la política.
El operativo de noviembre de 2021 en la sede Rosario del ministerio de Seguridad, un momento clave de la investigación por inteligencia ilegal
Lo cierto es que antes que eso vendrán las audiencias de medidas cautelares. En los próximos días se harán públicas las pruebas que los fiscales recolectaron: textos y audios en que Sain y sus ex funcionarios ordenan perfiles contra políticos, empresarios, sindicalistas y otros actores de la escena pública, hablan de quedarse con fondos reservados de la policía y avalan torturas a personas detenidas. Un nivel donde las denuncias de lawfare se resquebrajan.
Además, esta semana se jugará una partida judicial importante. Los abogados de Sain y los otros imputados pedirán que la causa pase al fuero federal. El argumento: la ley de inteligencia, la 25.520, es una norma nacional.
“Si va al federal la causa queda herida de muerte, no sólo por los pocos recursos sino porque ellos tienen muchas conexiones. Claramente, la competencia es provincial: los funcionarios y los bienes jurídicos son provinciales. Además, la Corte viene planteando que la competencia federal es excepcional. El argumento de que es una ley nacional es falso, porque los códigos Penal y Civil y Comercial fueron sancionados por el Congreso pero los aplican en su gran mayoría los tribunales provinciales”, sostiene un funcionario de alto perfil del MPA.
Más allá del trámite del expediente y la suerte procesal de las personas imputadas, que la Justicia definirá a su tiempo, el escándalo deja huellas políticas profundas. Cualquier coalición que intente una reforma progresista en seguridad en Santa Fe deberá luchar no sólo contra los pesados intereses que se ramifican y avanzan sobre el Estado. También deberá limpiar la mancha que deja en la memoria colectiva la experiencia fallida encabezada por Sain, en la que se impusieron los opacos intereses que se decía combatir.
Por Lucía Inés López
