El incidente ocurrido el pasado martes en Mitre al 900, donde un repartidor que había estacionado su vehículo en un lugar prohibido y fue reducido por dos policías tras una denuncia de inspectores de la Dirección General de Tránsito (DGT) por una aparente resistencia del infractor, expuso ante la opinión pública un cúmulo de situaciones en las que vive sumergida la sociedad en general y la policía en particular. Si algo le faltaba al hecho, fue que uno de los suboficiales que intervinieron dio positivo por consumo de cocaína y fue pasado a disponibilidad, es decir con una alta posibilidad de perder su empleo. De la conversación con algunos uniformados, fiscales y una médica forense surgió la descripción de un perfil policial dentro de una precaria formación profesional, una alta exigencia como “cara de la seguridad pública”, altos niveles de estrés y de pedidos de carpetas psiquiátricas, y la aparición desde hace al menos una década de “consumo de drogas” entre los uniformados. “Y lo de este pibe (el suboficial puesto bajo la lupa) no es el peor caso”, explicó un comisario en actividad con tropa bajo su mando.
Mientras tanto, en la sede del Centro de Justicia Penal el fiscal César Cabrera, de la Unidad de Flagrancia, espera que desde la División Judiciales de la Unidad Regional II le giren las actuaciones respecto al accionar de dos policías motorizados que redujeron al repartidor para determinar si la Unidad de Violencia Institucional abre o no un expediente penal por uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad.
La situación más compleja la tiene el suboficial Iván R., de 43 años, quien dio narcolemia positiva por rastros de cocaína en la sangre en pruebas que se realizan por protocolo cada vez que un empleado policial se ve involucrado en una investigación. En rueda de prensa, la jefa de policía de la provincia y actual regente de la policía rosarina, la directora Emilse Chimenti, respaldó la actuación de sus uniformados. “En ningún momento vi una brutal agresión hacia esa persona, sino que se intentó reducirla mientras se resistía constantemente. No le estaban pegando piñas y patadas al hombre, sino que lo estaban intentando reducir”, expresó. A Ricardo, el repartidor de 37 años, se le formó causa penal por los delitos de resistencia a la autoridad y amenazas.
“Estamos viviendo con altos niveles de estrés y locura que hace que caminemos por la cornisa y ante la menor controversia se genere un chisporroteo con una agresividad mal dirigida. Al estar estresados la agresividad va hacia el que tengo más cerca. Y si a eso le sumás que hay muchachos mal dormidos, que hayan consumido alguna sustancia o medicación, esos elementos abonan una descompensación fácil”, explicó Alicia Cadierno, ex directora del Instituto Médico Legal, médica forense durante 30 años y parte del Poder Judicial durante más de cuatro décadas, poniendo en caja la situación que terminó en un estallido el martes por la tarde en Mitre al 900. “Los forenses revisamos a los detenidos pero también vemos a los que los custodian. Y a los policías los ves mal dormidos, exigidos por sus funciones y también porque tienen que hacer adicionales para conformar un sueldo digno; tensos porque ponen la cara todo el tiempo, y esos elementos hacen que el cuerpo entre en descontrol”, analizó.
“La cantidad de carpetas médicas por psiquiatría en la fuerza policial es altamente preocupante”, agregó la forense. Según el último Censo Policial realizado en la provincia en forma anónima y publicado en marzo pasado, más de un tercio de los entrevistados (34.1 por ciento) admitió haber requerido carpetas médicas por salud mental. Del total de 21.490 policías santafesinos registrados por el Ministerio de Seguridad, 19.120 contestaron este censo, es decir un 89 por ciento de los uniformados.
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“No tenemos que olvidar que el personal policial es parte de la comunidad. Cada vez está más exigido”, planteó Cadierno. “Están expuestos permanentemente a un estrés que descompensa la psiquis y no se puede sostener en el tiempo ese nivel de inestabilidad. A eso hay que sumarle la falta de sueño y de descanso, y como repercute eso en problemas conyugales, de familia y de convivencia con los hijos. Es una sumatoria de circunstancias que en el personal policial está potenciado. A veces es más importante la preparación de los policías que la cantidad de efectivos. Y darles el respaldo para que se sientan legitimados en su función de custodios de la integridad pública”, indicó la forense.
“Para optimizar la fuerza policial se requiere legitimación de la importancia radical que tienen para la comunidad. Para eso son fundamentales la formación, la capacitación y la apoyatura psicológica y propender al descanso necesario para evitar la descompensación psicofísica. Además deben ser provistos de los equipos adecuados. Después, si se corrompe hay que caerles con todo”, indicó.
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La jefa de policía de provincia, Emilce Chimenti.
Policía rosarina
La policía de Rosario tiene poco más de 4.485 efectivos, según el Censo Policial de marzo, dispuestos en tareas de prevención y administrativos. A ese número de efectivos se le deben sumar alrededor de 600 efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Y desde la mañana de este viernes esa dotación se verá incrementada en 500 efectivos egresados del Instituto de Seguridad Pública (Isep), según informó el Ministerio de Seguridad.
“El Isep es una mentira”, dijo un comisario con 20 años de carrera. “Estos egresados salen con menos de 6 meses de instrucción. Entraron el 2 de noviembre pasado y como hay pandemia los dividieron en dos grupos. Estuvieron en el Isep dos semanas por mes. Restale las vacaciones de enero. Volvieron el 1º de febrero e hicieron dos semanas por mes. Te dicen que la instrucción es de dos años pero es todo mentira”, explicó el oficial. “Hay mucho consumo (de drogas) entre los policías en los últimos 10 o 12 años. Proporcional a la sociedad. Los policías no vivimos en un plato volador. Para entrar al Isep no se hace test de narcolemia y desde que yo recuerde (en 20 años) jamás se hizo algo así de manera masiva en la regional” Rosario, indicó el policía.
En octubre pasado Walter Ghione, diputado provincial de Santa Fe y presidente nacional del partido UNO (Una Nueva Oportunidad) presentó una propuesta en la Legislatura de implementar de manera obligatoria la detección de eventuales adicciones, mediante test como la rinoscopia, en aspirantes a policías en la provincia. "La idea es que haya un diagnóstico previo para saber quienes tienen problemas de adicción con sustancias ilegales”, explicó.
“Hay muchachos que viven en modo «trabajo de policía, meto adicionales». Y así todo el tiempo. Muchos no son de acá porque a los rosarinos no les interesa ser policías por el sueldo que se paga (alrededor de 65 mil pesos el ingresante más obra social) y han llegado muchos pibes del norte. Están tratando de hacer un mango más para mantenerse y mandarle a la familia. Y no te podes dormir. Muchos toman un «ayudín» (cocaína o pastillas) para no dormirse. Pero tenes que estar. Nosotros andamos con un fierro en la cintura y eso no es joda”, indicó otro policía consultado.
“Nosotros ya nos vamos. En nuestros tiempos los vicios eran «putas y alcohol». Pero vivíamos en la taquería. Esa era nuestra casa. En los último diez años con los pibes más nuevos empezó el consumo de falopa. Y hay casos muy graves”, agregó otro oficial. “Cuando pasan cosas excepcionales _como un enfrentamiento o que se descubre que hay consumo_ te mandan al psicólogo pero todo eso es humo. Nadie te hace seguimiento o te da contención. Estás solo. Sabés cuando se han pegado un corchazo porque no le encontraron la vuelta”, agregó. Según el Censo Policial, un 44.6 por ciento indicó que no recibió apoyo psicológico ante ante una situación crítica que hubieran experimentado en sus trabajos. Por la afirmativa fueron 5.4 por ciento. El 50 por ciento que completó el total dijeron no haber necesitado psicólogo.
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Marche preso. Ricardo, el repartidor que cometió una infracción de tránsito, es conducido a la comisaría 2ª.
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Desde el 14 de febrero de 2014, cuando entró en funcionamiento el nuevo sistema procesal penal en la provincia, el número de policías implicados en hechos ligados a las violentas contiendas territoriales en el contexto del narcomenudeo se fue incrementando. Tanto es así que ya no sorprende ver a policías sentados en el banquillo con delincuentes. “El problema de los policías merqueros tiene que ver con su función. Si no tuvieran una placa y una pistola provistas por el Estado estaríamos hablando sólo de un enfermo. Parte de la actuación que tienen los policías en el mercado de la droga tiene que ver con la dinámica de los policías consumidores. Hay policías que son socios de los transeros. Participan directamente del negocio y se llevan una parte de la torta. Son miembros de la banda”, explicó un fiscal acostumbrado al seguimiento del crimen organizado.
“Pero están los otros, policías consumidores, que tienen arreglos con puntos de ventas o delires sólo para ganarse la «bolsita» (cocaína) para consumir ellos. Los hacen zafar a pibitos que venden o les avisan que los van allanar. Pero si los pibitos se duermen, los policías les chorean la droga y la plata. Ahí no hay matices. Es plata o mierda”, agregó el fiscal consultado. A partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 25 de agosto de 2009 conocida como “fallo Arriola”, los jueces argentinos dejaron de perseguir el consumo personal de drogas, aunque siempre puede haber una excepción a la regla. Claro está que los policías no están amparados por el espíritu de esa norma por tratarse de integrantes de una fuerza pública que va armada y tiene responsabilidad sobre la vida de otros.
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Censo y respuestas
En Censo Policial, en el ítem “Inseguridad, causas y respuestas”, consultó a los policías respecto a los problemas vinculados con la inseguridad, destinados a rescatar las percepciones y opiniones de los uniformados que prestan servicios en la Unidad Regional II. Una de las preguntas fue: ¿Cuáles de las siguientes problemáticas sociales actuales considera usted más preocupantes en la provincia de Santa Fe? Y la respuesta fue el tráfico de drogas y narcotráfico (52,7 por ciento), la criminalidad (33,9 por ciento), la desocupación (33,4 por ciento) y el consumo de drogas ilegales (33,2 por ciento).
A la pregunta: ¿Cuáles son las principales causas de la inseguridad urbana?, los uniformados hablaron de la expansión del narcotráfico (63,8 por ciento), la escasa severidad de las leyes penales (40,5 por ciento) y la escasa severidad de jueces penales (30,2 por ciento). Respecto al aumento de homicidios en los últimos ocho años la consulta fue: ¿Cuáles son las causas fundamentales de ese incremento?. El 80% lo atribuyó al narcotráfico, el 45% a la circulación de armas, el 34% a la falta de severidad de las leyes penales y un 33,7% a la falta de severidad de la Justicia penal.
