¿Qué entendemos por soberanía? ¿Qué implica la reivindicación del ejercicio de soberanía? ¿Con qué herramientas cuenta actualmente el Estado Nacional para fortalecer su soberanía sobre el Atlántico Sur y en continente antártico?
¿Qué entendemos por soberanía? ¿Qué implica la reivindicación del ejercicio de soberanía? ¿Con qué herramientas cuenta actualmente el Estado Nacional para fortalecer su soberanía sobre el Atlántico Sur y en continente antártico?
La literatura de las Relaciones Internacionales plantea que la Paz de Westfalia de 1648 simboliza el inicio del sistema internacional tal como hoy lo conocemos: un sistema anárquico que no cuenta con un poder ordenador superior y que está conformado por diversos actores con capacidad de incidencia en las temáticas mundiales entre los cuales los estados son las unidades políticas centrales y prevalentes.
En términos teóricos, dichos estados son formalmente iguales e independientes entre sí en tanto son soberanos. La soberanía implica que el Estado, en tanto entidad política que rige la organización de quienes habitan su territorio, determina libremente y sin interferencias externas sus asuntos domésticos e internacionales con criterios autónomamente fijados a través de sus propios procesos y sin estar sujeto a ninguna autoridad superior.
En este punto, cabe señalar que la dimensión geográfica de la soberanía es central, ya que a nivel nacional el territorio delimita el área de jurisdicción estatal y a nivel internacional define las fronteras entre Estados, siendo las disputas por territorios y fronteras internacionales una de las principales causas de conflictos y guerras interestatales.
Por tanto, en términos conceptuales, es posible afirmar que no podemos pensar al Estado moderno separado del concepto de soberanía. La soberanía es un elemento constitutivo del Estado moderno, junto con la población, el territorio y el monopolio legítimo de la fuerza.
Junto a las mencionadas categorías, encontramos otra intrínsecamente relacionada que nos permite pensar en el ejercicio de la soberanía: el interés nacional. Si bien hay diferentes definiciones sobre lo que significa, como acontece con todos los conceptos construidos socialmente, en términos generales puede decirse que implica la representación de aquellos intereses del Estado que son fundamentales para preservar y mejorar el posicionamiento internacional en función del bienestar de su población y la seguridad de su territorio. La naturaleza y los contenidos concretos de lo que cada Estado en un determinado momento histórico valoriza como sus intereses nacionales depende del contexto político y cultural y de los actores nacionales que toman las decisiones públicas.
En este sentido, podemos decir que el ejercicio de la soberanía estatal tiene lugar a través de generación de normativas regulatorias y el desarrollo de políticas públicas sobre el territorio –terrestre, marítimo y aéreo- en función de los intereses nacionales.
Estas abstracciones conceptuales nos permiten reflexionar sobre la soberanía argentina sobre su espacio marítimo, teniendo en cuenta que el litoral marítimo del país tiene una extensión de 4.725 km y los espacios marítimos continentales, insulares y antárticos cubren una superficie de 6.683.000 km2 y que en el mismo hay dos situaciones de restricción del ejercicio pleno de soberanía: las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes y la Antártida.
La disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes deviene de una situación de colonialismo reconocida por Naciones Unidas en la denominada “Cuestión Malvinas ”.
Debemos entender al colonialismo como un sistema de dominación política y militar de un Estado sobre un territorio por fuera de sus fronteras y que no le pertenece. En este sentido, debemos ser conscientes de que la ocupación ilegal inglesa no sólo es sobre archipiélagos, sino también en grandes porciones de océano e islas (aproximadamente 1.6 millones de km2) que cuentan con invaluables recursos naturales de los cuales se beneficia la potencia extranjera.
En actos unilaterales que desconocen las resoluciones de Naciones Unidas, el Reino Unido lleva adelante acciones de ocupación a menos de 200 millas de las costas patagónicas. Entre ellos podemos subrayar que estableció en 2012 una de las mayores áreas marítimas protegidas del mundo en la zona de Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Mientras tanto, extiende licencias de pesca alrededor de Malvinas, las cuales son el principal ingreso en el presupuesto de los isleños alcanzando casi el 40% del PBI de la isla y aplica medidas de conservación. Asimismo, extiende licencias y permisos para la exploración de hidrocarburos, un tema esencial en el marco de las tensiones mundiales en torno a las reservas de petróleo y gas para los próximos decenios y en los cuales el Estado tendrá un rol central en su gestión.
En la zona en disputa, Argentina no puede aplicar sanciones por explotación ilegal y se encuentra limitada para regular el tránsito marítimo y desarrollar medidas para la protección del medio ambiente y la explotación sustentable de los recursos vivos y geológicos oceánicos, lo cual no solamente tiene efectos económicos sino también en el abordaje integral para la conservación de la flora y fauna.
Argentina fue el primer país del mundo en asentarse de forma permanente en la Antártida en febrero de 1904, luego de adquirir la instalación meteorológica escocesa en las islas Orcadas del Sur. Posteriormente ese mismo año se creó la Compañía Argentina de Pesca, conformada por capitales argentinos y reconocida estatalmente, la cual se instaló en las Georgias del Sur para realizar la caza de ballenas en la Antártida.
A partir de estas acciones se comenzó a consolidar la “ocupación efectiva” del territorio antártico demostrando el interés por el ejercicio de la soberanía a través de actividades concretas, en este caso científicas y productivas. Además, en base a los argumentos de contigüidad geográfica y continuidad geológica con el territorio argentino, la ocupación ininterrumpida más antigua, y la herencia española, entre otros, Argentina comenzó a reivindicar soberanía sobre el denominado “Sector Antártico ”, que forma parte del territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Ley 23.775).
Pero junto con Argentina, a mediados del siglo XXI otros países comenzaron a demostrar interés por el continente blanco organizando expediciones e instalando bases, de los cuales siete presentaron reclamos de soberanía -Chile, Reino Unido, Francia, Noruega, Australia y Nueva Zelanda- sobreponiéndose el sector reivindicado por Argentina de manera total con el británico y parcial con el chileno.
Ahora bien, ¿por qué hablamos de “reclamos de soberanía” y no de soberanía estatal efectiva? Porque en el marco de la Guerra Fría, con el objetivo de evitar conflictos armados por el territorio antártico, se negoció el Tratado Antártico, firmado en 1959 y vigente desde 1961. En virtud del mismo, el área al sur de los 60º sur son utilizados exclusivamente con fines pacíficos y científicos (desmilitarizados y desnuclearizados) y se resguardan los reclamos de soberanía al establecer que ninguna disposición o actividad puede interpretarse como una renuncia o menoscabo de los mismos y que no se pueden ampliar estos o presentarse nuevos.
El tratado dio lugar al denominado “Sistema del Tratado Antártico”, que es un entramado de acuerdos que regulan esferas tales como la protección ambiental y la administración de recursos mineros y marítimos. Asimismo, se creó una Secretaría que funciona en la ciudad de Buenos Aires.
Un punto a subrayar es que el Tratado Antártico carece de límite temporal y sigue vigente hasta que las partes lo decidan. Sin embargo, surgen confusiones y se suele escuchar que “vence” en 2048. Esto se debe a que el sistema prevé procesos de revisión y enmienda de los acuerdos y en este sentido, en el año 2048 los estados partes podrán optar si revisan y eventualmente modifican el Protocolo de Medio Ambiente que forma parte del sistema.
En este contexto, cabe indicar que Argentina continúa con acciones de ocupación efectiva. Posee trece bases (siete permanentes y seis transitorias que sólo funcionan en primavera), dos administradas directamente por la Cancillería -Carlini y Brown- y once por el Comando Conjunto Antártico dependiente del Ministerio de Defensa - Orcadas, Marambio, Esperanza, San Martín, Belgrano II, Melchior, Decepción, Cámara, Primavera, Matienzo y Petrel-. Cabe señalar que Petrel nuevamente pasó a ser permanente este año luego de que se realizarán obras de reconstrucción tras el incendio que sufrió en la década del setenta y que además se está construyendo allí una pista de aterrizaje, que será una base alternativa a Marambio.
Asimismo, en los meses de verano se organizan campamentos de investigación del Instituto Antártico Argentino en sitios que están alejados de las bases antárticas. Todas las acciones se encuadran en el denominado “Programa Nacional Antártico” del Instituto Antártico Argentino (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto), el cual promueve la coordinación de diferentes líneas de investigación provenientes del CONICET y las universidades.
A diferencia de la zona en disputa con el Reino Unido, donde Argentina no tiene posibilidades de desarrollar acciones de soberanía en el territorio, en el caso de Antártida ha mantenido ininterrumpidamente actividades de presencia de acuerdo a lo establecido en el marco del Sistema del Tratado Antártico. En la misma línea, pueden señalarse una serie de recientes decisiones y políticas que tienen como objeto el Atlántico Sur en función de los intereses nacionales de desarrollo y presencia oceánica.
En primer lugar debe resaltarse la aprobación del nuevo límite exterior de la plataforma continental presentada por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental de conformidad con la Convención ONU sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) que extendió los derechos argentinos de exploración y explotación sobre el lecho y subsuelo marítimo más allá de la milla 200, incorporando a la Plataforma Continental Argentina 1.782.500 kilómetros cuadrados.
Esta ampliación del territorio profundiza el desafío del control sobre las actividades legales y las acciones ilícitas, cometidas tanto por actores nacionales como internacionales, con recursos presupuestarios y medios limitados. No obstante, se han dado importantes pasos en los últimos dos años, tales como: la creación del Comando Conjunto Marítimo que tiene como propósito el control y la vigilancia de los espacios marítimos y fluviales; la adquisición de cuatro patrulleros oceánicos franceses que se incorporaron a la División Patrullado Marítimo; la modificación de la ley que regula el régimen federal de pesca por lo cual se actualizan los montos de las multas, entre otros puntos; la instalación de un radar de vigilancia y control aéreo en Río Grande para potenciar la capacidad de vigilancia y control aeroespacial atlántico, el cual forma parte del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA); o el proyecto iniciado para que el astillero nacional TANADANOR construya un buque polar en conjunto con una compañía finlandesa.
Asimismo se destaca el relanzamiento de la Iniciativa Interministerial Pampa Azul, la cual bajo el lema “una mirada sostenible sobre el Atlántico Sur”, tiene como principal meta promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación para preservar y gestionar efectivamente los bienes marinos. Para ello, la iniciativa cuenta con fondos provenientes del Fondo Nacional para la Investigación e Innovación Productiva de los Espacios Marítimos Argentinos (FONIPROMAR).
Por otra parte, es también importante señalar la labor que se realiza en el marco del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas en las áreas Namuncurá - Banco Burdwood I y II y Yaganes, las cuales se encuentran dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, es decir, no son costeras y tienen como propósito contribuir a la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas marítimos australes.
Finalmente, un punto relevante a tratar con vistas a la revalorización del Atlántico Sur como eje del desarrollo nacional está vinculado a la cartografía, en tanto las representaciones del territorio inciden sobre la manera de visualizarlo y concebirlo por parte de la sociedad que lo habita.
A simple vista, la elaboración de un mapa puede parecer el resultado de decisiones estrictamente técnicas. Sin embargo, debemos considerar que la cartografía cristaliza valores, intereses y relaciones de poder de un determinado momento histórico y de una sociedad dada. Podemos tomar como ejemplo los primeros mapas confeccionados por los europeos entre los siglos XVI y XIX, los cuales respondían a los intereses de la expansión colonialista y utilizaban una proyección donde Europa era casi tan grande como África.
En este sentido, es muy valiosa la utilización del mapa bicontinental elaborado por el Instituto Geográfico Nacional. El mismo representa la extensión completa del país, incluyendo al continente americano y al antártico en la misma escala, y visibilizando aquellos sectores sobre los cuales se mantienen reclamos de soberanía. De este modo nos invita a comprender mejor qué intereses nacionales, tanto políticos como económicos, están en juego en el convulsionado tablero geopolítico del siglo XXI.
A pesar de que resta mucho por hacer en lo que corresponde al control y desarrollo sustentable en el Atlántico Sur, no debemos perder de vista que el Estado argentino despliega en sus espacios marítimos políticas productivas, medioambientales, científicas y comerciales que deben continuar fortaleciéndose a partir de abordajes integrales que contribuyan a consolidar los intereses nacionales en este gran territorio azul.
(*) Carla Morasso es licenciada en Relaciones Internacionales y docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Actualmente es vicerrectora de la UNDEF (Universidad Arg de la Defensa).
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