Revelan vaciamiento de una corredora que debe $400 millones

La síndica a cargo del concurso de la corredora Sebastián Grimaldi SA emitió un durísimo informe en el que describió con pelos y detalles lo que consideró "un proceso de vaciamiento", iniciado más de un año antes de declararse en cesación de pagos. La investigación de la funcionaria judicial se tramita en paralelo con la que se realiza en el fuero penal, donde recientemente el fiscal Artacho Ríos imputó al propio Sebastián Grimaldi por el delito de estafa.

El escrito de la síndica Rosalía Taborda quedó recientemente incorporado al expediente, en el marco de su informe general (instancia en la que el órgano judicial brinda su opinión sobre las causas de la crisis). Allí describió una serie de maniobras realizadas por la firma durante el ejercicio 2017/18, iniciado ante la evidencia de una situación que tarde o temprano terminaba en un default. "La propia concursada sabía que no podría afrontar la deuda, por lo que comenzó un proceso de vaciamiento", aseveró.

La crisis de Grimaldi explotó a principios de 2019. Según las diferentes investigaciones en curso (debe sumarse una de la Justicia de Córdoba), la caída se produjo por maniobras presuntamente delictivas, coordinadas desde las firmas del grupo -la corredora y el acopio Leones Agropecuaria-. Actuando de manera conjunta, las empresas habrían incurrido en estafas contra diferentes actores de la cadena del agro, a quienes compraron cereal pero jamás le pagaron.

"La verdadera causa del desequilibrio económico fue la asunción de una deuda excesiva, sin motivo, sin respaldo en activos de rápida liquidación. El intento irresponsable de afrontarla con recursos que no eran propios (sino de los productores que le confiaron la comercialización de sus cosechas) causó la debacle de toda la organización empresarial", explicó Taborda, que asumió la sindicatura tras el desplazamiento de su antecesor, sospechado de connivencia con el fallido.

Si bien el párrafo precedente no revela nada nuevo, el informe de la profesional sí arroja novedades en lo que refiere a revelaciones respecto a maniobras realizadas en la empresa más de un año antes del default. "La situación era evidente y la propia concursada sabía que no podría afrontar la deuda, por lo que comenzó un proceso de vaciamiento", concluyó Taborda, luego de explicitar que durante el ejercicio cerrado en marzo de 2018 se sextuplicó el ratio de endeudamiento.

A pesar de contar con "escasos elementos contables", la síndica pudo detectar varias maniobras que prometió denunciar en sede penal. Uno de ellos es que en el ejercicio 2017/2018 se triplicó el cobro de honorarios del directorio respecto a lo aprobado en asamblea. En paralelo a ello, los retiros realizados por socios en ese mismo período (que ascendieron a $3,2 millones) no se contabilizaron como reparto de dividendos, sino como deuda a favor de la sociedad, una jugada que le permitió incrementar el patrimonio neto "un 46% por encima del real".

"Ese crédito a favor de la sociedad fue literalmente borrado del estado de situación patrimonial presentado al iniciar el concurso preventivo", comentó la síndica, quien a pesar de no contar con información contable del ejercicio siguiente, se atrevió a decir que "tengo para mí que los socios siguieron retirando dinero de la sociedad".

Otra maniobra "grosera" de vaciamiento fue la eliminación contable de un inmueble en Miami (Estados Unidos), decidida por acta de directorio, así como también la venta (ya en período de cesación de pagos) de una cochera en el complejo Maui de Puerto Norte. Asimismo, describió como otra posible vía de vaciamiento "el endeudamiento a través de cheques", un aspecto sobre el que prometió seguir investigando.

"Entiendo que algunas de las maniobras enumeradas precedentemente podrían constituir un delito de acción pública, por lo que formularé la correspondiente denuncia penal", finalizó Taborda, que ya había jugado una carta fuerte en su primera presentación -revelada por La Capital 15 días atrás-, cuando decretó que la deuda de Grimaldi es cinco veces más grande que la calculada originalmente (unos $400 millones).

Vale recordar que el empresario fue imputado a principios de mes por la Justicia penal rosarina, por el delito de estafa en dos hechos (contra el Banco Macro y la agroexportadora Cofco). Merced a un acuerdo con la Fiscalía, Grimaldi mantuvo su libertad.