Política por mano propia

Ausentes o desbordadas las instituciones estatales que deben canalizar y regular los conflictos, sindicatos, movimientos sociales, estudiantes ambientalistas, productores agropecuarios y otros grupos que representan diversos intereses salen a hacer política por mano propia: marchas, cortes, paros, acampes, tomas, lobbies y cualquier recurso que sirva para tratar de imponer sus propios objetivos. A ese panorama, recurrente en la historia argentina, se suman al menos dos nuevos elementos.

Uno es el ajuste que encara el gobierno del Frente de Todos y que ya recalienta la temperatura interna de un dispositivo diseñado para ganar elecciones pero no para gobernar.

El otro es la proliferación de actores que no responden a la lógica de la grieta. Frente a ellos, el gobierno tiene pocas zanahorias en el bolso para contentarlos.

En los distintos casos, el conflicto no lo conduce el Estado -demonizado o idolatrado, según en qué lugar del espectro ideológico se pare cada uno- sino distintas expresiones de la sociedad civil.

Un ejemplo de la incapacidad del Estado para ponerse por encima del abanico de intereses particulares es la ley de humedales. Cuando parecía que tras una larga serie de protestas finalmente la norma encontraba su camino en el Congreso, la intervención de la Mesa de Enlace, los gobernadores y corporaciones que penetran en las dos principales coaliciones frenaron una norma insuficiente por sí sola pero necesaria para ordenar la actividad productiva y, entre otras cosas, evitar que las quemas sigan envenenando a millones de personas en el Litoral.

Por ahora la norma está atrapada en una densa telaraña que tejen distintos jugadores con poder de veto, reforzada por normas -como la propia Constitución- que le dan a las provincias el control de los recursos naturales.

En tanto, el extenso conflicto que protagonizó el sindicato del neumático desbordó primero del ámbito gremial al sectorial y luego a la esfera política. La pulseada entre el Sutna y las empresas del sector bajo la mirada displicente del Ministerio de Trabajo metió todavía más presión a la puja distributiva.

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Alejandro Crespo, líder del sindicato del neumático

Según reconoció esta semana el Indec, en julio los salarios iban en el transcurso de 2022 casi 5 por ciento en promedio por detrás de la inflación y la brecha llegaba a 14 puntos porcentuales en el caso de los trabajadores informales.

En este marco se inscribe la impaciencia del kirchnerismo y el tuit teledirigido de Cristina en el que alertó sobre la suba de la indigencia, advirtió que “las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad” y pidió a Massa “una política de intervención más precisa y efectiva en el sector”.

En el peronismo observan con preocupación que la marcha de la economía no sólo impide reconstruir lazos con la clase media que aportó a las victorias en primera vuelta en 2011 y 2019, también amenaza con agujerear su base de apoyo.

Las organizaciones sociales y los dirigentes sindicales enrolados en distintas corrientes de izquierda se suben al malestar que se expande en los peldaños inferiores de la pirámide social y que abre un gran signo de interrogación sobre cómo pegará en las elecciones de 2023 el cóctel de sentimientos -decepción, pesimismo, incertidumbre, bronca- que vienen detectando los estudios de opinión pública.

Sólo en la siempre estratégica provincia de Buenos Aires el peronismo perdió entre 2019 y 2021 1,7 millones de votos -entre personas que sufragaron en blanco o anularon, optaron por otra fuerza o directamente no fueron a votar- y en los campamentos justicialistas temen que el fenómeno pueda repetirse.

Para evitarlo, el gobierno de los Fernández y Massa necesitan bajar urgente la fiebre inflacionaria para que -por ejemplo- el alza de precios no carcoma el bono para atacar la indigencia que se financiará con parte de los más 8 mil millones de dólares que consiguió el ex presidente de Diputados con el dólar soja.

Todo esto, en medio del corset que impone el Fondo Monetario Internacional y obliga a Massa a presentar un proyecto de presupuesto que desde los propios think tanks del peronismo ya miran de reojo.

Mientras que para el Centro de Estudios Scalibrini Ortiz “parece un presupuesto para un año par”, Cifra -el centro de estudios de la CTA de Hugo Yasky- advierte que la vía que “encaró el nuevo gabinete económico muestra, al menos por el lado fiscal, la salida del ajuste”.

Las organizaciones sociales y los dirigentes sindicales enrolados en la izquierda se suben al malestar presente en la base de la pirámide social Las organizaciones sociales y los dirigentes sindicales enrolados en la izquierda se suben al malestar presente en la base de la pirámide social

En este contexto, la advertencia de Pablo Moyano de que “el paro de los trabajadores del neumático va a ser un poroto con lo que va a hacer Camioneros” anticipa un último trimestre turbulento y el riesgo concreto de que el conflicto espiralice y se salga de cauce, justo cuando la inflación se acerca a los tres dígitos.

Apuesta

En Santa Fe, la pelea que ingresa en una nueva fase es la que mantienen la Casa Gris y Amsafe.

La arriesgada apuesta de la Casa Gris por desgastar la protesta docente a través del paso del tiempo y los descuentos -que pasaron de ser una amenaza en la negociación a ser una realidad en la cuenta bancaria de los trabajadores de la educación pública- tendrá que soportar otra prueba esta semana.

Desde Amsafe observan que la administración de Omar Perotti radicaliza sus posiciones. “Nosotros logramos apoyos en la Legislatura, concejos, autoridades partidarias y el gobierno está muy aislado, quiere quebrar al movimiento docente violando las leyes sobre las paritarias y las asociaciones sindicales, incluso la Constitución nacional, que establece que a igual trabajo, igual remuneración”, cuestiona un dirigente.

En el peronismo observan con preocupación que la marcha de la economía amenaza con agujerear su base de apoyos En el peronismo observan con preocupación que la marcha de la economía amenaza con agujerear su base de apoyos

En el gremio remarcan que cada día que pasa el aumento queda cada vez más retrasado respecto a la inflación pero reconocen que la bronca que circula en los grupos de WhatsApp de las escuelas rosarinas se matiza en el interior de la provincia con una mayor preocupación sobre la deriva del conflicto.

En otros campamentos sindicales tienen una mirada crítica sobre la escalada en la paritaria docente. “Después de cobrar en algunos casos hasta 80 mil o 90 mil pesos menos la gente va a salir corriendo a aprobar la oferta del gobierno. Es una mala salida al conflicto, porque el fantasma de los descuentos siempre había estado flotando y salvo una vez con el socialismo, que después se devolvió, no se habían aplicado. Ahora va a haber un pase de facturas en Amsafe, tanto hacia la conducción provincial, que no pudo dar vuelta una votación que perdieron por 500 votos, y a los sectores más radicalizados que empujaron al paro creyendo que el gobierno no se iba a animar a descontar los días. Por otro lado, se va a exacerbar el antiperonismo en los docentes, para ellos Perotti pasó a ser el enemigo número uno”, dice desde una vista panorámica un dirigente de un sindicato que cerró su acuerdo hace dos semanas.