Dos fiscales federales solicitaron que se envíe a juicio la causa contra Esteban Lindor Alvarado y su ex esposa por lavado de activos provenientes del negocio narco. El pedido fue formulado la misma semana en que finalizaron las audiencias de apelación a la prisión perpetua dictada este año por la Justicia provincial al sindicado jefe narco. Una sentencia que, entre otros delitos, comprende precisamente el de lavado de activos. La existencia de dos causas simultáneas por un mismo asunto es uno de los cuestionamientos que sostuvo la defensa ante los camaristas que revisan la pena dictada a Alvarado como jefe de una asociación ilícita, quienes darán a conocer su veredicto en febrero.
El pedido de que se inicie un juicio federal contra Alvarado por lavado de activos fue elevado este jueves por el fiscal rosarino Javier Arzubi Calvo; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco. Ante el juez federal Marcelo Bailaque solicitaron la apertura de un juicio oral contra Alvarado, de 53 años, y su ex pareja Rosa Capuano, de 35. El juez los había procesado en junio por lavado de activos de origen ilícito y les había trabado un embargo por 30 millones de pesos.
“Se verifica la existencia de una organización criminal liderada por Alvarado que llevaba adelante acciones de narcotráfico”, plantearon ahora los fiscales en las 25 páginas del pedido, donde remarcaron que las actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes “les permitieron obtener cuantiosas sumas de dinero” a los acusados.
La causa cobró impulso el mismo año en que Alvarado acumuló dos nuevas condenas. El 3 de junio pasado fue penado a prisión perpetua en la Justicia provincial por haber instigado el crimen del prestamista Lucio Maldonado, ordenar balaceras contra edificios judiciales, las amenazas a una empleada de la Fiscalía y cinco maniobras de lavado de activos con la compra de propiedades en Funes Hill, Condominios del Alto, Tierra de Sueños, Puerto Roldán y un campo de General Domínguez.
Seis días después llegó a su fin otro juicio oral que se desarrolló en paralelo en los Tribunales Federales de Oroño al 900. En este caso, por el transporte de 493 kilos de marihuana que habían sido secuestrados el 24 de noviembre de 2017 en General Roca, Río Negro. Por esa maniobra hubo cuatro condenados en 2017 y Alvarado fue acusado de comandar el envío. Uno de los condenados era un amigo que lo visitó en prisión y el camión Scania incautado en el que se trasladaba la droga pertenecía a una de sus empresas. Fue condenado a 15 años.
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En mayo, cuando los dos juicios estaban en curso, Alvarado y Capuano fueron imputados por lavado a partir de una denuncia de la Procelac, que detectó presuntas maniobras irregulares entre los años 2012 y 2019. Concretamente, les atribuyeron haber adquirido y puesto en circulación bienes por un valor superior a los 10 millones de pesos con el fin de blanquear dinero de la venta de estupefacientes. En la nómina de bienes figuran seis vehículos, entre autos y camionetas 4x4, una camión y un semirremolque.
Alvarado se defendió diciendo que desde 2012 hasta 2017 estuvo preso —fue condenado en San Isidro por dirigir una banda de ladrones de autos de alta gama en el conurbano bonaerense— por lo que resultaba imposible que desplegara desde prisión las maniobras que le reprochan. También se quejó de que le imputaran lo mismo que ya había sido investigado por la Justicia santafesina.
La causa federal toma buena parte de la prueba obtenida por los fiscales provinciales. Uno de los soportes es el informe patrimonial de la contadora Marina Marsili, empleada del Ministerio Público de la Acusación que en enero de 2019 sufrió un atentado a balazos a su casa, donde días antes habían arrojado la cabeza de un perro. Dos actos por los que Alvarado fue condenado.
El resto de la evidencia está conformado por escuchas y el resultado de allanamientos de la causa provincial, lo que para los fiscales conforma un “contundente cuadro probatorio” de las maniobras de lavado. Indicaron que no es necesario probar el delito precedente sino que basta con inferirlo, al menos de manera indiciaria. El pedido fiscal remarca que las maniobras se concretaron desde las firmas Toia SRL y Logística Santino SRL, ambas conducidas por Alvarado. Señalaron la “habitualidad de la actividad ilícita de los investigados, que se remonta aproximadamente a más de once años”.
Cuestionamientos
“Que la Justicia federal continúe avanzando con el trámite es una prueba clara y cabal de que están juzgándolo dos veces por los mismos hechos”, planteó Pablo Morosano, uno de los defensores de Alvarado. “Uno u otro deberá ser declarado nulo: o la condena provincial por lavado o el procesamiento federal. No se puede juzgar de una manera tan flagrante a una persona dos veces por lo mismo”, indicó.
Ese había sido un reclamo fuerte de los defensores de Alvarado hace dos semanas cuando comenzaron las audiencias de apelación ante camaristas provinciales por la prisión perpetua dictada al jefe narco y las condenas a otras seis personas consideradas parte de la organización. Entonces plantearon la incompetencia del fuero provincial para investigar el lavado. Dijeron que en 2021 el juez Bailaque había declinado su competencia para que los fiscales provinciales pudieran investigar los movimientos de dinero de Alvarado. Pero el año pasado la Cámara de Apelaciones Federal dejó sin efecto aquella decisión del juez y por eso prosperó esta causa que ahora se encamina a juicio. Para los abogados, la competencia en esta materia es del fuero federal.
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En las jornadas de apelación que finalizaron este miércoles plantearon además que no hay prueba de que su cliente haya instigado el crimen de Lucio Maldonado y remarcaron que no tenía ninguna relación con el prestamista ni motivos para eliminarlo. Con respecto a la asociación ilícita, dijeron que ya fue juzgado por ese delito en San Isidro con "la misma prueba" e insistieron en que lo condenan por su “mala fama”.
El propio Alvarado pidió la palabra el último día y dijo que le habían ofrecido una condena a 13 años en un proceso abreviado, supuestamente, a cambio de declarar como informante y brindar información sobre la vicegobernadora Alejandra Rodelas y el senador Armando Traferri; a lo que según sus dichos él se negó porque no estaba dispuesto a “mentir” para beneficiarse. Los acusadores niegan que tal cosa haya ocurrido. Los camaristas Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Mas Varela darán a conocer a su decisión a mediados de febrero.
