Desde noviembre de 2022, el organismo detectó 11 trámites inconsistentes que involucró a 88 ciudadanos y 8 personas jurídicas
Por Claudio González
María Paula Bruera es la directora de la agencia municipal antilavado.
La flamante agencia contra el lavado de activos de origen delictivo de la Municipalidad de Rosario entregó un balance de gestión al Concejo Municipal al cabo de un año de funcionamiento, donde da cuenta que supervisó 312 trámites administrativos de habilitaciones y permisos iniciados ante organismos del Estado local. De ese total, 11 fueron detectados con alguna matriz de riesgo que involucró a 88 personas físicas y a 8 figuras jurídicas.
Más de la mitad de los seguimientos, 57 por ciento, se realizó en tramites iniciados en la Dirección General de Habilitaciones, Industrias, Comercios y Servicios, mayormente por apertura de bares y restaurantes, y en menor medida por venta y alquiler de autos, casas de apuestas, y entidades financieras. Un 40 por ciento de los controles se hizo en la Dirección General de Obras Particulares, principalmente a permisos de edificación; y un 3 por ciento en la Secretaría de Movilidad.
Impulsado por el intendente Pablo Javkin, y tras lograr el consenso político necesario, en agosto de 2022 y con motivo de la particular situación en seguridad que se vivía, y que aún transita Rosario, el Concejo Municipal sancionó la ordenanza 10.370 paras abarcar el “Sistema de Control Económico Financiero”, cuyo objetivo principal es la prevención y lucha contra el lavado de activos de origen ilícito, y que desde hace tiempo tiene una íntima relación con el excedente del narcotráfico.
El principal objetivo de la “agencia antilavado” es generar, recibir y/o procesar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones con fondos de dudosa procedencia; además de crear protocolos para la detección de operaciones sospechosas; crear instrumentos administrativos y canales institucionales para la coordinación y cooperación con otros organismos; brindar asesoramiento, asistencia y entender en la tramitación de los distintos requerimientos judiciales.
Al cumplirse más de un año de la puesta en marcha de la normativa que creó la Agencia Antilavado, se elaboró un balance de la gestión al que tuvo acceso La Capital, y que previamente fue presentado ante el Concejo Municipal.
El documento detalla las intervenciones en los trámites administrativos en los que debe requerirse la información según los rubros y montos que contempla la ordenanza a fin de especificar si se debe ampliar la documentación.
En ese sentido, tras elaborar una matriz en la que se asigna a los rubros y trámites una “escala de riesgo” comprendida de 1 al 5, según la potencialidad de ocurrencia de lavado, la agencia posó la lupa sobre 312 trámites, de los cuales más de la mitad,179, fueron habilitaciones de comercios e industrias.
En esa repartición la mayoría correspondieron al pedido de apertura de bares y restaurantes, 48 por ciento, un 21 por ciento a negocios de venta y alquiler de vehículos; un 15 por ciento las casas de apuestas, y un 10 por ciento a entidades financieras. Cabe aclarar que sólo se evaluaron las inversiones que superaron lo establecido, o entraron de manera automática en la ordenanza, no al total de trámites iniciados en la repartición.
Un dato particular en cuanto a la clasificación por distrito, es que casi el 60 por ciento de los comercios que solicitaron habilitación se encuentran en el centro de la ciudad.
En la Dirección General de Obras Particulares se fiscalizaron 122 trámites, cuyo 82 por ciento refería a solicitudes de permisos de edificación, principalmente personas jurídicas (38%) y fideicomisos (31%) y, en menor medida personas humanas (7%).
En el área de Movilidad se monitorearon diez trámites en el marco de la ordenanza 10.370/2022 en el apartado donde se refiere a la adquisición, tenencia y/o transferencia de más de dos licencias de explotación de taxis y/o de remises por parte de una misma persona humana o jurídica.
Respecto a las solicitudes del servicio público de taxis, la agencia destaca que en todos los casos fueron personas físicas. De ellas, siete ya contaban con dos licencias previas, dos ostentaban seis chapas, y una era titular de cuatro.
En el rubro Concesiones Públicas de obras y servicios, se dictaminó sobre el cumplimiento de los requisitos legales que establece la ordenanza en una licitación en el Mercado del Patio, a solicitud de la Junta de Compras. Y otra sobre documental presentada en dos licitaciones de la Sociedad de Estado Municipal Hipódromo Rosario, realizadas antes de la entrada en vigencia de la ordenanza.
De las supervisiones realizadas en todas las áreas, en el 30 por ciento de los trámites la documentación fue presentada de manera completa, mientras que un 40 tuvo faltantes, principalmente del plan de inversión y formulario de origen y licitud de los fondos. Y el otro 30 por ciento no fue evaluado porque no está contemplado en la ordenanza o no completó el trámite.
En relación a la consistencia económica y legal teniendo en cuenta los criterios establecidos en la ordenanza 10.370/2022, se registró en partes iguales. Un 33 por ciento los trámites que cumplieron los requisitos, otro porcentaje idéntico aquellos que fueron observados, y al restante tercio no le correspondía ser evaluados por no estar finalizado el trámite o porque no están contemplados en la normativa.
Respecto a la distribución geográfica, el Distrito Centro concentra la mayor cantidad de trámites en todas las dependencias (63 por ciento), a excepción de Movilidad, donde los originantes de las transferencias de taxis están radicados principalmente en el Distrito Noroeste.
Antesala de las alertas sospechosas
De las supervisiones realizadas hubo algunos casos donde surgió una situación inusual, o se observó de forma específica y mas atenta ante la visualización de elemento de sospechada por lavado de activos, donde la agencia activó los protocolos de profundización de análisis de los trámites.
Así, en relación al Ministerio Público Fiscal (MPF), se recibieron 11 requerimientos a diciembre 2023, de los cuales se solicitó información sobre 88 personas humanas y ocho jurídicas, de esta últimas seis son sociedades de responsabilidad limitada y dos sociedades anónimas.
Según explicaron fuentes del organismo, los 11 requerimientos son una instancia previa a las “alertas sospechosas”. Por ese motivo se contempla la activación de protocolos al identificarse las inconsistencias, y se avanza en evaluaciones y observaciones más exhaustivas, a modo de dar cumplimento a lo previsto en la ordenanza de prevención de lavado de activos.
El balance de la Agencia Antilavado destaca que la estrecha relación que existe entre las alertas y los requerimientos de información, se retroalimentan, ya que por ejemplo, un alerta se transformó en un requerimiento de información, y en otro caso éste se complementó con una alerta.
En ese sentido, son fundamentales la articulación e intercambio con otros organismos de control, como la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público Fiscal (MPF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción, y la Mesa de Profesionales de Rosario.
Respecto de la UIF se reforzó el procedimiento para presentar alertas sospechosas, o como lo denomina el organismo “Denuncias Voluntarias”. Se valora que la instalación de una oficina en Rosario del organismo facilitó el vínculo con la Agencia Antilavado.
Desde la agencia se destaca que la Ordenanza 10.370 de 2022 “constituye un ejemplo a nivel local a la hora de generar herramientas para colaborar con la prevención y lucha de lavado de activos proveniente de organizaciones delictivas.
“La documental exigida por la norma y su presentación por los particulares se corresponde a la directriz internacional de «identificación del cliente», adoptada por la Unidad de Información Financiera y exigida por ésta a sus sujetos obligados, lo cual resulta en una medida de prevención adecuada para el delito de lavado de activos.
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