El cambio en la composición en el Consejo de la Magistratura que se terminó por establecer el lunes pasado luego de una fuerte tensión política institucional entre el Congreso y la Corte Suprema, y a su vez, entre el oficialismo y la oposición, terminó por abrir otro debate conexo y también pendiente: la composición de la Corte Suprema. El oficialismo aprovechará el impulso, tal vez no buscado, del conflicto que instaló el debate por la Magistratura, y le agrega más pimienta a una discusión de fondo, y muy sabrosa; ¿es tiempo de reformular una Corte Suprema que tiene hoy tiene sólo cuatro miembros, de los cuales uno (Ricardo Lorenzetti) no participa en los fallos más relevantes, y, además, son todos hombres?
El próximo miércoles, la Comisión de Asuntos constituciones del Senado que preside el jujeño Guillermo Snopeck (FdT), le dará apertura al debate de al menos dos proyectos de ley para reformar la Corte que tienen estado parlamentario; el principal, de Adolfo Rodríguez Saá, que busca llevar de cinco a nueve el número de miembros, a la vez que dividir por especialidades y regiones del país. No se descartan otros proyectos que se vayan sumando al fogón del debate, entre los que podrían surgir propuestas de ampliaciones aún más amplias (13 miembros) así como configuraciones regionales / federales más taxativas.
En el FdT, en especial desde las provincias, quieren desarmar el porteño-centrismo que domina la cúpula del poder político en la Argentina; tanto en la Casa Rosada (presidente y sus colaboradores principales son de Buenos Aires), como en el Poder Judicial, donde la Corte, por caso, sin bien tres de sus cuatro miembros (Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti) son originarios de Córdoba y Santa Fe- los dos últimos-, sin embargo viven desde hace décadas en Buenos Aires, representan apenas al centro del país, y, además, como el caso del ahora presidente Rosatti, según confirman desde cercanias de su círculo íntimo “desde el siglo pasado que casi no pisa Santa Fe, y si va no tiene ninguna actividad pública ni visible en la provincia”.
La Corte Suprema, al cabo, se encuentra integrada por porteños, o por oriundos de provincias cercanas que actúan y viven como porteños.
Con sólo repasar de dónde salieron los últimos presidentes argentinos, se verá que de los últimos cinco, tres provienen del distrito Capital Federal: Fernando De La Rúa, Mauricio Macri y Alberto Fernández. El final de las dos primeras experiencias es por todos conocida, el tercero está en curso. Y con un detalle que inquieta a los peronistas federalistas, el principal aspirante de la fuerza opositora para 2023, Horacio Rodríguez Larreta, el actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma. La emergencia de ultra liberales de derecha (Javier Milei) también tiene domicilio en la Reina del Plata.
Con la puesta en marcha del debate ya formal para modificar la composición de la Corte Suprema, el peronismo kirchnerista en el Senado profundiza un camino que percibe como único e inevitable de afrontar: proponer los debates en la Cámara alta más pensando en “sacarlos” a la sociedad que calculando si algún sector opositor terminaría prestando consenso, un escenario completamente improbable al día de hoy.
Fuentes de primer nivel del Senado confirmaron a LaCapital que el objetivo del debate que se inicia el miércoles “no es sacar un dictamen rápido sólo con las firmas propias”. El FdT buscará desenmascarar las inconsistencias políticas, técnicas y jurídicas que hoy son moneda corriente en la Corte, y en casi todo el sistema judicial. JxC, acompañado por el sistema mediático afín, y la cúpula del sistema judicial, no se sumarán a un entendimiento con el oficialismo, menos aún en la medida que la contienda electoral de 2023 se acerque.
En el oficialismo kirchnerista en el Senado ya decidieron que hay una sola cosa que no harán: no hacer nada, y esperar como dijo en una oportunidad quien fuera jefe de Gabinete de Alberto Fernández (Santiago Cafiero, hoy canciller) “que la justicia se depure sola”. No sucedió, ni sucederá.
Una eventual reforma en la Corte Suprema (así como otras leyes ya votadas por el Senado que se trabaron en el Diputados, como la Reforma judicial y en el Ministerio Público Fiscal, entre otras) podrían ser tramitadas en un esquema de referéndum popular, al cabo el único camino que le queda al peronismo para traspasar el implacable bloqueo legislativo que hoy le propone la oposición. Se sabe, los nombramientos de jueces y fiscales, entre otras decisiones parlamentarias, están atados a mayorías agravadas de dos tercios de los presentes. Un número que, desde ya, ninguna fuerza política puede esgrimir, en el contexto de profunda paridad política.
De igual modo que con los temas económicos, también con la Corte y la justicia en general, Cristina Kirchner, como líder principal del movimiento nacional y popular, no se deja arrinconar con la frase posibilista que repiten muchos dirigentes del espacio oficialista, “no se puede”, “no tenemos los números”, “dependemos de JxC”. A Cristina se le ocurren movidas que nadie ve venir (como el caso de la división ficticia del bloque en el Senado para conseguir otro consejero a la Magistratura).
La “escena” del inicio del debate por la ampliación de la Corte se dará muy probablemente en el Salón Azul del Senado el próximo miércoles; sin embargo, el objetivo principal del kirchnerismo es “sacar” ese debate sobre todo el “sistema judicial” a la sociedad, e intentar construir, extra muros, la mayoría parlamentaria que hoy se le niega al oficialismo al interior del Palacio.
