Las acciones en las prisiones provinciales que ahora está impulsando como ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, con relación a los factores de mayor violencia interna, provienen en gran parte de su experiencia en esa área. Cococcioni fue el funcionario que estableció hace 12 años que una criminalidad nueva en sus fines y en sus métodos requería de medidas especiales e inéditas en las prisiones de la provincia. La más importante fue el establecimiento en las cárceles de pabellones de internos de alto perfil que ahora el gobierno de Maximiliano Pullaro, con una divulgación muy acentuada en prensa y redes sociales, acaba de retomar.
Como secretario de Asuntos Penitenciarios desde 2011 a 2019, Cococcioni implantó una división de internos por las acciones que motivaron su confinamiento. Durante sus gestiones vio transformarse de manera progresiva las cárceles de la provincia, que pasaron de 3.300 presos a 6.900 cuando terminó la gestión de Miguel Lifschitz. Cuatro años después, cuando le toca ser ministro, las prisiones provinciales albergan casi 10 mil reclusos. Según el reporte del Observatorio de Seguridad Pública de la provincia, al terminar 2022 eran 9.350 en cárceles y 1.089 en comisarías.
Un matiz crítico que destacaba Cococcioni al dejar hace cuatro años su gestión en prisiones era la alteración acelerada en el perfil de los presos que están ligados a organizaciones criminales complejas.
“No es que antes fuera sencillo. Había motines y tuvimos la masacre de Coronda con 14 muertos. Pero si uno analiza el cambio cualitativo de la población en prisiones, se da cuenta de que entonces en general lo peor que podía pasar era que un interno se tomara a facazos con otro. Por el tamaño de los celulares era difícil no advertir si entraba un teléfono. Hoy hay presos que siguen manejando grupos muy complejos desde adentro. Entonces, a diferencia de ahora, un líder preso no podían dar órdenes inmediatas con un mensaje de Whatsapp y todo eso exige mucha supervisión, al igual que lo que ingresa por paquetes a las unidades con visitas, cuyo volumen también se multiplicó”, señalaba Cococcioni en 2019.
Durante sus gestiones Cococcioni vio transformarse de manera progresiva las cárceles de la provincia, que pasaron de 3.300 presos a 6.900 cuando terminó la gestión de Miguel Lifschitz Durante sus gestiones Cococcioni vio transformarse de manera progresiva las cárceles de la provincia, que pasaron de 3.300 presos a 6.900 cuando terminó la gestión de Miguel Lifschitz
Para este funcionario, la presencia de líderes criminales hizo más compleja la vida interna de la cárcel. “Eso nos exigió implantar pabellones de alto perfil y un grupo de celadores que rotaran permanentemente, porque las medidas de seguridad exigen más planificación y control que las dispuestas para delincuentes comunes. La supervisión de presos como Alvarado, Cantero, Ungaro o Bassi requiere más que un muro y un cerco perimetral. Esto es porque son personas con mucho más poder económico y con capacidad de incidir en lo que pasa adentro y afuera de la cárcel”, sostenía al dejar su cargo como coordinador de gabinete del Ministerio de Seguridad hace cuatro años.
En el medio de una creciente conflictividad, Cococcioni fue promotor de medidas que desataron pleitos judiciales. Una fue a partir de un decreto de Miguel Lifschitz que en diciembre de 2016 endureció las condiciones para las salidas transitorias luego de parches en el sistema legal que, explicaba Cococcioni, generaba desatinos que permitían que internos que no estaban en condiciones de egresar pudieran hacerlo. Fue después de que un preso Rosario, Ricardo Albertengo, matara durante una salida a un policía en Corrientes al 300. Albertengo estaba condenado por homicidio y no podría haber alcanzado la libertad condicional, pero no tuvo trabas legales para un permiso de salida.
Paquetes en las cárceles
Otro fuerte pleito lo desató la fijación de un límite de dos kilos, en 2019, para el ingreso de paquetes de alimentos para detenidos en cárceles. Lo que aducía Asuntos Penitenciarios es que con eso se facilitaba la intromisión de elementos perjudiciales para la seguridad en las prisiones. El aspecto más aludido era que los presos de alto perfil reciben celulares con los que a veces siguen con las actividades ilícitas. La Cámara Penal de Rosario terminó declarando ilegal esa disposición.
Cococcioni remarcó siempre la crítica transformación de las prisiones en una década. Refería que se había necesitado un trabajo político cotidiano tanto con delegados de pabellón y empleados penitenciarios para mantener estabilidad en lugares marcados por la dureza de la vida interna. Con el crecimiento enorme de la población, decía, alojar a uno donde no se debe, termina en motín. "Esto requiere una labor muy concienzuda sobre los antecedentes de cada grupo criminal y también sobre los empleados de seguridad que deben ser de mucha confianza”, indicaba Cococcioni. Esto no es solamente tener claro quiénes son los internos, sino también medir todo el tiempo las lealtades dentro de una fuerza de seguridad que cumple una labor indelegable, pero en la que hay pujas permanentes de grupos diversos para imponer a sus hombres. Por eso, a su criterio, resultó inadmisible que se desmantelaran los pabellones de alto perfil.
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Las cárceles provinciales son espacios de altísima conflictividad y un foco de preocupación manifiesta para las autoridades judiciales. Al dejar en abril de este año su cargo como fiscal general de la provincia, Jorge Baclini consignó preocupado ante la Asamblea Legislativa que las cárceles eran un problema que lejos de contener la violencia la reproducía. “En 2014 arrancó en la provincia el nuevo sistema penal con 4.560 presos. Actualmente, son más de 10 mil. La población se duplicó. Hay que preguntarse cuántos presos estamos dispuestos a tener, porque estamos excediendo la capacidad de mantenerlos”, dijo.
La saliente defensora general de la provincia, Jaquelina Balangione, se retiró el mismo día con una consideración idéntica en el mismo lugar. “La tasa de encarcelamiento desde 2012 se duplicó. Y desde 2017 aumenta 25 puntos en promedio por año. También se incrementó la violencia institucional”.
