“Es indispensable una reforma de las relaciones laborales en la Argentina, pero no dirigida a precarizar aún más el mundo laboral. Hay que impulsar nuevas relaciones laborales frente al mundo en transformación que tenemos y dejar de demandar formas de explotación laboral propias del siglo XIX en el marco de la tecnología del siglo XXI”. Así lo enfatizó el economista Claudio Lozano, al presentar el “Boletín Sociolaboral del segundo trimestre de 2021”, que elaboró junto al equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.
El instituto que coordina Ana Rameri realizó una radiografía exhaustiva de la situación del mercado de trabajo e indagó sobre la incidencia de la pobreza y las principales estrategias de subsistencia desarrolladas por los hogares. La fuente fue la última base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Para Lozano, el cuadro que describe el informe “indica a las claras que es indispensable una reforma de las relaciones laborales en la Argentina”. Pero no dirigida a precarizar aún más la ya mayúscula precariedad del mundo laboral. Por el contrario, consideró “imprescindible” crear un piso mínimo de ingresos sobre la base de un ingreso universal. “El salario mínimo dejó de cumplir la función que históricamente cumplía (actualmente el 34,2% gana por debajo del SMVM)”, señaló.
A su vez, consideró esencial reducir la jornada laboral, obligando el cumplimiento de las ocho horas laborales sin reducción salarial para los 2,4 millones asalariados registrados que desempeñan sobrejornadas laborales. Con este control sobre el segmento formal, dijo, se crearían cerca de un millón de puestos de trabajo.
De acuerdo al estudio, el cambio tecnológico en las grandes firmas obliga a discutir un nuevo sistema de seguridad social de empleo y formación que permita replantear la distribución de la productividad a través de la rotación laboral para evitar el desempleo, garantizando la formación permanente de los trabajadores. Entre los resultados más salientes del trabajo se destacan:
- La presión efectiva sobre el mercado de trabajo es mayor de lo que indica la tasa de desocupación y llega al 26,6% de la PEA. Si se agrega a quienes desean trabajar más (ocupadas/os disponibles no demandantes) la disponibilidad de la fuerza de trabajo alcanza al 32,2%. Lo anterior se agrava si se hace foco en las y los jóvenes de 18 a 24 años, para quienes sólo la desocupación alcanza al 24,6%, siendo aún mayor en el caso de las mujeres jóvenes (29,1%).
- Paradójicamente, la subutilización laboral convive con la ultraexplotación de la fuerza de trabajo. Dos caras de la misma moneda. Casi 3 de cada 10 ocupados trabajan por encima de las 45 horas semanales y la mitad del fenómeno de la sobreocupación ocurre en relaciones asalariadas registradas. Si se repartiera el excedente acumulado de horas trabajadas podrían liberarse más de 1,9 millones de ocupaciones y se resolvería el problema del desempleo. Si pudiera controlarse la jornada de trabajo para el segmento formal se generarían 994 mil puestos de trabajo y la cantidad de desocupados/as se reduciría a la mitad.
- Se verifica un cuadro laboral con elevados niveles de informalidad y autoempleo de subsistencia. Una cuarta parte de los trabajadores son cuentapropistas, de los cuales casi el 77% corresponde a ocupaciones de baja calificación. Dentro del 72,6% de la población asalariada, un tercio son informales, indicador que asciende al 60,5% para la población juvenil.
- Uno de cada tres trabajadores obtiene ingresos mensuales inferiores al salario mínimo. En varones es el 27,4% y en mujeres, 43,8%.
- La precarización trepa al 44,8% de la fuerza laboral. Ocho de cada diez jóvenes están precarizados/as.
- Uno de cada tres ocupados/as (el 32,2%) son pobres y el 5,6% son indigentes. La pauperización se extiende al 41,5% de las personas, mientras la indigencia supera al 10%. Más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años están por debajo de la línea de pobreza (55,5%).
- Nueve de cada diez personas residen en hogares cuyos ingresos provienen parcial o totalmente del trabajo. Este valor es incluso algo mayor entre la población pobre.
- Una cuarta parte de la población vive en hogares que reciben transferencias del Estado dirigidas a sectores de bajos ingresos. Pero esta asistencia sólo representa casi un 15% del ingreso total familiar, mientras que los ingresos laborales explican más del 70%.
- Los hogares también recurren a endeudarse: casi una quinta parte de los hogares pidió préstamos a familiares o amigos y cerca del 14% utilizó créditos de bancos o financieras. Las compras en cuotas con tarjeta fueron utilizadas por más de la mitad de la población.
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