"No podemos tener naturalizado que en Santa Fe amenacen a los fiscales". La frase la pronunció la responsable del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia, María Cecilia Vranicich, en un seminario internacional denominado el Sistema de Justicia frente a la Narcocriminalidad en la Universidad de San Andrés y en la Universidad de Buenos Aires (UBA). La fiscal general de la provincia describió con crudeza la actualidad de la violencia en Rosario, los problemas santafesinos de la investigación criminal y las cualidades de la violencia letal en Rosario.
Vranicich apuntó como un problema persistente y preocupante la reiteración a intimidaciones a fiscales de la provincia que no solamente ocurren en Rosario. "Tenemos 15 comunicados institucionales sobre casos de fiscales que fueron amenazados. Nos interesa señalar que no alcanza con el repudio. Es imprescindible contar con un organismo experto en protección funcional que no existe a nivel provincial ni nacional", sostuvo.
El marco en el que lo planteaba dio un ejemplo por contraste. Uno de los disertantes fue Giovanni Melillo, el máximo fiscal nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia, que llegó al recinto con una custodia reforzada de policía especializada de su país.
Del seminario también participó el académico estadounidense David Kennedy, figura destacada del campo criminológico de su país, que fue responsable de una experiencia que bajó drásticamente los homicidios en la ciudad de Boston. La experiencia, conocida como Ceasefire (cese de fuego), consistió en intervenciones focalizadas sobre zonas con alto índice de violencia urbana, que se diseñaron en forma conjunta entre fiscales y áreas sociales del gobierno de esa ciudad. El programa fue reconocido porque a los cinco años de aplicación continua los homicidios en Boston bajaron un 70%. El ánimo del MPA de Santa Fe es indagar sobre las posibilidades en el futuro próximo de utilizar sus herramientas en Rosario.
Los números que presentó Vranicich sorprendieron al auditorio. Destacó varios órdenes de fenómenos de la criminalidad en Rosario donde la violencia letal, a diferencia del fenómeno urbano de todo el país, no cesa de subir. Estos son:
* El alto nivel de letalidad de los ataques contra personas por el alto uso de armas de fuego que llegó a ser en Rosario del 89 por ciento de los casos de homicidios. Vranicich recordó que hubo 290 asesinatos en Rosario el año pasado, la cifra más alta de su historia, pero que fue igualmente muy elevada la cantidad de heridos con arma de fuego, 740 casos.
* De las 290 víctimas de homicidio en Rosario la mitad murió a 500 metros de sus domicilios. Y el 70% a 1500 metros. Eso indica para los analistas del Observatorio de Seguridad de Santa Fe cómo los conflictos están fuertemente circunscriptos a núcleos barriales donde las personas se conocen y en general en conexión con motivaciones criminales, lo que implica la necesidad de trabajar estas cuestiones de modo focalizado.
* El crimen organizado en Rosario refiere a un fenómeno de grupos criminales muy segmentados. Los hechos más desplegados son las extorsiones y las balaceras extorsivas y no exclusivamente el mercado de drogas. Un problema persistente es cómo hay respuesta punitiva pero el delito se comanda desde las unidades penitenciarias y no declina.
* Crecieron de manera notoria los homicidios de mujeres pero no ligados estrictamente a femicidios sino a muertes en contexto de criminalidad organizada. De una constante de representar el 10% de las muertes los homicidios de mujeres pasaron a 20% en 2022. Fueron 64 mujeres el año pasado de las cuales 50 fueron víctimas en contexto de crímenes de bandas lo que implica un salto muy abrupto: el 78% del total.
* En 2014, cuando comenzó a actuar el MPA de Santa Fe, el 34% de los homicidios se daban en el contexto de criminalidad organizada. Ocho años después el guarismo creció dramáticamente al 75%. También subió el porcentaje de crímenes premeditados, planificados o por mandato previo.
Vranicich sostuvo que Santa Fe tiene dos pisos de institucionalidad alta en su sistema de investigación de delitos. Se refirió a un sistema acusatorio que funciona hace casi diez años de manera visible, con jueces de garantías que controlan las acusaciones. Y que genera información sobre la violencia altamente lesiva con datos cruzados entre el MPA, la policía provincial y los efectores de salud, lo que no ocurre de modo sistemático en ningún otro distrito del país.
Pero destacó como una debilidad de Santa Fe la alta dependencia de los fiscales de una policía con muchas deficiencias en un entorno de trabajo donde hubo uniformados condenados por poner a circular información interna hacia grupos criminales. "El MPA tiene que estar en la mesa con el jefe de la Agencia de Investigación Criminal pero a menudo hoy todo queda librado al vínculo personal entre fiscal y policía. Hace falta un lazo sistémico. Y es un gran desafío trabajar en continua coordinación entre agencias: El MPA junto al Ministerio de Seguridad de la provincia y de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación".
El evento fue organizado por la fiscalía general de la ciudad de Buenos Aires que encabeza Juan Bautista Mahiques y coordinó el sociólogo especializado en cuestiones criminales Marcelo Bergman. Participaron emisarios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo de Italia.
