Con críticas de la oposición, la Asamblea Legislativa cubrió los cargos para la nueva Cámara de Ejecución Penal. "Es una mala noticia para las bandas", señalan desde la Casa Gris
Por Mariano D'Arrigo
Foto: Archivo / La Capital.
Unidos hizo valer su mayoría en ambas Cámaras para aprobar los pliegos para la nueva Cámara de Ejecución Penal.
Unidos para Cambiar Santa Fe hizo pesar su mayoría en la Legislatura provincial y aprobó los pliegos que envió el gobernador Maximiliano Pullaro para cubrir la nueva Cámara de Ejecución Penal, y que generaron tensión no sólo con la oposición y sectores de la Justicia, sino también al interior de la coalición oficialista.
Se trata de los pliegos de Valeria Haurigot, Horacio Pueyrredón y Mario Guedes, que pasarán a integrar el tribunal de valor estratégico para la Casa Gris.
En la Asamblea Legislativa presidida este jueves por la vicegobernadora Gisela Scaglia la fiscal rosarina cosechó 40 votos a favor y 21 en contra y dos abstenciones. Su par de Venado Tuerto obtuvo 40 apoyos y 19 rechazos y dos abstenciones.
En el caso del defensor de la ciudad de Santa Fe se votó por signos (a mano alzada), porque su nombramiento recogió apoyo unánime en la comisión Bicameral de Acuerdos.
El tablero muestra al oficialismo unificado pero al resto de la oposición en una postura más dura. Una situación que puede hacer más cuesta arriba la construcción de acuerdos en temas que requieren mayorías calificadas, como la reforma constitucional.
En la Casa Gris celebraron el aval de los legisladores. “Esto muestra la cohesión de Unidos y la decisión de no dar un paso atrás en la pelea contra las organizaciones criminales”, expresó a La Capital un integrante de la mesa chica del gobernador.
“Estos jueces son una mala noticia para las bandas, van a acompañar todo lo que estamos haciendo en las cárceles y lo que se viene”, agregó.
Lo cierto es que más allá de la mayoría holgada de Unidos el primer concurso judicial iniciado desde cero por la administración Pullaro no fue un trámite sencillo para el gobierno.
Sobre todo, porque Haurigot y Pueyrredón reprobaron en primera instancia su examen. Ambos postulantes impugnaron, el tribunal revirtió su decisión y llegaron hasta el final del proceso. En el ranking de postulantes Haurigot, Guedes y Pueyrredón quedaron en el puesto 8, 9 y 12 respectivamente.
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En el medio, Pullaro modificó por decreto el reglamento de selección. Dejó de lado el armado de la lista de candidatos a través de un orden de mérito, no vinculante, elaborado por el Consejo de la Magistratura, y pasó a una enumeración por estricto orden alfabético entre quienes aprobaron la evaluación.
En ese grupo el gobernador eligió a Haurigot, Guedes y Pueyrredón y los propuso a la Legislatura para cubrir la Cámara creada por la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. La norma fue sancionada en diciembre, un mes de hiperactividad legislativa tras el cambio de gobierno. “Es nuestro bebé”, dicen en la mesa chica del gobierno sobre el nuevo tribunal.
Para el gobierno provincial, la Cámara de Ejecución Penal es central. Uno de los pilares del plan de seguridad es el control de las cárceles y el endurecimiento de las condiciones de detención, además de mayor despliegue policial, la coordinación entre Nación, provincia y municipio, un Ministerio Público de la Acusación (MPA) empoderado, intervenciones barriales focalizadas y la intervención de los evangélicos, tanto en los penales como en el territorio.
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El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni, bancó la decisión de Pullaro. “Queda en manos del Poder Ejecutivo designar a las personas que entienda más idóneas, sabiendo que, en definitiva, es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Es una decisión política y después, si dictan malos fallos, nos haremos cargo de que designamos a la gente incorrecta.”, expresó la semana pasada a Radio 2.
Y agregó: “Confiamos que se han elegidos personas que sabrán ser jueces, controlar el cumplimiento de la ley y la Constitución sin erigirse en cogobernantes”.
La oposición salió con los tapones de punta contra el oficialismo. El diputado justicialista Marcos Corach, integrante de la comisión de Acuerdos, ironizó con que los legisladores expongan después de votar, y no antes. “Lesiona mi autoestima, pensé que iba a convencerlos. Son las reglas de juego de la mayoría, uno se va acostumbrando”, chicaneó.
“Estamos votando a dos postulantes que rindieron mal, es un papelón”, expresó el exministro de Gestión Pública del gobierno de Omar Perotti, que planteó que a partir de ahora uno de los requisitos para los concursos judiciales será coincidir con la postura ideológica del gobierno.
“Estamos entrando en un lugar complejo, peligroso. Los legisladores que hacían gárgaras de republicanismo, ¿qué les pasó? Esto es una ilegalidad. Están poniendo una capa de barniz pero la mancha sigue ahí”, interpeló Corach a los integrantes del bloque oficialista.
El diputado Carlos del Frade, presidente del bloque Frente Amplio por la Soberanía, también criticó al mandatario santafesino. “La enorme suma de votos que hizo que Maximiliano Pullaro sea gobernador de manera legítima no significa la suma de poder público”, señaló el legislador del FAS, que subrayó las denuncias por apremios en el penal de Piñero tras los asesinatos de trabajadores.
“¿Qué pasó con los 138 presos que denunciaron torturas? No hubo respuesta. Poner en supervisión carcelaria a alguien que obedezca los mandatos del Poder Ejecutivo va a ser muy difícil para la democracia de Santa Fe”, advirtió del Frade.
Emiliano Peralta, integrante del bloque Somos Vida y también miembro de la comisión de Acuerdos, remarcó que la reincorporación Pueyrredón y Haurigot en el concurso fue ilegal. “Ninguno supo argumentar cuál era la ilegalidad. El recurso de reconsideración no es una doble chance, se deberían haber eliminado in limine”, indicó el legislador de la bancada de Amalia Granata, que consideró la designación de los ahora exfiscales como un “grave error”.
“El perfil de un juez no significa nada, el único requisito es la idoneidad moral e intelectual. Dejamos un pésimo antecedente institucional”, consideró.
El diputado radical Martín Rosúa ensayó la primera respuesta desde Unidos. El exconcejal rosarino argumentó que el Ejecutivo se movió siempre dentro de los márgenes que plantea la Constitución de la provincia, que sólo establece que los jueces son designados por el gobernador con acuerdo de la Asamblea Legislativo, que el concurso “es un conjunto y el jurado actuó dentro de la reglamentación vigente” y que el rendimiento académico no es la única variable para calificar para el cargo.
“Hay que ver el contexto. Hay sobradas causas para apartarse del orden de mérito. El gobierno viene tomando medidas, que requieren no sólo andamiaje normativo sino también respaldo judicial. No buscamos jueces que nos respondan políticamente, sino que vayan en consonancia con la política criminal”, afirmó Rosúa.
En la misma línea, el socialista Pablo Farías, presidente del interbloque de Unidos en la Cámara baja, expresó que el oficialismo está “privilegiando un perfil para defender una política que está siendo exitosa”.
“Apoyamos esta selección que ha hecho el gobernador”, subrayó el exministro de Gobierno de Miguel Lifschitz, que admitió que no tienen “la fórmula mágica” para garantizar la buena performance de los funcionarios. “Vamos a ejercer todas nuestras potestades disciplinarias para corregir cualquier error”, adelantó.
El oficialismo logró enderezar un trámite que por momentos parecía estancarse o directamente descarrilar. Sin las firmas necesarias para aprobar los pliegos, el jueves pasado los principales referentes de la coalición decidieron postergar la Asamblea una semana.
Ese mismo día, Pullaro recibió a cuatro referentes del PS en Diputados, donde el socialismo cuenta con 14 de las 28 bancas de Unidos: Farías, el presidente del bloque y del partido, Joaquín Blanco, la vicepresidenta de Acuerdos, Lionella Cattalini, y el exministro de Gobierno Rubén Galassi.
Allí el gobernador y los dirigentes socialistas acordaron una hoja de ruta, que incluye el conjunto de los pliegos judiciales y los pasos a dar hasta la reforma constitucional.
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Lo cierto es que Pullaro se lleva una victoria política en la previa de la reunión con la Corte Suprema de Justicia, convocada para el inusual horario del domingo a las 7.30. La agenda con los cortesanos abarca las vacantes y el presupuesto del Poder Judicial, pero tiene como trasfondo la intención del gobierno de renovar a cinco de los seis integrantes del máximo tribunal y se cruza con la reforma previsional que la Legislatura se encamina a aprobar.
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