La provincia de San Luis comenzó a aplicar el “narcotest ” en empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado y alcanzó incluso al gobernador de la provincia, Claudio Poggi, aliado del PRO.
Se trata de San Luis, a cargo de Claudio Poggi, y las pruebas son obligatorias. Un proyecto similar naufragó en el Concejo Municipal de Rosario. Qué pasó cuando era ministro Pullaro
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó un decreto que establece narcotest obligatorio para funcionarios e integrantes de los tres poderes del Estado.
La provincia de San Luis comenzó a aplicar el “narcotest ” en empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado y alcanzó incluso al gobernador de la provincia, Claudio Poggi, aliado del PRO.
Según explicó la ministra de Seguridad provincial, Nancy Sosa, se trata de un procedimiento “rápido, sencillo”, que consiste en la toma de orina, asociada al Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada persona, y que sirve para “otorgar transparencia al accionar de la gestión”.
La iniciativa forma parte de una serie de exámenes toxicológicos contemplados en la Ley de Ejemplaridad y Coherencia.
“Como funcionario públicos tenemos que dar el ejemplo, eso es indiscutible. Reafirma la lucha contra el narcotráfico y cortar cualquier cadena delictual asociada a la demanda es fundamental”, sostuvo la funcionaria.
Poggi firmó el decreto que somete a un examen toxicológico a funcionarios del Ejecutivo Provincial, del Poder Legislativo y del Judicial. La normativa establece que hasta el propio gobernador y su gabinete deben realizarlo.
La reglamentación determina que los test serán de carácter obligatorio y que se realizarán de manera anual y aleatoria con el objetivo de garantizar la transparencia en la selección de los funcionarios.
La toma de muestra se hará en instituciones públicas que no dependan del Estado, para asegurar la independencia de los resultados.
En caso de que se detecte la presencia de sustancias ilegales, las autoridades correspondientes deberán aplicar medidas de contención y asistencia que incluyen licencias, la suspensión temporal de funciones, o incluso el cese en el cargo, dependiendo del caso y conforme a la legislación vigente y la Constitución provincial.
En los últimos días, Claudio Poggi participó del procedimiento que se realizó en las instalaciones de la Universidad de San Luis. Fue recibido por el secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla, y el decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Sebastián Andujar. “Los resultados estarán en unos días”, planteó.
En Rosario, el concejal del PRO Carlos Charly Cardozo presentó el año pasado un proyecto para que mandatarios, legisladores y funcionarios locales sean sometidos en forma periódica a un narcotest.
“Todos hablan de dar la batalla contra el narcotráfico pero se oponen a dar esta discusión de cara a la gente, se negaron a discutirlo en la sesión de hoy y lo mandan a comisiones para dormirlo”, se quejó Cardozo, que no consiguió los votos para que el proyecto se tratara sobre tablas.
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"No sé por qué se negaron los concejales de la izquierda y el kirchnerismo. Deberán dar cuenta de ello ante los rosarinos”, cuestionó Cardozo.
"Perdimos la primera oportunidad, más aún cuando varios concejales somos candidatos a intendente o a la reelección, pero vamos a insistir para que el tema no quede cajoneado”, añadió el entonces precandidato a intendente de Unidos para Cambiar Santa Fe.
Otro antecedente ocurrió en 2017. El entonces ministro de Seguridad de la provincia y actual gobernador, Maximiliano Pullaro, se realizó un narcotest, en el marco de un plan para extender este tipo de controles a funcionarios policiales y del ministerio.
La fiscal del caso aclara los alcances de la resolución en la que Agustín López Cagliasso fue condenado a 16 años de prisión y a 10 de inhabilitación para conducir
Por Facundo Borrego
