Foto: Archivo / La Capital.
Se vienen días cargados de tensión política en el Parlamento de cara al tratamiento del DNU y la llamada ley ómnibus.
La Casa Rosada pone en marcha una estrategia de apelaciones que, de ser necesario, podrían escalar hasta la Corte Suprema y, al mismo tiempo, los funcionarios del Ejecutivo se muestran expectantes frente al debate parlamentario del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que antes de empezar a ser tratado en el Congreso tuvo la semana pasada las primeras enmiendas.
En un contexto signado por los primeros reveses judiciales contra el DNU para desregular la economía, el gobierno se apresta a encarar una nueva semana. El presidente Javier Milei había terminado 2023 reiterando la magnitud de la crisis en curso y asegurando que podría alcanzar dimensiones bíblicas si las reformas propuestas naufragaban en terreno judicial y, especialmente, en el Congreso, algo que sería, según el oficialismo, un claro síntoma de una “casta” que defiende sus propios intereses.
Sin embargo, el gobierno mantiene las esperanzas de alcanzar los votos que le permitan avanzar legislativamente y, para ello, tiende puentes con dirigentes y legisladores que puedan sumar voluntades para la aprobación de las iniciativas que impulsa. Aunque eso signifique tener que abrir el paquete de la ley ómnibus.
En esa disyuntiva entre lo deseado e inamovible y lo negociable se mueven los armadores políticos oficialistas y puede darse el diálogo para introducir cambios, como ocurrió días atrás en los artículos referidos a la industria pesquera.
El jueves pasado fue el ministro de Interior, Guillermo Francos, quien debió reunirse con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para moderar las inquietudes que ese mandatario y sus colegas patagónicos habían exteriorizado el 2 de enero pasado sobre el futuro de la actividad pesquera.
Luego del encuentro, del que también participó el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, Francos aseguró que se realizarán “clarificaciones” a los artículos del proyecto. Pero subrayó que no serán modificaciones.
En tanto, el Congreso comenzó su trabajo designando, no sin polémica, a las autoridades de las comisiones legislativas que deberán dictaminar sobre el megaproyecto que el oficialismo ambiciona tratar sin extender las sesiones extraordinarias más allá del 31 de enero.
Sobre las impugnaciones judiciales al DNU, en la Casa Rosada afirman que “eran esperables” y el viernes el propio Adorni afirmó que las “decisiones judiciales serán apeladas”.
“El gobierno seguirá analizando paso a paso no solo el trámite judicial sino el legislativo”, señaló Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Rosada.
La Libertad Avanza (LLA), con marchas y retrocesos, apunta a construir una mayoría en Diputados que permita aprobar el DNU y la denominada ley ómnibus.
En el espacio oficialista algunas voces aseguraron que, “en caso de ser necesario”, existe disposición para introducir cambios en esas iniciativas.
El oficialismo se impuso con holgura en el Senado y sancionó el expediente de reforma parcial de la Carta Magna. Fin de un trámite que significó un triunfo de Unidos
Por Elbio Evangeliste