El oficialismo en el Senado perfeccionó su decisión política de sostenerse como la fuerza que nomina a tres de los cuatro cargos para el Consejo de la Magistratura. Audacia, sorpresa y determinación fueron las marcas del gobierno kirchnerista por más de doce años: ahora en el Senado, a partir del serio conflicto con la Corte Suprema de Justicia, vuelve a lucir el estilo cristinista de golpear de acuerdo a un criterio político de oportunidad. La vicepresidenta Cristina Fernández -ausente de tareas en el Senado y a cargo del Ejecutivo hasta el regreso de Alberto Fernández- y su bloque tuvieron una tarde plena. Ratificaron al senador Martín Doñate como el cuarto nominado de la Cámara (tercera minoría, Unidad Ciudadana), pero además lo hicieron sobreabundando con una votación del decreto de la Presidencia del cuerpo (transitoriamente en manos de Claudia Ledesma Abdala) durante una sesión llamada específicamente con ese temario, entre otros, y con el aval de la mayoría absoluta: 37 votos de un total de 72 integrantes.
La oposición de Juntos por Cambio (JxC) se enteró de la decisión oficialista a última hora del martes, cuando se cursaron las notas confirmatorias del llamado a sesión, de los temas que incluía, y entre los dictámenes a tratar, el decreto de la Cámara nominando a María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde, ambos del FdT, por la primera minoría (bloque Nacional y Popular, 21 miembros); Eduardo Vischi, del bloque UCR (18 integrantes), segunda minoría, y Martín Doñate, por Unidad Ciudadana (14 miembros), tercera minoría.
Con la ratificación del oficialismo de nominar a Doñate y de disputarle a la Corte la validez y aplicabilidad de su fallo para este nuevo período de integración de consejeros de la Magistratura, que se iniciará en el viernes, la oposición de JxC decidió darle la espalda a la sesión, que de todos modos se concretó con el quórum propio del oficialismo, acompañado por sus tres aliados habituales.
El frente opositor, mientras se desarrollaba la sesión, denunció por los medios de comunicación una presunta conducta ilegal del oficialismo. El conflicto quedó expuesto.
Cuando en las elecciones legislativas de 2021 el FdT perdió unos 4 millones de votos respecto de su propia marca en 2019, y fue superado con claridad por la alianza opositora de JxC, decenas de analistas y medios publicaron y repitieron: “El oficialismo (Cristina) perdió el control del Senado”. Pero se trató de una ilusión política opositora apenas temporaria.
Sin bien el FdT (ahora organizado tácticamente en dos bloques y un interbloque, de igual modo que JxC) cuenta con 35 miembros, rápidamente, desde el mismo verano pasado, tejió alianzas estables con dos senadores de partidos provinciales (Misiones y Río Negro). E, incluso, con una senadora de La Rioja, que originalmente ingresó al cuerpo con JxC. Conclusión, el conglomerado que apoya las iniciativas del oficialismo supera casi siempre el número mágico de 37: el FdT perdió las elecciones de 2021, pero continúa manejando las estrategias en el Senado.
Esa luz de ventaja fue clave, otra vez, para la jugada que nomina a Doñate y le otorga al kirchnerismo volumen político para un enfrentamiento abierto con la oposición, y especialmente con la Corte Suprema. ¿Cómo podrá la Corte desconocer una votación del Senado consolidada por una mayoría absoluta de 37 miembros?
Posiciones
El primero en hablar a favor del decreto que nomina a Doñate fue Adolfo Rodríguez Saá: “En el fallo de la Corte lo que está en discusión es si es correcto que los bloques de senadores propongan a los representantes tal cual lo establece la ley”. Y subrayó que “esa facultad está prevista en el artículo 66 de la Constitución Nacional”.
Por lo tanto, “el reglamento del Senado tiene amparo constitucional”, por lo cual “no se puede objetar”. “El reglamento del Senado establece cómo se conforman los bloques le guste o no le guste a los miembros de la Corte”, agregó.
Rodríguez Saá remarcó que los Poderes Ejecutivo y Judicial “pueden opinar, pero no pueden invalidar las decisiones que tome el Legislativo”. Además, consideró que el fallo de la Corte está “orientado a beneficiar un sector político en detrimento de otro, tratando de generar casi un poder paralelo”. “No es atribución de la Constitución hacer lo que ellos hacen”, abundó.
El tucumano Pablo Yedlin, otra espada del peronismo en el Senado, recordó que el Consejo de la Magistratura “venía trabajando hace 16 años con una ley sin ningún inconveniente”, hasta que “en diciembre de 2021, de pronto, la Corte declara que esa ley de 16 años era inconstitucional y que, por lo tanto, debíamos hacer una nueva ley”, y en el “mientras tanto” repusieron una ley derogada.
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El oficialista defendió que la Cámara alta acató ese fallo porque aprobó un proyecto en abril pasado -que en Diputados sigue sin tratarse-. “No fuimos nosotros los que decidimos volver a esa ley derogada, fue la Corte”, aclaró y apuntó que esa norma es la que “habla de dos senadores por el bloque de la primera minoría”. “No puede decirnos (la Corte) cuántos o cómo tienen que ser los bloques”, aseveró.
En la misma postura que el Frente de Todos, el rionegrino Alberto Weretilneck sostuvo que “está absolutamente claro que el fallo de la Corte Suprema que plantea de qué manera tienen que designarse los representantes de este cuerpo es violatorio de nuestra autonomía” y “viola nuestra autodeterminación”.
El senador aliado del oficialismo insistió con que la decisión del máximo tribunal “limita nuestra posibilidad y libertad de organizarnos políticamente”. “Es sumamente grave este fallo”, expresó y señaló que las mayorías y minorías de la cámara “por más que le pese a la Corte no son una cuestión estática, es dinámica”.
Crítica contra la figura de Horacio Rosatti, la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, opinó que este fallo se trata de “un capítulo más del presidente de la Corte, que es el mismo que preside el Consejo de la Magistratura y no es casual”. Lo fustigó por autovotarse y haber aceptado -junto a Carlos Rosenkrantz– “ser nombrado por decreto allá en el gobierno de Mauricio Macri violando la Constitución Nacional”.
“Este es un fallo político que merece respuesta política”, manifestó la kirchnerista, que confesó sentirse “ofendida” por “haber sido avasallada en mis atribuciones como senadora”. Y consideró que “el cuerpo en su conjunto debería reaccionar frente a un avasallamiento como el del Poder Judicial por sobre las atribuciones que tiene el Poder Legislativo”.
