La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, advirtió ayer que los manifestantes tendrán "cinco o diez minutos" para liberar los piquetes antes de que actúen los uniformados, a partir de la vigencia del nuevo protocolo, que rechazaron dirigentes políticos y organizaciones sociales. Sin embargo, su par santafesino, Maximiliano Pullaro, marcó diferencias con la Casa Rosada: dijo que coincide "en términos generales" con el reglamento, pero aclaró que "bajo ningún concepto" la administración de Miguel Lifschitz buscará "criminalizar la protesta".
Bullrich afirmó que tampoco se permitirá el uso de capuchas, palos o elementos contundentes a los manifestantes y advirtió que, "si hay una negativa para entregarlos, se los va a detener".
"Les daremos cinco o diez minutos, les pediremos por favor que se retiren por las buenas y que hagan la manifestación en otro lado. Si no se van, los sacamos", aseveró la funcionaria.
Frente a posibles planteos institucionales contra el protocolo, la ministra contrapuso que "lo inconstitucional es que se les permitió (a los manifestantes) durante una década hacer lo que quisieran sin entender que hay derechos de otros".
Bullrich enfatizó que "no es que se van a prohibir las manifestaciones" sino que los manifestantes deberán avisar con antelación dónde realizarán la protesta, cuál es el recorrido de la marcha, en qué horario la concretarán y cuántas personas estiman que participarán.
"Lo que no se podrá hacer es decir «mi manifestación es cortar la avenida de Mayo y 9 de Julio»'", puntualizó la titular de Seguridad.
Otra mirada. A su turno, Pullaro puntualizó: "Coincidimos, en términos generales, en que no es posible obstruir una arteria o una ruta, pero discrepamos con que si en cinco minutos no la desalojan, se manda a la fuerza de seguridad".
En esa línea, el ministro aseguró: "Bajo ningún concepto queremos criminalizar la protesta y bajo ningún concepto queremos utilizar la fuerza".
"Siempre decimos que usar la fuerza es el último, pero el último recurso", resaltó, para luego aclarar que "esa resolución dice claramente que cada una de las provincias tendrán un protocolo de actuación".
En ese sentido, recordó que "Santa Fe lo venía consensuando con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y con diferentes actores que trabajan en este tipo de manifestaciones y reclamos".
El Consejo Seguridad Interior (CSI) aprobó el miércoles pasado en Bariloche (Río Negro) el protocolo de actuación en las manifestaciones públicas, que establece pautas para asegurar la circulación normal durante las protestas en las calles y garantizar la actuación de las fuerzas de seguridad.
El nuevo protocolo se dio a conocer tras una jornada de cortes y manifestaciones para pedir la liberación de Milagro Sala, la dirigente social detenida en Jujuy bajo acusación de delitos graves, como el manejo fraudulento de fondos públicos.
El secretario de Seguridad Interior nacional, Gerardo Milman, justificó la aplicación del protocolo al asegurar que lo que el gobierno busca "es cumplir con la ley y los derechos constitucionales que hay que respetar y que hacen al derecho a manifestarse, a circular y al libre tránsito".
En tanto, no pocas voces rechazaron el nuevo protocolo, al advertir sobre su carácter "inconstitucional" y la posible instrumentación de prácticas represivas.
"Un gobierno que hace gala de ser dialoguista no debería recurrir a métodos represivos para responder a reclamos legítimos de la ciudadanía. Pone en riesgo la paz social", dijo la diputada nacional de Libres del Sur Victoria Donda.
Su par del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó que la medida persigue "el único objetivo de blindar el ajuste en curso e impedir manifestaciones contra los despidos o por el salario".
El referente del Frente de Izquierda Nicolás del Caño manifestó: "Esto lo intentó hacer (la ex presidenta) Cristina Kirchner hace dos años con su proyecto antipiquetes, pero no pudo imponerlo por la propia resistencia de los trabajadores".
Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) cuestionó el protocolo al advertir que "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta".
