Política

¿Qué significa "desfederalizar el narcomenudeo"?

Significa, básicamente, que el tráfico de estupefacientes en pequeña escala será considerado un delito que pueda ser investigado por la Justicia provincial.

Domingo 06 de Mayo de 2018

En la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial del pasado 1º de Mayo, el gobernador Miguel Lifschitz sugirió que se avance en la aprobación del proyecto de ley de "Desfederalización del Narcomenudeo".

¿Qué significa "desfederalizar el narcomenudeo"?

Significa, básicamente, que el tráfico de estupefacientes en pequeña escala será considerado un delito que pueda ser investigado por la Justicia provincial. También debemos recordar y advertir al lector que por ley, actualmente, el tráfico de drogas o estupefacientes es competencia exclusiva y excluyente de la Justicia Federal. Por lo tanto, lo que intenta el oficialismo provincial a través del Ministro de Seguridad y del gobernador Lifschitz es habilitar que la justicia provincial se aboque de lleno (aun con la saturación de causas y el colapso que existe en los tribunales provinciales) a la persecución del tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades, es decir, sancionar al último eslabón en la cadena delictiva de una trama que exige una mirada que ponga y exponga a los máximos responsables de su propia existencia. Este "último eslabón" por lo general se encuentra representado por miembros de sectores excluidos, vulnerables, deficitariamente alcanzados por las agencias de un Estado que debería intensificar aún más las políticas públicas de prevención del delito e integración social de sus habitantes.

Hay que ser muy claros en esto. Por un lado, si quisiéramos llevar adelante la "desfederalización del narcomenudeo", la policía y la Justicia provincial deberían tener, tal como lo ha dicho el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, una estructura acorde y un mayor presupuesto para poder actuar frente a estos casos. Además, hacerse cargo de una problemática compleja y portadora de una especificidad propia que tiene que ver con el conocimiento de un terreno conflictivo configurado por las redes y las tramas del tráfico de drogas y la narcocriminalidad.

Por otro lado, preocupa la simplificación con la que se pretende abordar un conflicto: la "desfederalización" ya fue intentada –de facto– años atrás y no produjo ningún resultado positivo y socialmente relevante.

¿Por qué afirmo que ya se intentó?

Hagamos historia: desde el 9 de septiembre de 2012, cuando Martín "El Fantasma" Paz fuera asesinado, la saga de crímenes violentos que se sucedieron en la ciudad de Rosario realmente conmovieron el mapa criminal que, como ex jueza estuve y estoy en condiciones de afirmar, se modificó la "textura del delito" de nuestro trabajo cotidiano. Fue en ese momento cuando el gobierno provincial, que negaba sistemáticamente en cualquier aparición pública las especiales relevancias y la gravedad del problema, decidió actuar para intentar mostrar a la sociedad que se "ocupaba" de la situación. Ese intento se tradujo en la política de "derrumbe de búnkeres" en los barrios y en las zonas periféricas de nuestra ciudad: el búnker se derrumbaba, se realizaban detenciones y procedimientos policiales y todo era cuidadosamente filmado para luego poder ser reproducido en los medios de comunicación con ribetes cuasi cinematogràficos. ¿Cuál era el problema? A la semana el búnker se construía nuevamente y los "soldaditos" reclutados volvían a sus puestos. ¿Qué efectividad produjeron estas acciones? A mi criterio solo se apostó a una puesta en escena que pronto se desmoronaría.

Lo dicho anteriormente nos quiere decir algo: el negocio del tráfico de estupefacientes y la problemática social que se deriva del mismo se define por volúmenes cuali y cuantitativos y por ende generadores de riesgos sociales como para suponer que la persecución provincial del "micro tráfico" pueda aportar una solución, por mínima que sea, al desmantelamiento de fondo que una medida de esta naturaleza debería provocar si se tuviesen en cuenta lo que "subyace" a esta problemática que tanto dolor provoca en nuestra azotada provincia de Santa Fe.

La intención de gobernar la seguridad es siempre valiosa y se respeta que existan funcionarios que lo intenten, pero el problema radica en pensar que cualquier solución pueda ser efectiva, máxime cuando ya fue intentado en Santa Fe (de facto y por el mismo gobierno) y en otras provincias sin los resultados esperados.

La experiencia que me ha dado haber trabajado casi 20 años de mi vida como jueza penal me lleva a reflexionar y sostener, en función de los criterios y estándares que se utilizan en aquellos lugares del mundo en los cuales se ha intentado desarticular al narcotráfico, que lo que resulta imprescindible en esta relación de gobierno y sociedad es un sinceramiento en relación a las posibilidades reales de una puesta en crisis de las economías delictivas que a gran escala atraviesan a esta actividad ilegal cuyas consecuencias padecemos día a día. Necesitamos una estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico y el desarrollo de políticas públicas integrales que pongan el eje en la prevención y en la integración de los sectores marginados, soslayados por el Estado y vulnerables a la aparición de este tipo de fenómenos que en la trama criminal y económica del narcotráfico terminan siendo una presa fácil y funcional a sus intereses.

Para concluir, quisiera manifestar una mirada crítica pero a la vez constructiva al gobierno provincial.

Si se trata de ser verdaderamente innovadores convoquemos a expertos de las distintas disciplinas que analicen el conflicto, que intervengan aportando experiencias; a funcionarios de los distintos partidos políticos que consideran y conciban al narcotráfico como un problema estratégico; a los distintos poderes del Estado, a periodistas, a ciudadanos y a víctimas en aquellos territorios en los cuales las urgencias sean vitales.

Escuchemos el legítimos reclamo del pueblo que representamos sin eufemismos ni promesas contingentes. El reclamo que manifiesta la mayoría de lo ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad y de nuestra provincia exige que desde la política no se ofrezcan ilusiones que incluso puedan abortar e interferir en otros tipo de investigaciones de mayor envergadura, sino en la puesta en práctica de acciones respetuosas de la normas vigentes y de nuestra Constitución Nacional.

Actuemos en la urgencia, pero como ocurre en los países del mundo que han logrado disminuir los efectos de la "arquitectura" de los dueños un poder que socava los cimientos de la vida social, diseñemos planes perdurables y con la mirada puesta en un futuro que nos garantice la paz social y la inclusión que solo se logran con programas de abordajes múltiples, transversales y que no estigmaticen a aquellos de los cuales no depende. En definitiva, que se revierta la grave situación en las que estamos inmersos y que tanto dolor ha provocado.

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