Foto: Archivo / La Capital.
Jonathan Morel, uno de los referentes de Revolución Federal.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a los cuatro integrantes de la agrupación ultraderechista Revolución Federal Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile. Y les trabó embargos a cada uno por nueve millones de pesos.
El juez les aplicó a todos la figura del Código Penal que castiga con prisión de tres a ocho años al que “organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
Los cuatros habían sido detenidos por orden de Martínez de Giorgi, pero el miércoles fueron excarcelados por la Cámara Federal, la cual consideró que no existía riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación.
La causa se inició por una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) frente a la sospecha de que se podría atentar contra el orden democrático y en un contexto en el que se venía investigando, en otra causa, a la banda que atentó contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner, por la cual hay tres personas detenidas.
Según el juez, los cuatro acusados "llevaron a cabo un plan criminal que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor", queriendo "incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales mencionadas".
Justamente, fueron acusados en base a las amenazas que volcaron ellos como agrupación en las redes sociales.
Más allá de lo dicho por el magistrado, la causa no tiene punto en común por ahora con la otra investigación contra quienes planificaron y atentaron contra la vicepresidenta. Incluso, tramitan en juzgados distintos.
Uno de los hechos por los cuales el juez lo procesa a Morel y Sosa tiene que ver con incidentes que protagonizaron contra el vehículo que transportó a Sergio Massa en su asunción como ministro de Economía hasta la Casa Rosada, en agosto pasado.
En tanto, la defensa de Morel le exigió al presidente Alberto Fernández que “se rectifique públicamente de sus difamaciones que claramente violan el orden constitucional en la división de poderes”.
El jefe del Estado había cuestionado fuertemente a la Sala I de la Cámara Federal porteña, especialmente a sus integrantes Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes firmaron el fallo que excarceló a Morel y a otros tres integrantes de Revolución Federal.
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