Perotti deberá esperar 15 días para conocer la suerte que correrán las leyes de emergencia en Diputados

En quince días, la Cámara de Diputados provincial se reunirá para discutir si declara o no las emergencias en seguridad y económica. Todo indica que en la primera materia, la aprobación resultaría un hecho. Aunque es incierta la suerte a correr por la pretensión de la Casa Gris de contar con herramientas que flexibilicen requisitos y pasos para el uso de los recursos financieros.

Por eso, se da por sentado que el gobernador Omar Perotti reactivará en febrero próximo el período extraordinario en la Legislatura. Eso se desprende del anuncio formal que hiciera el ministro de Gobierno provincial, Esteban Borgonovo, respecto del envío, entre lo que queda de esta semana y la próxima, de proyectos de ley insistiendo en la declaración de las emergencias en seguridad y económica.

Para que esos proyectos puedan ser debatidos entes del 1º de mayo (inicio del período de sesiones ordinarias), es Perotti el encargado de habilitar el trámite, ya que sólo en ese lapso se pueden tratar iniciativas que envíe el Ejecutivo.

Si los proyectos no ingresan hoy, mañana o el lunes, los plazos se acortan. La Legislatura —al igual que la administración central— está en receso estival, por lo que asistir al apuro que tiene Perotti requiere que se sesione en la primera semana de febrero. Y el primer jueves de ese mes, día habilitado para los plenarios, es el 6.

El tiempo de espera servirá para atar acuerdos, luego de que las reuniones y conciliábulos se multiplicarán en los últimos días. Ayer se dio un paso fundamental con la reunión de la comisión de Seguridad ampliada, que convocó el presidente de Diputados, Miguel Lifschitz.

En las oficinas de la Presidencia del cuerpo confluyeron los integrantes de la comisión: Maximiliano Pullaro, Leandro Busatto, Amalia Granata, Luis Rubeo, Mónica Peralta, Ariel Bermúdez, Carlos del Frade, Julián Galdeano, Agustina Donnet y Ximena Sola. Y algo más de una treintena de diputados de todos los bloques. En rigor, de los 50 integrantes de la Cámara, faltaron pocos.

Un día antes se habían reunido intendentes y presidentes comunales del Frente Progresista (FPCyS) y el radicalismo. Previamente, hubo reuniones de esa fuerza. Además, Borgonovo recibió a legisladores de distintos signos.

Con los encuentros se fueron multiplicando los pronunciamientos que dieron una suerte de unánime respaldo a una declaración de emergencia en seguridad. Urgida, además, por la repercusión alcanzada por los homicidios y hechos delictivos registrados en los que va de 2020. Incluso, el ministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín, recibió a concejales y diputados del PJ para hablar de la cuestión. Y el peronismo santafesino reunió a su dirigencia para blindar su respaldo a Perotti (ver página 10).

Lo que vendrá

Sólo resta definir el perfil de la declaración de emergencia. Eso fue lo que hicieron ayer los diputados y lo que busca Borgonovo con sus reuniones. Se estima que la suma de opiniones será incorporada al proyecto final.

Poco se dice la oposición, en cambio, sobre la emergencia económica. El presidente de la UCR santafesina, Carlos Fascendini, había afirmado, horas antes de reunirse con legisladores e intendentes y presidentes comunales de su partido, que no consideraba necesario el trámite.

No obstante, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y sus pares de Santa Fe y al menos una docena de ciudades resultarían mucho menos categóricos en negar la posibilidad. En todo caso, insistieron en reclamar herramientas. Algo que, para el peronismo gobernante, es un eufemismo de emergencia.

Por lo pronto, se descuenta que la emergencia en seguridad ingresará por Diputados. Y se especula con que la económica iría al Senado, Cámara que ya se pronunció favorablemente sobre la cuestión en diciembre pasado.

Si la Casa Gris logra cerrar acuerdos respecto del manejo de las finanzas, es algo que se ira viendo a lo largo de las dos semanas que quedan hasta la próxima reunión de Diputados.

Se trata, en rigor, de la misma Cámara que en diciembre propinó un duro revés al negarle al gobierno una ley que pusiera en emergencia ocho áreas de gestión.

Desde entonces, la escala verbal ascendió en crispación recíproca, hasta que esta semana entró en la meseta que desembocó en la reunión de Diputados, que alumbró un documento de ocho puntos acerca de la inseguridad.

El texto, además de repudiar los recientes hechos de violencia en la provincia ("Muchos de los cuales son promovidos por organizaciones criminales"), convoca a los tres poderes del Estado a actuar "de manera enérgica y coordinada".

"La violencia, el narcotráfico y la inseguridad son fenómenos complejos que tienen múltiples causas y sólo pueden ser abordados con éxito en el marco de políticas de Estado", añade el texto.

Además, el documento resalta la "total predisposición en todos los bloques políticos para colaborar con el gobierno provincial, haciendo llegar propuestas e iniciativas y dándole tratamiento a cualquier proyecto de ley que contribuya a generar herramientas idóneas para enfrentar la situación de emergencia de la violencia y la inseguridad". Una radiografía a la que la dirigencia frentista, al menos hasta diciembre, le venía sacando el cuerpo.

Otro punto clave destaca: "La transformación estructural de la Policía de Santa Fe para convertirla en una institución eficiente, moderna, profesional y democrática es una aspiración compartida por todas las fuerzas políticas".

Responsabilidades

Luego señala la importancia del rol a desempeñar por la tarea de la Justicia Penal "para evitar la impunidad y avanzar en la investigación y el esclarecimiento de los delitos, especialmente los más complejos".

"Cualquier política democrática de seguridad que pretenda resultados duraderos de mediano y largo plazo debe incluir como prioritarias políticas públicas de inclusión social y laboral, especialmente las dedicadas a las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad social", prosigue el comunicado.

Asimismo, los legisladores solicitan a la Justicia federal "la rápida implementación del sistema acusatorio en la provincia y el refuerzo de la estructura de fiscales y personal de apoyo, acompañando las gestiones realizadas por el gobierno santafesino".

En esa línea, piden al Congreso nacional la sanción de la ley de extinción de dominio para aplicar a los casos federales, "en virtud de los positivos resultados obtenidos en la provincia de Santa Fe".