A través de un decreto, el presidente Javier Milei modificó el procedimiento de designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es acelerar el trámite para cubrir las vacantes en el máximo tribunal.
Milei pretende acelerar los nombramientos en la Corte Suprema para cambiar el equilibrio de poder en el máximo tribunal.
A través de un decreto, el presidente Javier Milei modificó el procedimiento de designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es acelerar el trámite para cubrir las vacantes en el máximo tribunal.
El gobierno publicó este jueves un decreto en el Boletín Oficial que modifica un decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado en por el entonces presidente Néstor Kirchner.
A través de la nueva normativa dispuesta por el gobierno, se pretende activar el proceso de designación ante la certeza de que se producirá una vacante en la Corte. Este es el caso de Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá 75 años el 29 de diciembre.
En los considerandos del decreto, el gobierno invoca la resolución nº 2338 de la Corte Suprema del 6 de septiembre de 2023. En esa decisión el máximo tribunal estableció que "se pierde la investidura judicial el día en que el magistrado cumple los 75 años de edad" sin haber obtenido un nuevo nombramiento.
En 2017, el ministerio de Justicia del gobierno de Mauricio Macri estipuló que aquellos jueces que pretenden continuar en su cargo una vez cumplidos los 75 años deben solicitar un nuevo acuerdo al menos un año antes de llegar a ese límite de edad. Maqueda no lo hizo, por lo que quedará una silla vacía en la Corte.
En su momento, el decreto 222/03 de Kirchner estableció que, una vez producida la vacante, se debe abrir un proceso que incluye la publicación del nombre y los antecedentes de la persona propuesta por el Poder Ejecutivo, la presentación por parte del postulante de una declaración jurada de sus bienes con su patrimonio, los estudios de abogados a los que pertenecieron y los clientes que tuvieron, y un período de quince días en el que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y entidades académicas pueden plantear sus observaciones.
Para Milei, "la experiencia ha demostrado que llevar adelante el procedimiento adoptado por el Decreto N° 222/03 y obtener el acuerdo del Senado importa una demora mayor a los plazos previstos por la referida norma, lo que impacta seriamente en el funcionamiento judicial y organizacional del más Alto Tribunal y, como consecuencia, de la totalidad del Poder Judicial de la Nación".
Este miércoles, el gobierno presentó las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes de Maqueda y Elena Highton, que renunció a su cargo en octubre de 2021.
Desde entonces, el tribunal funciona sólo con cuatro integrantes: su presidente, Horacio Rosatti; Carlos Rosenkrantz, el propio Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Lijo es un jugador de peso en el entramado de los tribunales federales porteños de Comodoro Py y es identificado como una persona allegada a Lorenzetti.
En tanto, García-Mansilla es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y coincide con Milei en la dolarización y su férrea oposición a la legalización del aborto.
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Con estas nominaciones, el gobierno busca cambiar el equilibrio de poder en la Corte Suprema y construir un tribunal más receptivo a sus reformas. Rosatti, por ejemplo, planteó que si la dolarización implicaba la eliminación del peso era inconstitucional.
De todos modos, para designar a Lijo y a García-Mansilla Milei necesita conseguir el aval del Senado, que debe darle luz verde a los pliegos con una mayoría de al menos dos tercios de los miembros presentes.
Se trata del mismo Senado donde la semana pasada el gobierno sufrió una derrota con el rechazo del DNU desregulador, aunque en este caso el gobierno podría encontrar un carril de negociación con los gobernadores peronistas.
