Ratificó su política comercial en las islas y calificó de “inaceptables” las sanciones a las compañías impulsadas por la Argentina
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El Reino Unido ratificó su posición sobre las Islas Malvinas.
El gobierno del Reino Unido ratificó este viernes su posición sobre las Malvinas y aseguró que el archipiélago tiene derecho a desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, al tiempo que respaldó a las empresas y particulares que mantienen actividades comerciales con las islas frente a las medidas impulsadas por la Argentina.
“La posición del Reino Unido es clara: las Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren apropiado”, sostuvo la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, en un comunicado difundido por el gobierno británico.
Según Londres, ese derecho forma parte de la autodeterminación de los habitantes de las islas. El pronunciamiento se produjo después de que la Argentina intensificara sus advertencias a empresas y personas que suministran bienes y servicios, de modo directo o indirecto, a las Malvinas, particularmente en actividades vinculadas con el sector de hidrocarburos.
El Reino Unido sostuvo que su gobierno y su red diplomática “respaldan plenamente” a esas compañías y particulares y calificó de “inaceptables” las acusaciones y medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
La declaración británica se suma a una guía publicada el 15 de septiembre pasado, en la que Londres sostiene que respalda las actividades económicas en las islas y el desarrollo de sus recursos naturales.
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En ese documento, el gobierno británico afirma que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las Malvinas están reguladas por la legislación de las islas y sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación a empresas o personas vinculadas con negocios en el archipiélago.
La posición británica se produce días después de que la Cancillería argentina rechazara la guía de Londres y anunciara una profundización de las medidas contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las áreas bajo disputa de soberanía.
