El último reporte de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad indicó que actualmente 298 imputados se encuentran transitando la etapa de juicio, en el marco de 16 procesos (14 orales y dos escritos), en diez jurisdicciones federales diferentes. Al respecto, el fiscal general Jorge Auat, titular de la Procuraduría, consideró que "estos juicios tienen una realidad contable, pero desde la Procuraduría privilegiamos un punto de vista cualitativo", por lo cual "hasta que no terminemos con los procesos de memoria, verdad y justicia, sentiremos que nuestro deber estará incompleto". También advirtió que "los represores aún se refugian en la propia institución judicial, en las mismas estructuras".
Auat señaló que "se trabajó mucho para llegar a la realidad actual" a pesar de que "tuvimos dificultades que no desaparecieron, que no están del todo superadas". Planteó que "la realidad del presente es auspiciosa, pero faltan investigar la complicidad civil y a los grupos económicos".
El funcionario alertó que "las estrategias de la impunidad no se fueron con la derogación de las leyes de 2003" ya que "los represores aún se refugian en la propia institución judicial, en las mismas estructuras". Explicó que esto ocurre "cuando los procesos son malversados, el tiempo y la energía jurisdiccional que se pierden son importantes y producen un desgaste irrecuperable", ante lo cual "los agentes judiciales podrían simplificar los trámites".
El jefe de los fiscales que intervienen en causas de terrorismo de Estado puso como ejemplo de trabas que surgen en la propia Justicia a "la discusión sobre la figura del fiscal ad hoc, que llegó a instancias de Casación: el tiempo que demandó fue enorme y repercutió de forma negativa en las dilaciones de las causas".
Para Auat, "los hechos juzgados tienen casi 40 años, y las causas tienen más de diez", pero "la revalorización de la memoria colectiva y el efecto de la resignificación de la víctima son los puntos principales. Son los grandes méritos de estos procesos. Sumado a eso, la visibilización de la víctima como un sujeto fundamental de la historia, porque en sus relatos, en sus testimonios, se permite conocer la realidad de lo que pasó. Y las víctimas son importantes tanto en las mega causas como en los juicios donde hay un solo caso".
De acuerdo a las estadísticas que dio a conocer la Procuraduría, hay 1.128 personas procesadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales más de la mitad cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras 195 tienen una o más causas en las que la Fiscalía formuló el requerimiento de elevación a juicio.
El mismo informe indica que desde la recuperación del Estado de derecho en 1983, la cantidad de condenados por crímenes durante la última dictadura cívico-militar asciende a 529 (varios recibieron más de una condena) y la cantidad de absueltos suman 56. Sin embargo, sólo 114 condenas se encuentran firmes, que comprenden a 108 personas juzgadas en 51 procesos.
El reporte de la Procuraduría indica que desde el denominado Juicio a las Juntas hasta hoy, se celebraron en todo el país 129 juicios, de los cuales 114 "se han realizado a partir del 2004", tras la caída judicial y legislativa de las leyes de punto final y obediencia debida", de los cuales "24 han concluido el año pasado y siete en lo transcurrido de 2014". Para la segunda mitad del año hay programados otros siete procesos, que involucran la responsabilidad de 21 personas en 101 casos.
Noche del apagón. Organismos de derechos humanos de Jujuy recordarán hoy con una marcha el 38º aniversario de la "Noche del apagón", cuando más de 400 personas fueron detenidas por fuerzas de Ejército y seguridad durante la dictadura cívico-militar.
La marcha se realizará desde la localidad de Calilegua a Libertador San Martín, en cuya plaza habrá un acto para recordar a las víctimas. Unos 75 sobrevivientes de aquellos hechos ya brindaron testimonio en los dos juicios de lesa humanidad que se desarrollaron en la provincia norteña.
Los operativos se caracterizaron por apagones deliberados del alumbrado público y domiciliario en Calilegua, El Talar y Libertador San Martín, entre los días 20 y 26 de julio de 1976.
Durante esas noches se utilizaron vehículos militares y policiales, y otros provistos por la empresa Ingenio Ledesma, cuyo dueño Carlos Pedro Blaquier y el entonces administrador Alberto Lemos se encuentran procesados como responsables civiles de estos hechos.
