Los fiscales Haurigot y Pueyrredón reprobaron el examen pero impugnaron y la Casa Gris los postuló para cubrir la nueva Cámara de Ejecución Penal
Por Mariano D'Arrigo
Foto: @CamaraDipSF.
La gestión de Pullaro envió a la Legislatura una nota pidiendo una prórroga de 30 días para presentar el presupuesto 2025. La fecha límite era el 30 de septiembre.
La Legislatura santafesina abrió formalmente el procedimiento para tratar los pliegos del primer concurso judicial impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, en un trámite que anticipa polémicas con la oposición pero que también puede generar ruidos al interior de Unidos.
Se trata de los pliegos de la fiscal rosarina Valeria Haurigot y su par de Venado Tuerto Horacio Pueyrredón y del defensor santafesino Mariano Guedes, enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir la primera Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria.
Este nuevo cuerpo judicial, creado en diciembre pasado, diez días después del recambio de autoridades, es un tribunal estratégico para la Casa Gris.
Según establece la ley 14.243 de ejecución penal, esta Cámara tiene como principales tareas resolver las apelaciones derivadas de procesos de habeas corpus colectivos y “fijar pautas de interpretación o aplicación de normas legales o para establecer guías de actuación para los informes y dictámenes elaborados por la autoridad penitenciaria”.
El problema es que Haurigot y Pueyrredón fueron reprobados en el primer tramo del concurso por el tribunal evaluador y excluidos del proceso.
Sin embargo, los funcionarios judiciales apelaron y la Casa Gris los puso de vuelta en carrera en el concurso.
Finalizado el proceso de evaluación, ambos quedaron en la lista que elevó el Consejo de la Magistratura al gobernador para que elija a los candidatos para ocupar las vacantes.
En el entorno de Haurigot señalaron que, en su caso, fue el propio tribunal evaluador el que revisó su decisión tras ampliar los fundamentos de sus respuestas en el examen. Es una prueba anónima, que incluye preguntas teóricas y la resolución de casos prácticos.
En tanto, en la Casa Gris salieron a bancar a los funcionarios propuestos. “Elegimos personas que tengan un perfil claro, moderno, porque definirán las políticas penitenciarias para los próximos veinte y treinta años”, señaló el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni.
El control de las cárceles ocupa un lugar central dentro de la estrategia del gobierno de Pullaro para enfrentar a las bandas ligadas al narco.
En la Casa Gris están convencidos de que el endurecimiento de las condiciones de detención de los líderes de las principales organizaciones criminales es una de las claves que permitió bajar los homicidios en Rosario a un tercio de los cometidos el año pasado.
A ese factor suman el mayor patrullaje, la articulación entre Nación, provincia y municipio, el trabajo territorial y el rol pacificador de los pastores evangélicos, tanto adentro como afuera de los penales.
En la oposición no objetan a los candidatos sino el procedimiento que utilizó el oficialismo provincial
“Es un espanto. Nadie sabe por qué no superaron el examen y el mensaje del gobierno no explica nada. Quieren gente que les responda a rajatabla”, se quejan desde el peronismo.
En el bloque presidido por Amalia Granata también se muestran críticos. “De mínima, queremos ver el decreto del gobernador con los considerandos y el dictamen de la Fiscalía de Estado”, sostienen.
La situación también generó cierto malestar en Unidos, donde observan el trámite como desprolijo.
Por lo pronto, este miércoles la comisión bicameral de Acuerdos dio el primer paso formal. Los senadores y diputados que integran el cuerpo abrieron los pliegos que envió el Ejecutivo y fijaron el cronograma de audiencias e impugnaciones y la fecha de Asamblea Legislativa.
La comisión reproduce en miniatura el dominio de Unidos en la Legislatura. El presidente es el senador Joaquín Gramajo (9 de Julio), que compitió con el sello Unite y es un aliado del oficialismo, y lo acompañan los radicales Felipe Michlig (San Cristóbal) y Orfilio Marcón (General Obligado) y el peronista Armando Traferri (San Lorenzo).
Por la Cámara baja tienen un asiento tres socialistas —Lionella Cattalini, Antonio Bonfatti y Gisel Mahmud—, la radical Silvana Di Stefano, el javkinista Ariel Bermúdez, el justicialista Marcos Corach, Emiliano Peralta (Somos Vida) y Astrid Hummel (PRO).
Desde la comisión señalaron que las entrevistas con los postulantes podrían ser el 21 o el 28 de agosto, y la Asamblea Legislativa el 29 de agosto o el 5 de septiembre.
Tanto en el peronismo como en la bancada celeste aseguran que no hubo ningún tipo de contacto del oficialismo, ni de la Casa Gris o de sus espadas legislativas, para dialogar sobre los pliegos. “Antes de llegar al recinto tienen que conseguir el dictamen, no va a salir por un tubo”, advierten en la oposición, que no adelanta un voto en contra, pero tampoco lo descarta.
Con mayoría en ambas Cámaras, Unidos tiene los votos para aprobar los pliegos sin necesidad de recurrir a aliados.
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De todos modos, sería un antecedente de cara a las próximas reformas que tiene en carpeta la Casa Gris, como la renovación de la Corte Suprema, la transformación del sistema previsional de la provincia y la reforma de la Constitución, donde la alianza conducida por el radicalismo necesita sí o sí que otras fuerzas opositores lo acompañen para llegar a los dos tercios y poder avanzar.
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