El ministro de Interior, Guillermo Francos, respondió este miércoles cuestionamientos de los diputados opositores a los cambios en el sistema electoral y enfatizó: “Si no están los votos para la reforma electoral, eso no trabará el tratamiento de la ley Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos”, en debate en la Cámara baja.
En ese marco, el PRO, la UCR, Unión por la Patria (UP) y hasta un sector de los libertarios se mostraron contrarios a la modificación del sistema electoral.
Luego de mostrarse inflexible, el Ejecutivo volvió sobre sus pasos con los cambios anunciados en la ley" Luego de mostrarse inflexible, el Ejecutivo volvió sobre sus pasos con los cambios anunciados en la ley"
No obstante, y al escuchar las críticas opositoras tras el primer bloque de preguntas, el ministro ironizó: “Percibo que hay un apoyo muy grande al proyecto, soy muy intuitivo”, lo cual despertó risas y algún aplauso por parte de los legisladores.
Sin embargo, hubo dos momentos de tensión: uno con el diputado del Frente de Izquierda (FIT) Nicolás Del Caño y otro, más álgido, con el referente de Unión por la Patria Leandro Santoro.
A Del Caño, Francos lo cruzó al considerar que “no representa a todos los trabajadores” porque es parte de un espacio minoritario. Y, antes de retirarse de la Cámara baja después de más de cuatro horas en el plenario, llegó el choque con Santoro, quien lo acusó de abandonar la comisión para “irse a comer”.
Es que, al promediar las 13.40, Francos se había excusado por tener que retirarse de la reunión para cumplir con otros compromisos y avisó: “Me llevo las inquietudes. Tenemos que discutir entre lo necesario y lo oportuno, si es que no conseguimos acuerdos”.
El debate en comisiones se había iniciado este martes con la presencia de funcionarios del Ejecutivo, que expusieron sobre los capítulos de emergencia, reforma del Estado y Justicia.
El proyecto comenzó a ser tratado en un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, en el que expusieron el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Luego, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la decisión del gobierno de retirar de la ley ómnibus el artículo que obliga a pedir permiso para reuniones de más de tres personas, cuestionado por sectores de la oposición.
“Es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente, porque ya está suficientemente explicado en otros (apartados)”, dijo Bullrich al exponer en el marco de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto de Diputados.
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Patricia Bullrich también pasó por Diputados.
Foto: Télam.
“Al haberse generado una confusión, pensamos que es mejorar retirarlo. Dénlo por retirado”, continuó la funcionaria, que aclaró que se trataba de un tema ya regulado por la ley de tránsito.
En ese sentido, completó: “Al haberse interpretado de otra manera, mejor retirar directamente el artículo”. A través del apartado 331 del proyecto, el gobierno definía a la reunión o manifestación como una “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”.
Según estipulaba la iniciativa, esas reuniones o manifestaciones debían ser notificadas al menos 48 horas antes de su realización ante Ministerio de Seguridad, que se guardaría la potestad de autorizarlas o rechazarlas.
Tras el anuncio, Bullrich sacó pecho a las críticas y subrayó: “No nos van a parar, es todo o no es nada”. De ese modo, retrucó las filosas críticas opositoras que recibió durante su presentación en la Cámara baja para defender la ley ómnibus.
Además, al final de su alocución, le pidió al diputado de UP y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, que la CGT “levante el paro” del 24 de enero próximo.
A recalcular
Sin embargo, la Casa Rosada volvió sobre sus pasos con los cambios anunciados en la ley ómnibus, acicateados por el reciente diálogo con gobernadores y las dos jornadas de plenario de comisiones, que también redundaron en la flexibilización de posiciones en el oficialismo.
Incluso, la revisión contempla el plazo de la emergencia con la delegación de poderes y la política pesquera.
Piden a la Justicia no intervenir en el DNU
Paralelamente, el gobierno le pidió a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que no interfiera en el DNU firmado por Milei porque ya tomó intervención el Congreso.
Mediante una presentación, los abogados de la Procuración del Tesoro respondieron al amparo del Observatorio del Derecho en la Ciudad, por el cual el juez Enrique Lavié Pico habilitó la feria para resolver si lo declara o no constitucional.
“No hay dudas de que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Ejecutivo y del Congreso de la Nación, mas no del Poder Judicial”, argumenta el planteo.
Y agrega: “En efecto, dictado el DNU se comunica inmediatamente al Congreso, el que puede revocarlo, en un procedimiento cuya velocidad dependerá de su exclusiva voluntad y del debate democrático-representativo, sobre el cual los jueces no pueden avanzar”.