El ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastia, descartó este domingo la posibilidad de que el gobernador Maximiliano Pullaro busque por decreto la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
El ministro de Gobierno, Fabián Bastia, dijo: "Seguiremos dialogando, buscando consenso, cumpliendo con la ley y exigiendo que las leyes se cumplan porque acá todos los ciudadanos somos iguales".
El ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastia, descartó este domingo la posibilidad de que el gobernador Maximiliano Pullaro busque por decreto la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
Es más, Bastia señaló que el Poder Ejecutivo apuesta al diálogo con los actuales miembros del alto tribunal: “Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo ahora: dialogando, buscando consenso, cumpliendo con la ley y exigiendo que las leyes se cumplan porque acá todos los ciudadanos somos iguales”.
El funcionario realizó estas declaraciones tras la reunión realizada este domingo en la Casa Gris entre el gobernador Pullaro y los miembros de la Corte.
A las 7.30 en punto de este domingo, los jueces de la Corte Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, María Angélica Gastaldi, y Rafael Gutiérrez ingresaron a la Casa de Gobierno. Se ausentaron Mario Netri y Daniel Erbetta. Lo esperaban el gobernador, y los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, de Gobierno, Fabián Bastia, y de Economía, Pablo Olivares.
Al culminar el encuentro, el actual presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, aclaró que durante el encuentro no se abordó la modificación de la composición del máximo tribunal de justicia. “Vinimos a hablar que hay más de 70 vacantes en toda la provincia y habrá más de acá a fin de año”, advirtió.
“Estuvo el ministro de Justicia y Seguridad y dijo que van a tratar de cubrir los cargos lo antes posible”, agregó Gutiérrez.
El ministro, en tanto, explicó que durante la reunión se le solicitó al gobierno mayor presupuesto para tener mayor infraestructura para implementar los juicios por jurados en la provincia. “En Santa Fe y Rosario los salones de audiencia los podemos tener, pero en el interior tenemos que implementar cuestiones de logística”, explicó.
Gutiérrez aprovechó la oportunidad para aclarar que no mantuvo ninguna personal con algún miembro del Ejecutivo por la renovación de la Corte que impulsa el gobernador Pullaro. “Yo no tuve ninguna reunión con nadie”, sostuvo.
El ministro de la Corte evitó hablar de la reforma previsional en Santa Fe que ya cuenta con media sanción en la Legislatura provincial. “Yo tengo mi opinión, pero tengo un impedimento”, dijo.
Los seis ministros (Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri, María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta y Gutiérrez) pasaron la edad de retiro de 65 años que indica la Constitución provincial.
Es más: a excepción de Erbetta, quien tiene 70 años, el resto ya cumplió 75 -y hasta hay casos que superan los 80-, que es el límite de la Carta Magna nacional. Hasta ahora, solo Netri avisó que se retira.
¿Qué fundamentan para mantenerse en el cargo? El propio Gutiérrez lo dejó en claro en el discurso de apertura del año judicial. “La ley máxima de la provincia estipula expresamente las garantías de inamovilidad e intangibilidad de los magistrados en el ejercicio de sus funciones, en tanto conserven su idoneidad física, intelectual moral (artículo 88 de la Constitución Provincial)”, sostuvo. Pullaro estaba en primera fila. "La juventud va por dentro. Ese es el lema hoy", indicó un vocero del Poder Judicial.
Las diferencias se encendieron en el último tiempo con el avance de la reforma previsional que impacientó al sector porque, entre las modificaciones, se estipularía un mayor aporte de los haberes altos, donde los del Poder Judicial se llevan todos los números. Pullaro avisó que "se terminaron los privilegios para los que tienen coronita" y todo estallo.
Pero también se acumulan en los enojos algunos avances del gobierno provincial que en la Justicia interpretan que rozan los límites de la institucionalidad y la independencia de Poderes. Uno de ellos es la gran cantidad de vacantes que se acumulan y el Ejecutivo no concursa, y el nuevo sistema de selección de magistrados y funcionarios del área.