El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el embargo preventivo de 4,6 millones de dólares que se encontraron en las cajas de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco Galicia. Además del embargo preventivo, pidió la misma medida para 874.986,39 dólares que la joven tendría en una caja de ahorro, según informaron fuentes judiciales.
El pedido del fiscal fue hecho ante el juez federal Julián Ercolini quien debe definir si dispone el embargo de los fondos. Pollicita explicó que la causa a su cargo "se encuentra orientada a determinar la existencia de una asociación ilícita dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo, en primer término Néstor Kirchner y luego por su esposa" y los empresarios "Lázaro Báez, Cristobal López, Carlos De Sousa y Osvaldo Sanfelice".
La fiscalía lo argumentó en base a otorgamiento de licitaciones de obra pública, en su mayoría construcción de rutas por parte de Lázaro Báez y que treparon hasta alcanzar los 16 millones de pesos; así como Cristobal López recibió beneficios impositivos para sus empresas.
Para la fiscalía, el objetivo es "determinar" si los Kirchner "resultaron beneficiarios en forma sistemática y coordinada de los pagos que los empresarios favorecidos por el Estado Nacional habrían realizado a favor de ellos, vía el alquiler de los complejos hoteleros de su propiedad y la falsa contratación de habitaciones". En ese sentido, la fiscalía dio por acreditado que entre 2008 y 2013 alquilaba los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, de la familia Kirchner, y sólo por el Alto Calafate pagó durante esos años unos cinco millones de dólares. Pollicita aclaró en su dictamen que "resulta irrelevante" si los fondos "se encuentran debidamente declarados", ya que "lo que se encuentra controvertido es el origen de los mismos".
El embargo, según la fiscalía, es para "garantizar y asegurar efectivamente el eventual decomiso del dinero en cuestión que podría estar vinculado a los delitos investigados" así como evitar "la libre disponibilidad de los fondos, previniendo un eventual estado de insolvencia que haría ilusoria la compulsión en caso de condena".
La hipótesis del fiscal es que ese dinero habría sido transferido a la caja de seguridad de Florencia Kirchner para evitar ser alcanzada por embargos e inhibiciones, tal cual se le fijó en la causa por dólar futuro a cargo del juez Claudio Bonadio. La apertura de las cajas de seguridad por parte de Florencia Kirchner fue el 3 de marzo de este año, tan sólo cuatro días antes que su madre tuviera que presentarse en declaración indagatoria ante el juez federal Bonadio en aquella investigación en la cual la exmandataria está procesada.
Al respecto, de acuerdo a los movimientos de las cuentas aportados por el Banco Central, entre los días 3 y 4 de marzo pasado, previo a realizar una importante operación de 1.696.202 dólares desde la caja de ahorro en pesos de Cristina, se extraen en efectivo unos 4.664.000 dólares y los mismos son depositados en las cajas de seguridad de Florencia Kirchner.
También Florencia Kirchner habría recibido al menos dos depósitos por un total de 874.986,39 dólares el 29 de marzo pasado en su caja de ahorro que la tiene como única titular. "Teniéndose por demostrado el despliegue de maniobras de parte de las personas investigadas con el objeto de evitar que la justicia detecte importantes sumas de dinero, deviene indispensable la adopción de medidas de naturaleza patrimonial con miras a asegurar las responsabilidades emergentes del proceso en curso", argumentó Pollicita.
