El ministro de Economía nacional, Sergio Massa, habló este miércoles en Washington (Estados Unidos) tras la reunión que concretó un nuevo desembolso del Fondo Monetario (FMI) y adelantó medidas basadas en ayuda financiera para los comercios afectados por la ola de ataques organizados, según calificó la Casa Rosada, y un refuerzo en materia de seguridad.
Antes del anuncio, el presidente Alberto Fernández había reaparecido en público, luego de días sin agenda oficial, en un acto en Neuquén donde se refirió a la ola de ataques a comercios y supermercados. “Les pido a todos que cuidemos la paz social, que nosotros nos vamos a ocupar de resolver los problemas de los argentinos con sus ingresos”, afirmó el mandatario.
Acerca del anuncio de Massa, se trata de una ayuda económica no reembolsable de hasta 7 millones de pesos para aquellos negocios que sufrieron saqueos durante los últimos días.
Massa aclaró que el monto será para aquellos comerciantes de Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, Córdoba o Mendoza que hayan realizado la denuncia y tengan una constatación de las perdidas.
Luego indicó que le ordenó a la Secretaría de Legal y Técnica de Economía que arme un equipo de seguimiento para que los delincuentes detenidos “no entren por una puerta de la comisaría y salgan por la otra”.
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Es que al menos 94 personas fueron detenidas acusadas de haber participado de unos 150 intentos de robos a distintos supermercados y comercios del conurbano bonaerense, en su mayoría menores de edad, mientras que también se registraron aprehensiones en Mendoza y en Córdoba.
Por su parte, el jefe del Estado sostuvo que los recientes robos a comercios en distintos puntos del país “evidentemente estuvieron organizados” y adelantó la llegada de una batería de medidas a aplicar en breve “para remediar los efectos de la devaluación”.
Si bien en el oficialismo hay coincidencias en que la ola de robos estuvo “armada” y digitada por las redes sociales, hubo desacuerdos sobre los responsables de instigarla. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, ligó al líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y a la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, con la propagación con intencionalidad política de los disturbios para intentar asimilarlos con lo que ocurrió en diciembre de 2001, en el final del gobierno del radical Fernando de la Rúa.
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Sin embargo, el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, dijo no tener datos certeros sobre la participación de Milei y Bullrich en la organización de esos hechos delictivos.
En territorio bonaerense, ese tipo de hechos ocurrieron en Moreno, Merlo, Tigre, Pilar, Escobar, José C. Paz y Tres de Febrero, donde, según el ministro de Seguridad de esa provincia, Sergio Berni, se organizaron a través de una “campaña masiva por las redes sociales”.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, indicó que los ilícitos fueron realizados “de manera conjunta y coordinada” y señaló que mantiene una permanente comunicación con intendentes y con el ministro de Seguridad, para “fortalecer” el control con 5 mil efectivos desplegados en las zonas involucradas.
Berni explicó que los hechos “se caracterizaron por la presencia de grupos muy organizados con muchos menores”, en los que “el pueblo no acompañó sino que ayudó a mantener el orden de la policía”.
A su vez, el presidente Fernández dijo que estuvo escuchando a los gobernadores de Neuquén (Omar Gutiérrez) y de Mendoza (Rodolfo Suárez) para interiorizarse sobre lo ocurrido allí y que estuvo “en contacto con una víctima de esos hechos en Río Cuarto (Córdoba)”.
En tanto, la vocera responsabilizó a Milei y Bullrich de propagar los disturbios registrados en algunos barrios porteños y en Mendoza y Córdoba.
“Tenemos candidatos de la oposición que están yendo a las elecciones en octubre. El clima que se fue generando era de cuentas ligadas a los grupos de Libertad Avanza y también a los grupos de Bullrich”, afirmó.
En esa línea argumental, Cerruti precisó: “Bullrich debe tener añoranzas del 2001 que ella protagonizó. Tenemos dos candidatos protagonistas, en el caso de Milei, por su entorno, y ella, protagonista clara. Construyen el discurso público de la añoranza que tienen para que la democracia cruja y se desestabilice”.
“Hasta los gobernadores, gente que no tiene que ver con nuestra fuerza, están advirtiendo que lo que viene ocurriendo está organizado”, expuso la portavoz. Y sumó: “Hay que ser un poco más responsables todos”.
Para la funcionaria, se trató de grupos de personas “muy jovencitas” que, en simultáneo, atacaron comercios “buscando objetos que no son de primera necesidad” y que representan “la foto de que es algo armado y buscando repercusión”.
Imputada
Paralelamente, el fiscal Guillermo Marijuan imputó a Cerruti por omisión de denuncia e incitación a la violencia tras los saqueos.
En su instrucción, Marijuan consideró que la vocera presidencial manifestó que tenía información sobre el origen de los saqueos y no efectuó la denuncia correspondiente, algo que debería haber hecho por ser funcionaria pública.
Además, el funcionario judicial les pidió al presidente y a los gobernadores que proporcionen los informes de inteligencia que se pudieran haber labrado por los incidentes.