Las irregularidades en la situación laboral del personal contratado, la escasa dotación de recursos humanos (profesionales) y técnicos, falta de actualización de sistemas operativos (software), la elaboración de datos estadísticos deficientes y la no aplicación de programas como el de libertad asistida y de diversidades sexuales en la Justicia Penal Juvenil; son sólo algunas de las graves falencias detectadas por la actual gestión del gobierno provincial, según un diagnóstico realizado sobre nueve ámbitos de la Justicia santafesina y que puso en evidencia una pesada herencia en esta materia.
El informe de estado de situación por áreas incluyó el acceso a la Justicia, la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), los Registros Generales de Santa Fe y Rosario, el Registro Civil y el Consejo de la Magistratura. También, abarcó los ámbitos de la mencionada Justicia Penal Juvenil, la Dirección de Protección a Testigos y el Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga).
El trabajo diagnostica un estado de situación precaria en las áreas referidas. Además, hace hincapié en que no existen “criterios de trabajos unívocos” en las diferentes agencias territoriales; al tiempo que resalta la “ausencia de asignaciones de funciones específicas dentro de las oficinas de trabajo”; como así también “la falta de movilidad” y de “personal idóneo” para desempeñar las tareas.
En el capítulo referido al acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos, el diagnóstico sobre la Agencia de Gestión de Mediación Prejudicial Obligatoria (Agem), la Oficina de Mediación Penal (OMP) y del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), revela que la gestión del gobierno anterior no puso énfasis en regularizar la situación laboral del personal contratado y tampoco en dotar de recursos humanos idóneos, es decir, mediadores penales y de carácter administrativo.
Cabe recordar que la Agem tiene presencia territorial en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, a través de 36 sedes habilitadas. En el caso de los CAJ, que son los centros orientados a garantizar el acceso a la Justicia de las personas víctimas de delitos, la drástica disminución del personal de planta observado (principalmente profesionales) derivó en que “sólo se trabajó con el 60% del plantel que contempla su estructura y con una necesidad de asistencia creciente”.
Respecto de la Inspección de Personas Jurídicas (IGPJ), el informe advierte que Santa Fe carece de un inspector contable, “necesario para completar los recursos humanos disponibles en el área”.
Programas demorados
La población del sistema penal juvenil de la provincia de Santa Fe está compuesta por jóvenes de entre 16 y 18 años. La Dirección relacionada con este ámbito tiene a su cargo varios institutos y programas especializados como el de libertad asistida, centros de día y de regímenes semiabiertos o cerrados, distribuidos por todo el territorio santafesino.
Respecto de este punto, el trabajo elaborado por la actual gestión encabezada por el gobernador Omar Perotti, alertó sobre “la ausencia de un Código de Responsabilidad Penal Juvenil”, que posibilite “la visión compartida de los actores involucrados sobre las problemáticas a abordar”. Otras dos graves falencias detectadas fueron en relación al programa de libertad asistida, en el que se observó “la ausencia de postulados de dicho programa y el dictado de medidas en el medio libre”.
El informe puso énfasis también en la inexistencia de un Departamento de Género y Diversidades Sexuales, necesario a partir de la adhesión de la provincia a la “Ley Micaela”, que establece la “capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”.
En relación al régimen cerrado, el trabajo considera “prioritario” lograr que los espacios alternativos al encierro “se transformen en algo realmente alternativo y no sólo en una forma de ampliar el sistema penal para jóvenes, como es lo que ocurre actualmente”.
La declaración de pandemia y el estado de situación en la que emergió toda una comunidad no sólo puso en jaque un contexto de organización social en sus diferentes órdenes, sino que reflejó en esta última década “un sistema de gestión institucional provincial endeble, empobrecido y desjerarquizado donde la inversión en la publicidad superó ampliamente la verdad, la realidad”, refiere el informe en el apartado sobre la situación del Registro Civil.
