El mandatario santafesino encabezará este jueves la reunión de la Región Centro. La Casa Gris prepara una demanda contra un decreto presidencial
Por Mariano D'Arrigo
Foto: Archivo / La Capital.
La Región Centro busca marcar la agenda productiva frente al modelo de Javier Milei.
Con la cuestión previsional al tope de la agenda, el gobernador Maximiliano Pullaro recibirá a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Los mandatarios de la Región Centro afinarán la estrategia para reclamar la deuda que acumula desde hace cuatro años con sus distritos el Estado nacional, hoy a cargo de Javier Milei, mientras Santa Fe ya tiene lista una nueva presentación judicial.
Como presidente pro témpore de la Región Centro, Pullaro hará de local. El encuentro será este jueves, a las 11, en el salón Blanco de la Casa Gris.
“Tenemos intereses en común: los tres tenemos cajas provinciales y se va a avanzar con la estrategia de reclamo al Estado nacional”. dijo a La Capital el ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastía.
Además de los gobernadores, participarán legisladores de las tres provincias, que integran el lote de trece distritos que no transfirieron sus cajas previsionales a la Ansés.
Tras la asunción del nuevo gobierno, la administración de Pullaro transitó por dos carriles el reclamo por los fondos jubilatorios.
Por un lado, se presentó en la causa judicial que impulsó el gobernador Omar Perotti en septiembre del año pasado, con la elección provincial ya definida, por la deuda del Estado nacional correspondiente a 2020, 2021 y 2022.
La provincia planteó subsanar aspectos de la demanda original. Uno, no menor, es el monto. La Casa Gris entiende que la deuda no es de 400.000 millones de pesos sino que asciende a 600.000 millones por intereses y actualizaciones.
También advierte que la presentación contiene irregularidades. Por ejemplo, que no hay constancias en la Fiscalía de Estado sobre cómo se llegó a ese número.
Al mismo tiempo, la provincia busca la mejor estrategia frente al DNU 280/24, publicado en el Boletín Oficial el 27 de marzo, el último día hábil antes de las Pascuas.
Con ese decreto, Milei cerró formalmente la canilla de anticipos que debía enviar la Nación a las provincias para cubrir el déficit de las cajas provinciales.
“Estamos definiendo cuál es la mejor estrategia. Cuando iniciás una acción judicial, tenés que hacerlo de manera precisa”, señaló Bastía.
Aunque no se descarta algún tipo de negociación política, la provincia ya contrató a un estudio jurídico de Buenos Aires para litigar.
Se trata del estudio Jurídico Cassagne Abogados, que ya fue contratado por el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la provincia para realizar el análisis jurídico de la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe.
Como estipula el decreto 803/2024, el estudio jurídico percibirá un honorario inicial de 30 millones de pesos por la elaboración de la demanda y la presentación del expediente. Luego cobrará un honorario mensual de 250 mil pesos por la tramitación del expediente y, después, recibirá un honorario final y otro en función del resultado en el juicio.
De todos modos, en la Casa Gris buscan plantear la discusión con el Estado nacional y no centrarla en Milei.
“No tiene que ver solamente con esta gestión. Durante cuatro años, el gobierno de Alberto Fernández no transfirió ni un centavo”, cuestionó un colaborador cercano a Pullaro, que destacó al mismo tiempo la potencia de la foto del jueves.
“Será una nueva demostración de tres gobernadores de tres partidos políticos distintos, pero que tienen diálogo, comparten intereses y actúan juntos”, resaltó.
En paralelo, Santa Fe encara su propio debate sobre la sustentabilidad del sistema previsional. El concepto que los funcionarios provinciales repiten como un mantra es "salvar la Caja de Jubilaciones". Eso implica tornarla viable en el tiempo y mantenerla en la órbita provincial.
Este martes se reunió en la Legislatura la comisión para el análisis del sistema, integrada por representantes del Poder Ejecutivo, el Senado y Diputados y cuatro gremios: UPCN, ATE, Amsafé y Festram.
Participaron, además, representantes de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y del Colegio de Magistrados.
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Según detallaron en la comisión, los gremialistas docentes plantearon la posición más dura, aunque en general en el mundo sindical prevalece el pedido de que "no haya regresividad en materia de derechos adquiridos”. Este miércoles la ronda de reuniones continuará con el Colegio de Abogados.
El cuerpo tiene la tarea de realizar dentro de un plazo de 45 días un informe sobre la sustentabilidad de la Caja y elevarlo al Ejecutivo, que luego enviará a la Legislatura un proyecto de reforma.
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