El ex ministro Marcelo Sain y otros dos funcionarios de la cartera de Seguridad fueron imputados hoy en la causa que investiga irregularidades en la compra de armas para la policía santafesina.
Gentileza Juan Jose Garcia
Marcelo Sain, en la mira por irregularidades en la compra de armas cuando era ministro de Seguridad.
El ex ministro Marcelo Sain y otros dos funcionarios de la cartera de Seguridad fueron imputados hoy en la causa que investiga irregularidades en la compra de armas para la policía santafesina.
A los tres se les atribuyó la coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la Administración Pública provincial. El monto total de la adjudicación fraudulenta que intentaron fue de 17.103.543 dólares, según consignó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Además de Sain, fueron imputados el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro y el ex secretario de Coordinación Técnica, Maximiliano Novas. También está bajo la lupa de los fiscales el ex jefe del Departamento de Logística (D4), Marcelo Leandro Correa, que será imputado mañana.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, dirigida por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.
En la audiencia realizada esta mañana en la capital provincial, la Fiscalía sostuvo que –abusando de su condición de funcionarios públicos– los tres imputados realizaron maniobras defraudatorias para beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, en el marco de la licitación pública número 11/2021 por la compra de armas para la Policía de la Provincia de Santa Fe.
Los funcionarios del MPA argumentan que Sain y los ex integrantes del ministerio de Seguridad “buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente”.
“Luego de diversas decisiones administrativas y judiciales (Ministerio de Economía; Cámara Contencioso Administrativo; Fiscalía de Estado; Tribunal de Cuentas), la licitación quedó sin efecto. En definitiva, los tres exfuncionarios investigados no lograron su cometido de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad”, subraya el comunicado del MPA.
Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, los responsables de la investigación
La causa se inició en marzo del año pasado, a partir de una denuncia de los diputados provinciales Juan Cruz Cándido (UCR) y Lionella Cattalini (Partido Socialista).
Al finalizar la audiencia, que los tres imputados siguieron a través de la plataforma Zoom, Hernández indicó que las penas podrían incluir tanto prisión como inhabilitación para los ex funcionarios. “El concurso que se realizó es del tipo ideal, es decir que si bien las maniobras que realizaron los imputados pueden subsumirse en distintos tipos legales se va a estar a la calificación que establezca la pena mayor”, precisó Hernández.
Por su lado, Jiménez informó que en una próxima audiencia solicitarán medidas cautelares, aunque no se trataría de la prisión preventiva.
La fiscal también indicó que en la audiencia Sain -aunque evitó nombrarlo- “hizo referencia a la investigación, pero no al hecho que se le atribuye”.
Consultada sobre el avance de la causa que investiga supuesto espionaje ilegal contra dirigentes políticos, empresarios y personalidades de la vida pública santafesina, Jiménez dijo que se trata de una investigación “muy voluminosa”. “Estamos trabajando para llegar a la imputativa, después daremos más información”, dijo la fiscal.
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