Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital.
Tres funcionarios del Ejecutivo santafesino defenderán iniciativas oficiales ante la Legislatura.
Con el objetivo de precisar los alcances del proyecto de presupuesto 2023 y la correspondiente ley tributaria -con media sanción del Senado provincial-, pero también para tratar de aplacar el turbulento proceso de selección de jueces de Pequeñas Causas y ajustar el calendario electoral del año próximo, funcionarios de la Casa Gris desembarcarán este miércoles, en dos turnos, en la Cámara baja santafesina.
A las 11, el Ministro de Economía provincial, Walter Agosto, se reunirá con los jefes de los distintos bloques e integrantes de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja para detallar el cálculo de gastos para el año próximo, el último de la administración de Omar Perotti.
En ese sentido, el gobernador reclamó a la oposición dejar de lado “chicanas y demoras” para que su gestión cuente con el presupuesto 2023 sancionado en tiempo y forma. A diferencia de lo que ocurrió con la proyección de gastos para 2022, que recién fue aprobada en marzo pasado.
Semanas atrás, la Cámara alta había sancionado por unanimidad la iniciativa oficial. En ese marco, la Casa Gris fue veloz en aceptar algunas de las modificaciones sugeridas por la oposición. Y evitó una desgastante dilación como la registrada con el presupuesto en ejecución.
El rápido acuerdo en el Senado condiciona a Diputados -donde predomina la oposición- a obrar en ese sentido. La Cámara baja, que seguramente modificará la iniciativa, ya fijó preferencia para tratarla antes del cierre del período de sesiones ordinarias del cuerpo (30 de noviembre).
Posteriormente, a las 16, la ministra de Gobierno provincial, Celia Arena, y el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia (cuya presencia llegó a estar en duda porque cursa un posoperatorio), se reunirán con los miembros de la comisión de Labor Parlamentaria de Diputados.
El desembarco de los representantes del Ejecutivo tendrá lugar luego de la denuncia pública de un sector del radicalismo sobre un supuesto “contubernio” entre el oficialismo y el socialismo en torno a los Juzgados comunitarios, a la par del pedido de diputados de distintas bancas no peronistas para que los 36 pliegos de aspirantes a esos cargos fueran retirados.
Sin embargo, la Casa Gris tiene decidido no dar marcha atrás con los pliegos, cuya validación en Asamblea Legislativa está programada para el 24 de noviembre.
En los pasillos de la Gobernación deslizaron a La Capital que el proceso se ajusta al marco reglamentario vigente y recordaron que, de existir alguna objeción, es posible realizar la impugnación correspondiente. Previamente, Somaglia había atribuido la arremetida de los legisladores de la oposición a las pujas políticas de cara a un año electoral.
Según estipula el reglamento legislativo, la convocatoria a Labor Parlamentaria será a puertas cerradas, sin presencia de la prensa o público en general.
La última reunión del cuerpo sin restricciones fue a fines de octubre y dejó expuestas (además de sembrar incertidumbre en un área del Ejecutivo sumamente sensible) las diferencias entre el ministro de Seguridad provincial, Rubén Rimoldi, y la secretaria de Administración Financiera de la cartera, Ana Morel, respecto del presupuesto para esa repartición oficial.
Asimismo, los diputados de la oposición pretenden más precisiones de parte del gobierno santafesino sobre el calendario electoral del año próximo.
Perotti tiene in pectore el anuncio de que los comicios generales en la provincia se realizarán en los primeros días de septiembre con el objetivo de no repetir una desgastante transición hacia el cambio de mando (como ocurrió en 2019) y, paralelamente, ganar tiempo para definir la oferta para las urnas del oficialismo santafesino.
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