Los legisladores que buscan avanzar en la investigación de faltas graves adjudicadas a Marcelo Sain subieron la apuesta en la compulsa que mantienen con el Poder Ejecutivo para seguir adelante con el trámite contra el ex ministro de Seguridad. El presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos, Fabián Bastia, presentó un recurso en el que se pone en pie de guerra contra la decisión de la jueza laboral Paula Calace Vigo que aceptó el amparo presentado por el actual director del Organismo de Investigaciones (OI). Pero la principal embestida es contra el Fiscal de Estado de la provincia, Rubén Weder, a quien le atribuye actos ilegales, por los que sería denunciado.
Lo que dice Bastía es que al allanarse al pedido de Sain para que la Legislatura deje de investigarlo, el Fiscal de Estado puede haber incurrido en fraude procesal o prevaricato. Lo que hace extensivo a la decisión de la jueza laboral rosarina. También señalan que Perotti “invade al Legislativo generando una desviación de poderes” que “se contrapone con el sistema republicano de gobierno y genera una situación de gravedad institucional”.
El recurso de Bastía tiene el patrocinio del constitucionalista santafesino Domingo Rondina, algo que no deja de ser llamativo, en tanto este abogado mantiene una relación de estrecha amistad con el ministro de Gobierno Roberto Sukerman, que controla la que es llamada cartera política de la administración de Perotti.
Lo que dice Bastía con el asesoramiento de Rondina es que la sentencia de la jueza es nula porque en su sentencia da una orden hacia un órgano que no fue convocado al proceso, la Legislatura, y sobre el cual quien compareció, el gobernador, no tiene autoridad. La jueza le indicó a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa dejar sin efecto y archivar la tramitación del sumario administrativo iniciado contra Sain.
El gobernador Perotti lo que hizo mediante un decreto es pedirle al Fiscal de Estado que se allane al pedido de Sain. Y la jueza al aceptar el pedido y ordenar el archivo, dice el escrito impulsado por Bastía, se metió con una cuestión política no judiciable. “En esta cuestión en la que la Legislatura actúa como juez ningún otro juez puede intervenir”, dice Bastía, para señalar que la Comisión de Acuerdos tiene legitimidad de actuación fundada en una ley reciente, la 14.016, que lo habilita a juzgar a Sain.
Para el diputado Bastia que Perotti le haya encargado cumplir la sentencia judicial que pide archivar el procedimiento contra Sain a la Legislatura es un absurdo. “Ni a él ni al Poder Ejecutivo les afecta de modo alguno la sentencia, ni podrían comprometerse a cumplirla, ya que la tramitación de expedientes es potestad de la misma Comisión y de la Legislatura, con lo cual malamente podría cumplirse una sentencia de ese objeto”.
Lo que afirman es que el gobernador no tiene poder para cerrar el sumario. Y que en el decreto con el que Perotti ordenó allanarse a Weder se compromete a hacer algo que no puede hacer. No tiene poder de hacer cumplir tal cosa porque no puede ordenarle nada a la Legislatura.
Y Bastía dice que eso hizo: Weder “envía una cédula que recibió en Fiscalía para que la Legislatura tome conocimiento, y adjunta la sentencia de estos autos. Es decir: el Fiscal de Estado es notificado, y nos pide que cumplamos algo que el gobernador decidió”.
Para el legislador con ese acto se admite que el Fiscal de Estado no pidió instrucciones, y sin embargo necesita que las demos para poder cumplir la sentencia, que es interrumpir el proceso a Sain.
El fiscal de Estado no es un representante del Poder Ejecutivo, indica el escrito, sino de la provincia toda. Bastía le dice a la jueza que “aceptar que el Fiscal de Estado presente un allanamiento del Gobernador, para después enviar una orden al órgano legislativo, implica un absoluto desconocimiento procedimental y una vulneración clara del debido proceso adjetivo: falta coincidencia entre los sujetos que debaten y los que resultan obligados por la sentencia”.
Además remarca que el fiscal de Estado “debería haberse apartado teniendo en cuenta la relación personal que lo une” a Sain, “con quien compartieron gabinete hasta hace pocos meses, y a quién debería haber supervisado”.
Le atribuye también a la jueza haber emitido una sentencia claramente incongruente, inmotivada e irrazonable. Afirma que le dieron a Sain una cosa distinta de lo que él pedía. En su amparo Sain solicitaba que se declare inconstitucional la ley 14.016 con la que la Legislatura se daría el proceso disciplinario en su contra, sancionada poco antes, y que la Comisión de Acuerdos se abstuviera de tomar medidas. El gobernador decretó que el Fiscal de Estado debía allanarse a la acción de amparo. Pero el fiscal de Estado dice que se deje sin efecto el procedimiento disciplinario y se archive como causa. La jueza falló en tal sentido. Para Bastía es una ruptura del principio de coherencia de una sentencia.
También dice que si la sentencia judicial fuera convalidada a cualquiera le bastaría con elevar un amparo para sustituir el lugar de la Legislatura cuando al gobernador no le guste lo que ésta haga. “Pliegos? Amparo. Incorporación de legisladores electos? Amparo. Juicio Político? Amparo. Presupuesto? Amparo”, indica el escrito patrocinado por Rondina.
Un fuerte reproche a Perotti es que “decreta sin conocer el expediente legislativo sobre el cual avanza, sin haberlo visto ni haberlo pedido”.
Asimismo, citan que en un libro “el hoy Fiscal de Estado Rubén Weder cuando no era Fiscal de Estado sino un doctrinario del buen derecho administrativo” sostuvo, “que no se puede allanar la provincia a través del gobernador si el acto fue emitido por el Poder Legislativo”.
“Si el mecanismo del amparo y allanamiento del Gobernador respecto a decisiones exclusivas de la Legislatura fuese convalidado, el Gobernador podría fácilmente burlar todas las decisiones legislativas, controlando en sus manos la suma del poder público”, dice Bastía.
Un punto que le discute el Poder Ejecutivo es que la Legislatura no tiene legitimación como parte para apelar la decisión de la jueza. El diputado en base al asesoramiento de Rondina sostiene que sí la tiene. Un planteo aceptado en el Derecho Constitucional hasta los últimos 20 años que el Estado es uno solo y lo representa el Ejecutivo. Se pensaba que en juicio siempre estaba el Ejecutivo porque no está la posibilidad se enfrenten Ejecutivo y Legislatura. Pero esta teoría se empezó a resquebrajar porque el Legislativo y Ejecutivo se enfrentan. Pasó por ejemplo cuando Evaristo Giordano Monti quiso mantener su banca de concejal. O en un precedente llamado Robustelli II.
