En Santa Fe hay 69 ciudadanos que no pueden ser ni siquiera investigados por la Justicia. Son los diputados y senadores provinciales, que tienen tres tipos de fueros (o inmunidades): los de opinión o expresión, los de proceso y los de arresto. Esto no permite que sean investigados ni encarcelados, a menos que se los encuentre cometiendo un hecho delictivo, es decir, en flagrancia. En otras palabras: si hay sospechas sobre un delito cometido por alguno de ellos, no pueden ser ni siquiera imputados frente a un juez debido a este “privilegio” que les da “inmunidad”.
“Para hablar de fueros, y entenderlos, necesitamos saber cómo surgieron. Antes había un rey todopoderoso que hacía lo que quería y, en la creación de los primeros parlamentos, había que darles protección a quienes eran miembros”, explicó Leandro Batalla, abogado y docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Y aclaró que, “por eso hay, un sentido de funcionamiento de las instituciones legislativas en las que los fueros se constituyen en privilegios que tienen una razón de ser”.
“Un fuero no debe ser una mala palabra en sí porque trata de mantener inmune al Legislativo frente a posibles avasallamientos que podrían realizar los otros poderes, el Ejecutivo y Judicial”, señaló.
Los tres tipos de fueros se implementaron en un momento en el que había un poder más concentrado en el gobernador, o en una figura máxima, y les daban protección a los legisladores para poder realizar sus tareas. Hoy, el objetivo sigue siendo garantizar los mecanismos necesarios para que la democracia y la división de poderes funcionen correctamente, pero algunas de esas inmunidades ya no son tan necesarias y su continuidad es muy cuestionada, sobre todo la del fuero de proceso, que persiste en Santa Fe a diferencia de lo que ocurre en gran parte de la Argentina.
Inmunidad de expresión
La inmunidad o fuero de expresión permite que un legislador pueda expresarse libremente sabiéndose protegido. “Un legislador debe ser protegido para poder decir lo que desee en el recinto”, explicó Franco Gatti, abogado asesor en la redacción de la ley de necesidad de reforma y actual director de Innovación Normativa de la provincia. Eso les permite expresarse sin que nadie los condicione en sus votos o discursos.
“Esta inmunidad de opinión en cumplimiento de su función parlamentaria le otorga al legislador la posibilidad de no ser arrestado, demandado ni enjuiciado por lo que dice, salvo que sea una calificación contra determinados funcionarios que no tengan sustento político alguno”, detalló Ricardo Terrile, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la UNR. Y aclaró que “una cosa es criticar una acción de gobierno y otra cosa es insultar a alguien”.
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El 14 de julio debutará la Convención que modificará la Constitución provincial.
Foto: Archivo / La Capital.
Para Batalla, esta herramienta privilegia aún más la función de investigación que tiene la norma: “Los legisladores no están solo para hacer leyes sino que también tienen funciones de investigar, controlar y denunciar a los poderosos”.
Es muy probable que este tipo de inmunidad no sea eliminada de la Constitución provincial. “La Corte le dio a esta inmunidad un carácter absoluto, por eso la ley de reforma no busca eliminarlo sino que se precise el alcance”, añadió Nini.
Inmunidad de arresto
La inmunidad de arresto impide que los diputados y senadores sean detenidos, a menos que sean atrapados cometiendo un delito o que exista una autorización de la Cámara a la que pertenecen que levante el fuero del legislador en cuestión.
“No se los puede privar de la libertad y la razón de ser de esta inmunidad es clara: protegerlos frente a determinados mecanismos que no les permiten cumplir su trabajo, por ejemplo, que se les arme una causa, los detengan y no puedan ir a votar algún proyecto”, ejemplificó Gatti.
“Para dar la autonomía y evitar presiones o ‘presos políticos’, se creó la inmunidad de detención y hace que la persona investigada permanezca en libertad hasta tanto la Cámara lo desafuere”, destacó Batalla.
En la reforma constitucional santafesina tampoco se buscará eliminar este fuero sino, por el contrario, precisar o especificar su alcance.
Inmunidad de proceso
La inmunidad de proceso es algo que aún existe en Santa Fe, pero no es un fuero que tengan los legisladores nacionales. De hecho, es la inmunidad que varios sectores políticos expresaron que desen eliminar a través de la reforma constitucional.
“Es una inmunidad que permite que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que haya personas que puedan ser investigadas y otras a las cuales ni siquiera se les puede abrir un expediente penal de investigación”, advirtió Nini.
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“Eso vulnera fuertemente el principio de igualdad ante la ley y va contra los parámetros constitucionales nacionales, la ley nacional de fueros y tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional”, enfatizó.
Es, en palabras simples, un privilegio que actualmente no encuentra justificación normativa. “Este mecanismo funciona como un tapón para la obtención de pruebas, porque la verdad es que como ciudadanos queremos saber si esa persona que nos representa es o no culpable de los delitos por los que se la acusa, queremos que se investigue, que se discuta, que un juez determine si es culpable o no, y que la Cámara la remueva si es necesario”, expresó Batalla.
Desafuero
Actualmente, con dos tercios de los votos de la Cámara a la que pertenece, se puede quitar el fuero de un legislador, y éste inmediatamente pasa a ser un ciudadano que puede ser investigado penalmente.
De llegar el momento del arresto, si el proceso penal así lo requiere, también se necesita la autorización de la Cámara. Con los cambios que a introducir por Constitución en Santa Fe, no se requerirá esa habilitación para que un legislador sea investigado, pero sí para arrestarlo.
Hace cinco años, en Santa Fe se intentó investigar al senador Armando Traferri por vínculos con el juego ilegal. Para ello, se dictó una primera sentencia para que se aplicara el fuero de proceso, luego en una segunda instancia se ordenó levantar el fuero para poder investigar al legislador.
Sin embargo, la Corte Suprema de Santa Fe definió que la inmunidad de proceso es legítima y podía aplicarse al senador. Actualmente, la Corte nacional analiza la situación, pero en 2023, luego de una elección y de una investigación contra el fiscal que lo acusaba, el propio Traferri pidió que se le quiten los fueros y se presentó ante la Justicia.
“No puede quedar sujeto a la mala o buena voluntad de un legislador, porque estamos hablando de una violación al principio de igualdad ante la ley. Si la Constitución provincial otorga un privilegio a un legislador frente a la ciudadanía, tiene que tener una justificación”, sostuvo Nini.
Posibilidad de renuncia
Muchos candidatos y legisladores hablaron sobre la posibilidad de renunciar a sus fueros legislativos. Al respecto, Gatti indicó: “Al transformarse solamente en una inmunidad de arresto, con la posibilidad de investigar y condenar a una persona, no veo la necesidad de una dimisión”.
En esa línea, Batalla indicó que “si continuáramos con esta Constitución y con el fuero de proceso, es discutible la posibilidad de renunciar, pero al modificarle este fuero, la discusión está dividida”.
Y agregó que “hay muchos que entienden que no es una inmunidad individual ni personal sino que es para un cuerpo legislativo, por lo que no habría imposibilidad de renunciar ya que lo debe decidir un conjunto”.
